Jupol cifra en 12.000 euros la escolta de Sarah Santaolalla: cuatro policías para una activista sin cargo público
Interior movilizó a cuatro funcionarios policiales en exclusiva para proteger a la activista Sarah Santaolalla, según una información de ABC del pasado marzo. El sindicato Jupol calcula que el coste del dispositivo asciende a 12.000 euros, una cifra que ha reabierto el debate sobre el uso de recursos públicos en protecciones discrecionales.
¿Protección justificada o privilegio discrecional?
Los datos del juzgado no respaldaban la medida: según consta en el auto, no existían medidas cautelares de ningún tipo, al no apreciarse riesgo concreto. La activista, que no ostenta cargo público oficial, recibió sin embargo una escolta de cuatro agentes. Quienes defienden la decisión apuntan a amenazas de bandas ultraderechistas en Madrid; los críticos subrayan que la falta de informe de riesgo y la opacidad en la asignación convierten el gasto en un privilegio injustificable con dinero de todos.
12.000 euros que no cuadran con la amenaza declarada
El sindicato Jupol ha hecho públicos los números: cuatro funcionarios a jornada exclusiva suman 12.000 euros. La cifra contrasta con la ausencia de protección similar para cientos de cargos electos del PP que, según algunos análisis en la discusión, son blanco habitual de la misma activista. La polémica escaló hasta que, según una publicación posterior de El Debate, el Ministerio del Interior retiró la escolta ante el aluvión de quejas, y el entonces ministro Marlaska ocultó el gasto invocando una ley de secretos oficiales de origen franquista.
La pregunta que queda en el aire es quién decide, con qué criterios y con qué control se asignan estos recursos. Sin transparencia, cualquier protección especial corre el riesgo de ser percibida como favor político.
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