Solidario García
Madmaxista
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Estudiantes de Derecho de la Universidad Complutense han elaborado un informe de 35 páginas que concluye que la actuación policial del 14 de octubre en el campus madrileño incurrió en "gravísimas irregularidades", desde la entrada al recinto hasta golpes en zonas antirreglamentarias. La Delegación del Gobierno asegura que sigue investigando.
Estudiantes de Derecho de la Universidad Complutense han elaborado un informe de 35 páginas que concluye que la actuación policial del 14 de octubre en el campus madrileño incurrió en "gravísimas irregularidades", desde la entrada al recinto hasta golpes en zonas antirreglamentarias. La Delegación del Gobierno asegura que sigue investigando.
Un grupo de estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid ha revisado vídeos, partes de lesiones y material fotográfico para armar un documento de 35 páginas sobre lo ocurrido el 14 de octubre, primera jornada de la huelga educativa. Su conclusión es dura: hubo "gravísimas irregularidades" en toda la actuación policial, desde la entrada al recinto hasta los golpes. El balance de aquella mañana fueron cuatro heridos diagnosticados y cinco detenidos en la plaza de Ciencias del campus madrileño. El informe, al que ha tenido acceso EL PAÍS, será remitido a los ministerios de Interior y Trabajo, a la Delegación del Gobierno y al Rectorado.
El primer reproche jurídico no es la fuerza empleada, sino el acceso. Los autores consideran que los agentes entraron de manera ilegal en dependencias universitarias, "dada la falta de motivación para vulnerar la inviolabilidad y autonomía universitarias". Esa garantía está recogida en la Ley Orgánica del Sistema Universitario de 2023. Según el documento, la policía actuó de forma "unilateral sin habilitación legal", es decir, sin orden judicial ni petición formal del Rectorado para entrar al paraninfo.
El relato que reconstruye el informe comienza a las ocho y media de la mañana. Un piquete informativo salió de la Facultad de Ciencias de la Información en una jornada de huelga legalmente convocada. De camino a Ciencias Matemáticas paralizaron el tráfico y tres ciudadanos alertaron por teléfono de que personas con bengalas y embozadas impedían circular. El corte de calle, según el colectivo, duró muy poco.
Después pusieron rumbo a Ciencias Químicas entre cánticos. En ese momento, el discreto dispositivo policial se multiplicó hasta llegar a los 11 furgones. "Penetraron en el campus y desplegaron dos cordones de bloqueo que envolvieron al piquete por delante y por detrás", describe el texto. Los agentes irrumpieron a la carrera, con cascos de protección, defensas empuñadas y armas reglamentarias de dispersión y fogueo en mano. Tradicionalmente, en las huelgas universitarias los antidisturbios no portan equipos de choque si la situación es pacífica, y el jefe del operativo dialoga con los convocantes.
Los concentrados fueron acorralados y se les prohibió el paso mientras esperaban instrucciones pactadas entre el Rectorado y la Delegación del Gobierno. Se les dejó proseguir por una esquina de la Plaza de las Ciencias y ahí se desató la trifulca. Según los testimonios de quienes sujetaban la pancarta, un agente se interpuso bruscamente en la trayectoria de la cabecera y provocó un choque involuntario. Acto seguido, y sin agresión previa, un funcionario empujó violentamente a un estudiante; al recriminarle los presentes, otro agente arremetió contra el flanco derecho de la pancarta.
Los 21 vídeos aportados muestran a la policía golpeando con las porras, a través de la pancarta, hacia el torso y las piernas de los manifestantes. En un momento se ve a una estudiante en primera línea cubriéndose la cabeza con los brazos. "Posiblemente en esta carga es cuando se produce la rotura de cúbito que ha denunciado la manifestante", concluyen los juristas. En ningún momento, recuerdan, se produjo lanzamiento de objetos.
Terminada esa primera carga, los concentrados pidieron explicaciones. Algunos agentes no llevaban visible su número de identificación, según el informe. El piquete fue conducido a las inmediaciones de Ciencias Físicas, donde se produjo una segunda carga descrita como "de extrema violencia y de manera enteramente sorpresiva". Se reactivó cuando un agente se detuvo en seco y una alumna rozó levemente con él; el policía le propinó un fuerte empujón. La policía retiró la pancarta y varios manifestantes acabaron en el suelo. Se oye la detonación de un arma y a una alumna gritando que no puede andar mientras los agentes la arrastran varios metros.
El informe subraya la "gratuidad y vulneración" de los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad. No hubo advertencias conminatorias previas antes del uso de las defensas, y los golpes se dirigieron a zonas antirreglamentarias: cabeza, torso superior, personas caídas o acorraladas. Los autores añaden que hubo detenciones e identificaciones ilegales por grabar, infringiendo la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana.
Sobre el derecho de reunión, los juristas sostienen que en recintos universitarios cerrados no es necesario comunicar una huelga a la Delegación del Gobierno, conforme al artículo que recoge la Constitución. Tampoco cabía, a su juicio, la disolución forzosa del piquete informativo porque no se cumplían los requisitos legales. De todo ello deducen posibles delitos de lesiones, contra el ejercicio de los derechos cívicos y fundamentales, contra la integridad moral, trato degradante y responsabilidad de la cadena de mando.
La Delegación del Gobierno en Madrid pidió al jefe superior de Policía una investigación "urgente" horas después de lo ocurrido. Las cargas fueron criticadas por los partidos del Gobierno y por el rector Joaquín Goyache, y respaldadas por el Gobierno madrileño. Por ahora se desconoce el resultado de las pesquisas. Los sindicatos convocantes van a promover una demanda por vulneración de derechos fundamentales, y los cuatro heridos con parte médico estudian si denunciar por la vía penal. No descartan presentar una queja ante el Defensor del Pueblo a través del mecanismo nacional de prevención de la tortura.
No han sido las únicas escenas violentas de esas jornadas. Los antidisturbios volvieron a cargar contra profesores de colegio e instituto que impedían la salida de la presidenta Isabel Díaz Ayuso de un acto. La Delegación del Gobierno aseguró que ha abierto otra investigación. Conviene recordar que un informe elaborado por una parte interesada no equivale a una resolución judicial: la calificación de los hechos corresponde a los tribunales.
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Tranquilo, la familia de solidario no tiene la culpa de que su descendiente tenga otras ideas políticas.(mensaje citado en revisión)