El novio de reaccionarioyuso al banquillo por embeleco fiscal, falsificación, delito contable continuado y pertenencia a organización criminal

El novio de Ayuso se sienta en el banquillo por fraude fiscal​

La jueza sustituta del juzgado 19 de instrucción de Madrid, Carmen Rodríguez Medel, ha dictado auto de apertura de juicio oral contra el empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, por dos delitos de fraude fiscal, falsificación en documento mercantil, delito contable continuado y pertenencia a organización criminal. El auto, adelantado por EL PAÍS, es el último paso procesal del juzgado de instrucción antes de que un juez de lo penal decida si lo condena. La Fiscalía y la Abogacía del Estado piden tres años y nueve meses de cárcel; PSOE y Más Madrid elevan la petición a cinco años.

Qué se le imputa y por cuánto dinero​

El origen del caso está en la inspección de Hacienda que arrancó en mayo de 2022 y concluyó que González Amador había defraudado al erario público 350.910 euros con la ayuda de 15 facturas falsas. La jueza ha asumido las peticiones de las acusaciones: dos delitos de fraude fiscal en concurso con uno de falsificación de documento mercantil. La Fiscalía y la Abogacía del Estado no incluyen ni el delito contable continuado ni la pertenencia a organización criminal, pero sí lo hacen PSOE y Más Madrid, personados como acusación popular.

Los dos partidos sostienen que González Amador y los cuatro empresarios que elaboraron las facturas consideradas falsas forman un grupo criminal. Citan jurisprudencia según la cual, a diferencia de la organización criminal —que exige continuidad temporal—, «el grupo criminal requiere solamente la unión de más de dos personas y la finalidad de cometer concertadamente delitos». En cuanto al delito contable, reconocen que la jurisprudencia lo ha subsumido en el de fraude fiscal, y explican que lo formulan por la limitación que les impuso la Audiencia para calificar por ese tipo.

Quién más se sienta en el banquillo​

El auto no envía solo al empresario. Junto a él se sentarán los cuatro supuestos colaboradores: el mexicano Maximiliano Niederer y tres sevillanos, David Herrera Lobato y los hermanos José Antonio y Agustín Carrillo Saborido. La instrucción la llevó durante un año y medio la jueza María Inmaculada Iglesias, que se jubiló voluntariamente en agosto. El auto lo firma la sustituta Carmen Rodríguez Medel, a la espera de que tome posesión el nuevo titular del juzgado, el magistrado Antonio Viejo.

González Amador fue procesado el 28 de agosto por dos presuntos delitos de fraude fiscal en concurso con otro de falsedad en documento mercantil. Recurrió el 1 de septiembre ante la Audiencia Provincial de Madrid alegando que sus derechos se han visto vulnerados durante la instrucción porque no se aceptaron pruebas que había solicitado. Ese recurso sigue pendiente y, si prospera, el juicio podría no celebrarse. Además, el empresario afronta otra investigación en el mismo juzgado por un presunto soborno a un directivo del grupo sanitario Quirón.

El negocio que pasó de técnico sanitario a proveedor de la sanidad madrileña​

El salto profesional del procesado es uno de los puntos que más se repiten al analizar el caso. Antes de ser empresario, González Amador trabajaba como técnico sanitario. A partir de 2020 empieza a facturar y en 2021, ya con el noviazgo con Díaz Ayuso siendo público, multiplica su volumen de negocio con el grupo Quirón. Hay quien subraya esa secuencia temporal como indicio de que el crecimiento no se explica solo por méritos propios; en contra pesa el argumento de que facturar más a un cliente grande no equivale a delito, y que la causa se centra en las facturas y los ejercicios fiscales, no en el origen de la cartera.

La defensa de la presidenta madrileña se apoya en la cronología: sostiene que los hechos investigados son anteriores a la relación y que ella no intervino en ningún procedimiento. La acusación popular replica que el noviazgo ya era público en mayo de 2021 y que los ejercicios fiscales investigados —2020, presentado en 2021, y 2021— coinciden con esa etapa.

La comparación con el caso de Begoña Gómez​

Buena parte del intercambio deriva hacia el caso que afecta a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. El argumento más repetido es que existe un doble rasero: se exige la dimisión o la explicación política por el entorno de Ayuso mientras se deja pasar lo que rodea a Pedro Sánchez. La respuesta desde el otro lado es que no son situaciones equivalentes: en un caso se investiga el uso de medios de La Moncloa y el tráfico de influencias, con posible implicación directa del entorno presidencial, y en el otro no consta que la presidenta madrileña haya intervenido ni se haya beneficiado.

El intercambio se enreda además con la lista de causas pendientes de uno y otro signo. Se citan condenas firmes de cargos del PP —entre ellas la del exvicepresidente de la Comunidad de Madrid Alfredo Prada, condenado a siete años, o la del expresidente murciano Pedro Antonio Sánchez— frente a los procedimientos que afectan a exdirigentes socialistas. La conclusión que saca cada bando es la contraria, y el recuento se convierte en un partido de tenis.

El calendario judicial que viene​

El auto de apertura de juicio oral no cierra nada: abre la puerta a que un juzgado de lo penal fije fecha. Antes tiene que resolverse el recurso ante la Audiencia Provincial. Si se estima, el banquillo se vacía. Si se desestima, el procedimiento avanza con la petición de penas ya sobre la mesa. En paralelo sigue viva la pieza por el presunto soborno al directivo de Quirón, que añade presión sobre el mismo imputado.

Queda por ver si la causa por organización criminal —la más grave de las que figuran en el auto— resiste el filtro del juez de lo penal. Es la que sostienen únicamente las acusaciones populares y la que la Fiscalía no ha querido asumir. Ahí es donde el caso puede crecer o desinflarse.