Irene Montero: "Los descendientes de padres y progenitora hombristas tienen derecho a una educación libre y feminista"

Montero reclama una educación feminista contra los padres «machistas»​

Irene Montero, ministra de Igualdad, sostuvo que «los hijos de padres y madre machistas tienen derecho a una educación libre y feminista». Con el Gobierno de coalición recién estrenado en 2020, la frase no se quedó en anécdota de pasillo: fue una declaración de principios sobre quién tiene la última palabra en la educación de un menor. La respuesta mayoritaria fue una sola. Alguien de fuera de casa va a decidir qué es educar bien.

El punto de partida de algunas réplicas fue más prosaico: el Ministerio de Igualdad se califica de insignificante y de menos importante del Ejecutivo, y esa supuesta irrelevancia se usa como prueba de que su presupuesto solo sirve para comprar relato. El aviso que acompaña: el dolor viene después.

Qué dice la frase de Montero y qué se lee entre líneas​

El enunciado tiene tres piezas encajadas. Primero, existe una categoría de progenitores —etiquetados como machistas— cuya capacidad educativa se cuestiona por definición, sin expediente ni sentencia. Segundo, el derecho a una educación «libre» lo define el propio ministerio, no la familia. Tercero, feminista deja de ser una opción pedagógica para convertirse en el contenido obligatorio de esa libertad.

De ahí sale la lectura que domina las respuestas: los hijos dejarían de estar bajo la tutela de sus padres para quedar bajo la del Estado, que además se reserva el criterio de lo que significa libres. En todo el material no aparece una norma concreta, ni un artículo, ni un real decreto. Hay una frase y su interpretación.

«Como si un ministro católico…»: la comparación con la educación religiosa​

La analogía que más se repite es de catecismo invertido: «Esto es como si un ministro católico dijera que los hijos de los padres ateos tienen derecho a una educación libre y cristiana.» El argumento de fondo cabe en una línea: un Estado neutral no impone una cosmovisión, y cuando la impone deja de ser neutral.

A partir de ahí el razonamiento se estira por dos caminos. El laico describe el feminismo institucional como religión civil con su catecismo propio: condena del amor romántico y de la familia tradicional, ideología de género, animalismo y veganismo, culpa del cambio climático atribuida al hombre occidental, desaparición de fronteras. El teológico es más corto: si una sociedad aparta a Dios, alguien ocupará su sitio, y ese alguien es la administración. Ninguna de las dos tesis se puede comprobar; ambas explican por qué la frase escuece tanto.

Varios mensajes añaden el eco histórico: se habla de un revival de lo que pasaron los niños de la posguerra, pero sin guerra de por medio.

Quién educa a los hijos: padres o administración​

El desacuerdo se vuelve práctico al repartir competencias. Una parte sostiene que la educación en valores es una elección de los padres y que no puede quedar «al albur del partido político que entre en el gobierno en cada momento».

El problema son los límites. Si el criterio de machista lo fija quien también organiza la educación, no hay contrapeso posible. Y ese es el reproche más repetido: unos padres que no quieren adoctrinamiento pasan a ser, precisamente por eso, la razón que lo justifica. Con esa lógica, la tutela familiar se convierte en una concesión revocable.

En la misma línea se lee el eufemismo de la educación de cero a tres años, interpretado como fórmula para separar al bebé de su madre y moldear su impronta antes de que nadie pueda discutirlo.

El coste político de la frase​

La declaración tuvo consecuencias en su propio terreno: un votante de Podemos anuncia que retira su apoyo tras escucharla. En el tramo final del hilo se recuerda que la ministra salió del Gobierno pero dejó cuatro años de leyes aprobadas como rastro.

En paralelo, el crecimiento de VOX se lee como termómetro del rechazo. Algunos mensajes lo presentan como parte de una reacción europea más amplia contra una agenda global, tesis que no aporta ninguna prueba y que se sostiene en el aire. Lo verificable es más modesto: la frase dio munición a quien ya estaba enfrente.

El clima de autocensura que describen las respuestas​

Un tramo del intercambio no discute la medida, sino el ambiente. Aparece el miedo a dar la propia opinión en la calle y en redes, y la constatación de que hay sitios —el trabajo, la conversación pública— donde decir según qué se paga caro. Ese temor, real o exagerado, es el mejor indicador de cómo ha calado el asunto: ya no se discute la frase, se discute si se puede discutir.

Lo que no dice la declaración​

Nadie cita el texto legal que desarrollaría el anuncio, ni el calendario, ni el presupuesto, ni qué asignatura, curso o profesorado impartiría esa educación. La frase queda como marco ideológico y su concreción queda pendiente. Y ahí es donde el asunto deja de ser retórica: si se convierte en currículo, el conflicto está servido; si se queda en titular, se archivará como una salida de tono más de una legislatura que ya acumula unas cuantas. Lo más probable, con lo que hay sobre la mesa, es que vuelva en campaña con otro envoltorio.