JAJAJA! La jueza acusa de organización criminal al novio de Ayuso y abre juicio oral contra él

La jueza abre juicio oral al novio de Ayuso por cuatro delitos​

La jueza Carmen Rodríguez Medel ha ordenado la apertura de juicio oral contra Alberto González Amador por cuatro delitos. Dos fraudes al fisco de más de 350.000 euros, un delito continuado contable y, la novedad que ha sacudido la conversación pública, un delito de pertenencia a organización criminal. La resolución añade a la petición inicial de condena alrededor de dos años más de prisión. El asunto salta de la esfera privada a la política porque el investigado es la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

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¿Qué delitos se le imputan al novio de Ayuso?​

El auto de la jueza sostiene que González Amador habría defraudado al fisco más de 350.000 euros en dos ejercicios, con un delito continuado contable de por medio. La acusación de pertenencia a organización criminal es la que más ruido genera: no se le atribuye un fraude aislado, sino una estructura organizada para cometerlo. La defensa y el entorno popular sostienen que no hay delito, que la fiscalía no ve base y que todo responde a una persecución política. La jueza, sin embargo, ha decidido que hay materia para sentar a González Amador en el banquillo.

Hay quien recuerda que el origen del patrimonio del investigado está en una comisión de dos millones de euros por la venta de mascarillas durante la pandemia. Ese pelotazo, unido a la relación sentimental con la presidenta madrileña, es lo que convierte el caso en un asunto de interés público. La pregunta que sobrevuela es si el fraude a Hacienda es un delito autónomo o si la organización criminal imputada implica a más personas.

¿Por qué se acusa de organización criminal y no solo de fraude?​

El delito de pertenencia a organización criminal exige algo más que defraudar: requiere un grupo estable, con reparto de funciones y vocación de permanencia. La jueza entiende que concurren indicios para imputarlo. Eso eleva el marco penal y, sobre todo, cambia el relato: ya no es un empresario que se equivocó con Hacienda, es alguien que presuntamente se organizó para hacerlo. La diferencia jurídica es sustancial y la política, más aún.

En el terreno de la opinión, la línea de defensa se apoya en que la fiscalía no aprecia delito en algunos de los hechos y en que el fiscal general del Estado habría vulnerado el derecho de defensa del investigado. Ese argumento, si prospera, podría anular parte del procedimiento. La acusación, por su parte, insiste en que el fraude está documentado y en que la organización criminal se sostiene sobre indicios sólidos.

El fiscal general y la posible nulidad del juicio​

Uno de los frentes abiertos es la actuación del fiscal general del Estado. Hay quien sostiene que vulneró el derecho de defensa de González Amador, lo que podría arrastrar la nulidad de actuaciones. Si eso ocurre, el juicio oral quedaría en el aire y el caso se diluiría en los tribunales. No es un escenario descartado: la defensa ya ha pedido la nulidad y hay resoluciones que apuntan en esa dirección.

Ese es el punto que más desconcierta. Un procedimiento que parecía encaminado a sentar al investigado en el banquillo puede desactivarse por un defecto procesal. La paradoja es que la misma jueza que ve organización criminal puede ver cómo su auto queda sin efecto por la actuación de la Fiscalía. El asunto, por tanto, no está cerrado ni mucho menos.

El impacto político para Ayuso y el PP de Madrid​

El caso salpica directamente a la presidenta madrileña. No está imputada, pero su relación con el investigado la coloca en el centro del foco. La oposición exige explicaciones y dimisiones; el PP madrileño sostiene que se trata de una persecución política y que no hay nada contra Ayuso. La presidenta, por ahora, mantiene su agenda y su discurso.

La pregunta que se hacen muchos es hasta qué punto el desgaste afecta a su liderazgo. Hay quien sostiene que el caso la fortalece entre los suyos, porque refuerza el relato de acoso. Otros creen que cada nueva resolución judicial erosiona su imagen. Lo que está claro es que el asunto ha dejado de ser un problema privado para convertirse en un problema político de primer orden.

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El auto de la jueza añade dos años más de prisión a la petición inicial. Si el juicio se celebra y hay condena, González Amador podría enfrentarse a una pena relevante. Si se anula, todo queda en nada. Entre tanto, la conversación pública sigue dividida entre quienes ven una persecución y quienes ven un caso de corrupción que salpica al PP madrileño. El dato que descoloca: la misma jueza que imputa organización criminal puede ver su auto anulado por un defecto procesal de la Fiscalía.