Cuenta cuento
Madmaxista
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El problema es que la Administración podría interpretar la situación de una manera bastante distinta. Si una persona utiliza una construcción en suelo rústico como vivienda sin cumplir los requisitos urbanísticos exigibles, la cuestión no desaparece porque tenga seguidores ni porque se grabe haciendo vídeos sobre su vida alternativa. En Galicia, la legalidad de vivir en una finca rústica depende de la clasificación del suelo, de la situación de la edificación, del uso permitido y de las autorizaciones que correspondan. La existencia de una actividad ganadera tampoco convierte automáticamente cualquier construcción en vivienda legal: una cosa es desarrollar una actividad agropecuaria y otra, muy distinta, tener autorización para residir en una edificación. Son cuestiones que hay que comprobar por separado.
Y precisamente ahí está el problema de su planteamiento. Si su idea es que basta con estar en el campo, tener una parcela y declararse autosuficiente para hacer lo que le dé la gana, está ignorando que el territorio tiene una ordenación y que los usos del suelo están sujetos a reglas. No se puede dar por hecho que una finca necesita necesariamente una actividad ganadera para poder residir en ella en todos los supuestos, pero tampoco se puede asumir que cualquier terreno rústico permite instalarse a vivir sin más. Lo determinante es qué uso está autorizado y qué situación legal tiene la construcción concreta.
Lo verdaderamente llamativo es que Estrella parece confiar en que su exposición pública la haga intocable. Como si la Administración fuese a pensar: «Cuidado, que esta persona tiene un canal de YouTube; mejor no toquemos nada, que nos monta un escándalo». Pero ¿por qué iba a funcionar así? Si existen indicios de una infracción, cualquier persona puede ponerlos en conocimiento del organismo competente y este podrá valorar si procede comprobar los hechos. Un arquitecto, un técnico de urbanismo, un vecino o cualquier ciudadano que conozca la normativa podría interesarse por el caso. No hace falta imaginar una conspiración ni un funcionario buscando venganza. Basta con que alguien plantee una cuestión concreta que merezca ser examinada.
Y cuanto más se expone, más detalles de su proyecto quedan a la vista. Las construcciones, las obras, el uso que hace de ellas, las instalaciones y las actividades que desarrolla pueden suscitar preguntas sobre su situación administrativa. Eso no demuestra por sí solo que haya una infracción, pero desde luego tampoco la protege. Internet puede darte visibilidad, seguidores e ingresos; no te concede inmunidad urbanística.
Lo de afirmar que un agente forestal tiene más que perder que ella si aparece en su parcela es especialmente revelador. ¿De verdad cree que la Administración va a renunciar a sus competencias porque una persona pueda grabar una actuación y subirla a las redes? Los agentes tienen límites legales y no pueden entrar en cualquier espacio privado sin la habilitación correspondiente. Pero eso no significa que una parcela rústica sea un territorio soberano donde su propietaria decide qué normas se aplican. La propiedad privada no elimina las competencias de inspección ni convierte cualquier actuación administrativa en una intromisión ilegítima.
Y si la situación de la finca llegara a examinarse, las preguntas podrían afectar a distintos aspectos según las circunstancias: las construcciones, el uso residencial, las obras, el abastecimiento de agua, los pozos, el saneamiento y la tenencia de animales. Cada cuestión tendría que valorarse conforme a su propia normativa. Un pozo no queda automáticamente autorizado porque esté en tu terreno, del mismo modo que tener animales no legaliza por sí solo una vivienda. Si todo está en regla, estupendo; si no lo está, exponerlo ante la cámara no sustituye los permisos ni resuelve el expediente.
Lo más irónico es que Estrella parece imaginar que su caso podría provocar una reacción en cadena que obligase a liberar el suelo rústico, cuando también podría suceder lo contrario: que una eventual actuación administrativa convirtiera el asunto en un ejemplo público de la necesidad de controlar determinados usos del territorio. No sabemos si la Administración intervendrá ni cuál sería el resultado, pero pensar que la popularidad impedirá cualquier actuación es una apuesta bastante arriesgada.
Y mientras tanto, quienes quieren rehabilitar legalmente una vivienda rural tienen que estudiar la normativa, consultar a técnicos, averiguar qué usos se permiten y tramitar las autorizaciones correspondientes. No pueden limitarse a decir que el terreno es suyo y que nadie tiene derecho a preguntar nada. ¿Por qué iba a ser diferente para una youtuber?
La gran equivocación de Estrella es confundir la notoriedad con la impunidad. Si quiere cambiar la legislación urbanística, que defienda una reforma y explique qué normas considera injustas. Pero si cree que basta con grabarse viviendo en una finca para que la Administración no se atreva a comprobar su situación, quizá esté sobrevalorando el poder de su canal. La fama no legaliza una construcción, no autoriza automáticamente un uso residencial y tampoco convierte una parcela en una república independiente. Y si realmente está convencida de que nadie se atreverá a actuar contra ella, puede que esté construyendo su proyecto sobre una confianza que todavía tiene que demostrar que está justificada.