Julito, lo importante siempre el PITO. Por 350 euros al mes solo quería que se lo absorberan....

Julio Iglesias: 350 euros al mes y una foto para elegir empleadas​

El caso vuelve por donde empezó: dos extrabajadoras dominicanas describen un proceso de selección en el que, según su testimonio, el cantante no miraba el currículum. Miraba la foto. «Él simplemente miraba una foto y decía 'esta me gusta'», relata una de las denunciantes en el medio digital que recoge las acusaciones. El sueldo ofertado para una villa en Punta Cana: 25.000 pesos dominicanos, unos 350 euros al mes, con dormida interna y una franja de edad de 25 a 35 años.

Las jóvenes llegaban por anuncios publicados en cuentas de Instagram con nombres como 'trabajo RD' o 'empleo RD'. El relato, difundido por El Correo, ha reabierto una conversación que en España se libra siempre en dos planos: el de los hechos —no probados— y el de la sospecha de que el escándalo sirve para tapar otra cosa.

Qué se sabe del caso y qué no​

Lo que hay sobre la mesa son testimonios. Dos extrabajadoras han presentado una denuncia por presuntas agresiones sexuales, y a ellas se ha sumado el nombre de Vaitiare Hirshon, actriz y modelo tahitiana, que ya narró en sus memorias episodios de supuesta coerción y consumo de drogas. Hirshon, primera mujer que denunció públicamente los abusos, ha declarado ante las nuevas acusaciones que «no es el Julio que yo he conocido».

Nada de eso es una condena. Ni siquiera una imputación formal conocida. Es el material con el que trabaja una conversación pública que, en España, tiende a resolverse antes en los comentarios que en los tribunales. Y ahí está el primer problema: la presunción de inocencia no es un adorno procesal, es la regla. Quien acusa debe probar. Quien es acusado no tiene que demostrar nada.

El precio como metáfora: 350 euros y una villa en Punta Cana​

Hay un detalle que ha funcionado como detonante de casi todo lo demás: la cifra. 350 euros al mes por un trabajo interno en una villa de lujo. Para el estándar dominicano, el debate sobre si es mucho o poco se ha resuelto en el propio material con una afirmación que circula: que pagaba el triple que en cualquier otra casa de la zona. Para el estándar europeo, la cifra suena a miseria.

Ese diferencial es el que ha permitido construir dos relatos opuestos. Uno sostiene que el cantante montó un harén low cost, en palabras que resumen bien el tono de la conversación, y que la mezquindad del millonario es el verdadero escándalo. Otro responde que si el sueldo era competitivo en el mercado local, la acusación se sostiene sobre algo distinto: no el precio, sino el consentimiento. Y el consentimiento, en un contrato con dormida interna y selección por foto, es exactamente lo que no está claro.

La estrategia de la cortina de humo​

Una parte relevante de la conversación no discute los hechos. Discute el calendario. La tesis que más se repite es que el caso aparece en un momento de desgaste del Gobierno y que su función es desviar la atención de otros asuntos. «Menuda cortina de humo», resume una intervención que ha hecho fortuna. Otra variante apunta a una supuesta estrategia coordinada: sacar casos antiguos para enterrar los recientes.

Es una hipótesis, no un dato. Y conviene tratarla como lo que es: una sospecha que se repite sin prueba, igual que las acusaciones que dice combatir. Lo interesante, periodísticamente, es que ambas partes usan el mismo argumento —«no hay pruebas»— para defender posiciones opuestas.

El doble rasero que nadie se molesta en esconder​

El contraste más citado es el de Rubiales. Un beso no consentido desató un terremoto institucional. Aquí, con acusaciones de agresiones sexuales y selección de personal por criterios físicos, la reacción pública es mucho más tibia. Hay quien lo atribuye a la edad del acusado, quien a su condición de mito nacional, y quien simplemente a que el caso ocurre fuera de España.

La comparación tiene un límite evidente: uno de los dos episodios ocurrió en directo, ante millones de personas, con la víctima identificada y el agresor en el cargo. El otro depende de testimonios de hace años, en otro país y sin resolución judicial. Aun así, la asimetría en el volumen de la indignación es un dato sociológico en sí mismo.

Quién paga cuando el caso se apaga​

El asunto tiene una derivada económica que casi nadie discute: el coste reputacional. Julio Iglesias es una marca. Su catálogo, sus derechos, sus giras y su patrimonio dependen de una imagen construida durante seis décadas. Un caso así no se resuelve en un juzgado; se resuelve en el mercado.

Y luego está la otra factura, la que no se contabiliza: la de las denunciantes. Si el caso se archiva, quedan señaladas. Si prospera, quedan señaladas igual. Es el peaje habitual de estos procedimientos, y explica por qué muchas mujeres no denuncian. No por miedo al agresor, sino por miedo al proceso.

¿Cuánto tarda una sociedad en decidir si un mito puede ser también un acusado? Depende de si el mito canta bien.