El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, ha calificado el escándalo del software Pegasus como un «delito contra el Estado» y ha acusado al anterior gobierno del PiS de espiar al gobierno polaco con este sistema, vendido por Israel supuestamente para perseguir delincuentes.
El software Pegasus, desarrollado por la empresa israelí NSO Group, fue vendido a Polonia con la supuesta finalidad de perseguir a delincuentes. Sin embargo, según ha denunciado el primer ministro polaco, Donald Tusk, Israel utilizó el programa para espiar al propio gobierno de Polonia. Tusk ha calificado el escándalo como un «delito contra el Estado» y ha acusado al anterior gobierno del partido PiS (Ley y Justicia) de haber permitido y utilizado este sistema de espionaje.
Qué es Pegasus y por qué se vendió a Polonia
Pegasus es un software de espionaje creado por la empresa israelí NSO Group. Se comercializa con la promesa de servir a las fuerzas de seguridad para infiltrarse en teléfonos de presuntos criminales y terroristas. Polonia adquirió esta herramienta bajo ese argumento: la lucha contra el crimen organizado. El problema es que, según las acusaciones, el sistema se usó también para vigilar a opositores políticos, fiscales y miembros del propio gobierno.
El alcance del espionaje: cientos de miles de datos
Los datos recabados afectan a cientos de miles de polacos. Entre los espiados figuran políticos, fiscales y opositores. La magnitud del caso ha llevado a Tusk a describirlo como el mayor escándalo desde la caída del comunismo en Polonia. La acusación señala directamente al gobierno anterior del PiS, que habría utilizado Pegasus para fines distintos a los declarados cuando se compró el software.
Un «delito contra el Estado» con consecuencias económicas
Calificar el espionaje como «delito contra el Estado» no es solo una frase política. Afecta a la confianza institucional y a la seguridad jurídica del país, dos factores que pesan en la inversión extranjera y en la prima de riesgo. Polonia, como miembro de la Unión Europea, queda además bajo escrutinio comunitario por el uso de un software de vigilancia masiva. La investigación sigue abierta y las responsabilidades penales, por ahora, no están determinadas.
