Espartano27
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Pese a que sólo uno de los cinco sospechosos tiene empleo conocido, se movían con dos Porsche Cayenne y controlaban tres inmuebles
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Uno de los vehículos incautados en el operativo, estacionado en el parking de la comisaría de Portal de Foronda. (Ertzaintza)
Un Porsche Cayenne concitó muchas miradas en el cierre del último Ramadán, celebrado como es habitual en el parking del Buesa Arena. Su conductor se supo escrutado y, por sus gestos, se le vio encantado con tanta atención aquella mañana del pasado 20 de marzo. El viernes, siete meses después, ese hombre de 44 años fue el quinto detenido en un operativo desarrollado por ertzainas de la comisaría de Portal de Foronda contra el tráfico de drojas. Tras 18 meses de investigaciones salía a la superficie una «organización incivil» con un recorrido estimado en Vitoria «desde 2014».
Presuntamente controlaban un narcopiso en el barrio de Coronación al que, según los vecinos, «subía una media de 15-20 personas a diario». Vendían sustancia ilegal y otros estupefacientes. Parte de la mercancía y de las ganancias se guardaba en otro domicilio del Casco Viejo, donde se hallaron 8.640 euros. Se estima que «se llevaban limpios unos 20.000 euros al mes».
El conductor del vehículo de alta gama visto en el coliseo baskonista es uno de los presuntos cerebros de ese grupo. Hasta el viernes no figuraba en ninguna base de datos policial. Y lo más relevante, carece de empleo conocido. Lo mismo sucede con los otros dos cabecillas, que son sus hermanos y tienen 57 y 50 años. Mientras que del par de mujeres detenidas, sólo una cotiza por una profesión legal. Sin embargo se movían en dos Porsche Cayenne –ambos requisados– y en un Golf GTD nuevo –que aún se busca–, al tiempo que controlaban un mínimo de tres propiedades en la capital alavesa.
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Dinero, móviles, droja y una pistola de fogueo incautados a esta mafia. (Ertzaintza)
Debido a esa supuesta vulnerabilidad, los cinco intentaron en diferentes momentos acceder a las ayudas sociales de Lanbide, la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV). Tres lo consiguieron y a dos les denegaron sus solicitudes.
En el caso del conductor del Cayenne fue perceptor «entre mayo de 2014 y julio de 2019», según la investigación acometida por la Ertzaintza. En aquel tiempo, en el que se sospecha que «ya participaba en el tráfico de drojas», se embolsó un global de 56.102,28 euros. De ellos, 40.218,95 euros correspondieron a la RGI y los restantes 15.883,33 vinieron por la prestación por el alquiler. El año pasado tuvo que devolver 2.058,13 euros por cobrar de más.
Todavía quedan dos integrantes de esta banda al frente del «mayor narcopiso de Vitoria» en el sistema vasco de protección social. Uno, de 57 años, empezó a ingresar este subsidio vasco en «mayo de 2012», al poco de instalarse en Álava. Dos años después ya apareció en varias investigaciones policiales relacionadas con el menudeo de drojas pero que quedaron en nada.
«Van a seguir cobrando»
Desde entonces, salvo por un intervalo de seis meses, ha compaginado cada mes la RGI con la ayuda al alquiler. Por la primera ayuda acumula 94.660,22 euros, mientras que la segunda se ha traducido en otros 17.615,82. En total, a 30 de septiembre, su expediente en Lanbide ascendía a 112.276,04 euros. Entre ambos superan los 168.000 euros.Otra involucrada, ésta de 42 años, forma parte desde tiempo de una unidad de convivencia. Es decir, un familiar cobra mensualmente y ella –en teoría– se beneficia de forma secundaria de ese dinero. «Y todo apunta a que van a seguir cobrando», lamentan fuentes policiales. La normativa del Gobierno vasco limita la retirada de estas prestaciones a una entrada en prisión provisional, una condena de cárcel, un arresto por algún embeleco relacionado con falsificar documentos u ocultar ingresos o propiedades.
Los cinco quedaron en libertad con cargos el sábado. Les retiraron los pasaportes y deberán presentarse de manera periódica en el juzgado. Les representó un abogado «de pago llegado de Bilbao». En los registros apenas se halló droja –50 gramos de sustancia ilegal– y 8.640 euros. Por eso, en la Ertzaintza sospechan que el dinero que ganan «va a su país, donde tendrían más inmuebles».