La baliza V16 vuelve al Congreso: sobre la mesa su desaparición y el regreso de los triángulos

La baliza V16 vuelve al Congreso: Vox pide derogar su obligatoriedad​

La obligación de llevar la baliza V16 conectada a la DGT, en vigor desde el 1 de enero, ha durado menos que un caramelo en la puerta de un colegio. Vox ha presentado una enmienda a la ley del PSOE sobre sanciones por aparcar en plazas reservadas a personas con discapacidad que propone eliminar la obligatoriedad del dispositivo y recuperar los triángulos. La propuesta no borra la baliza del mapa: la deja como uso voluntario, eso sí, sin conexión con la Dirección General de Tráfico. En caso de emergencia, el triángulo vuelve a ser obligatorio. El texto llega al Congreso después de que el incremento de siniestralidad registrado en Semana Santa sirviera, según el artículo de El Debate que abre el asunto, para demostrar que la baliza no reduce los accidentes.

Quién ha comprado la baliza V16 y quién se ha quedado fuera​

El dato que resume el fiasco es sencillo: solo uno de cada dos conductores habría comprado la baliza. La venta se frenó en seco en enero, según los propios fabricantes, que hace unos días se pusieron de acuerdo para señalar los errores de implantación. La oposición al accesorio ha sido transversal: conductores que sostienen que no se ve lo suficiente durante el día, la asociación AUGC de la Guardia Civil, que mostró su rechazo tajante, y hasta los bomberos, que la habrían criticado en su momento. El argumento técnico se repite: de día, una luz que se ve después que el coche no vale para nada.

Hay quien añade un matiz económico al desastre. El dinero ya está gastado. Las balizas compradas no se van a devolver y el pelotazo, sostienen, ya lo han dado quienes las fabricaron y distribuyeron. La pregunta que sobrevuela es si habrá que comprar también triángulos nuevos, porque los que se tiraron a la basura cuando llegó la obligación quizá ya no valgan. La broma recurrente es que serán «triángulos 5.0 homologados».

El Congreso, Marlaska y los informes que no aparecen​

En paralelo a la enmienda de Vox, el asunto ha saltado al Senado. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, evitó responder a la senadora del PP María Jesús Bonilla sobre los informes técnicos que avalarían la eficacia de la baliza. La pregunta era concreta: dónde están esos informes. La respuesta, según el material disponible, fue escurrir el bulto. Ese silencio alimenta la tesis de que la obligatoriedad se aprobó sin la documentación que la respaldara.

El uso de la baliza está ya en los tribunales por defectos en su aprobación, y la enmienda de Vox podría derogar su utilización. La secuencia es llamativa: primero se obliga, después se vende, y ahora se discute si todo aquello tenía base legal. Quien compró el dispositivo por miedo a la multa se encuentra con que el objeto de su gasto puede quedar en nada.

El relato de la resistencia y el relato de la estafa​

En el fondo del asunto late una discusión más vieja: la de quién se pliega a las instrucciones oficiales y quién no. Una parte del análisis sostiene que entre los vacunados y los que compraron la baliza ya están identificados los más dóciles de la sociedad. Otra corriente responde que resistirse a todo por sistema no es virtud, sino otra forma de no pensar. El paralelismo con la vacunación aparece una y otra vez, y también el recuerdo de otros episodios de compra forzosa, como el apagón analógico.

La anécdota más repetida es la del conductor que, de día, vio un coche parado en el arcén y pensó que le iban a multar por no poner la baliza. Al acercarse comprobó que sí la tenía colocada y encendida. No se veía. Ese detalle, contado por quien lo vivió, vale más que cualquier informe.

Qué pasa con el dinero y con los triángulos​

La enmienda de Vox no elimina la baliza, la desactiva como obligación. Si sale adelante, el conductor podrá seguir usándola si quiere, pero sin conexión a la DGT y con el triángulo como elemento obligatorio en caso de emergencia. La duda práctica es qué pasa con los triángulos que se tiraron. Y la duda política es si alguien va a devolver el dinero. La respuesta que circula es que la baliza se compró de manera voluntaria y que nunca fue obligatoria. El mismo argumento que se usó con las vacunas.

Con estos mimbres, lo previsible es que la baliza acabe como tantos otros objetos de obligación efímera: en un cajón, junto al triángulo que nunca debió salir del maletero. Pero conviene no apostar fuerte. En este país, las derogaciones anunciadas a veces se quedan en el anuncio.