Irene Montero “A la gente no les está robando los zainos,sino Mercadona,Carrefour y ECI”

Montero culpa a Mercadona y Blackrock del robo en los barrios​

Irene Montero sostiene que en los barrios no roban las personas migrantes ni racializadas, sino las grandes cadenas de distribución y los fondos de inversión que están poniendo los precios por las nubes. La frase, difundida en un vídeo de su partido, ha reabierto un debate que va mucho más allá de la anécdota política: ¿quién se lleva realmente el dinero del bolsillo de una familia que hace la compra?

El planteamiento de la ministra tiene un recorrido económico concreto. Las grandes superficies y los fondos que controlan suelo, vivienda y energía tienen capacidad de fijar precios en mercados poco competitivos. Ahí Montero tiene razón en el diagnóstico general. El problema es que el diagnóstico no exime de responsabilidad a quien delinque. Y ese es el punto donde el consenso se rompe.

El IVA y la presión fiscal sobre el consumo​

Uno de los argumentos más repetidos en la conversación pública es que el Estado se lleva una parte muy superior a la del comercio. El cálculo que circula es demoledor: de un salario bruto de 2.000 euros, al trabajador le quedan alrededor de 1.000 tras IRPF y cotizaciones, y de esos 1.000 el IVA se lleva otro 25% en la cesta de la compra. La cuenta final deja al asalariado con unos 750 euros y al sector público con 1.250. Sea exacta o no la proporción, el orden de magnitud explica por qué mucha gente mira con recelo cualquier discurso que señale únicamente al sector privado.

El IVA en productos básicos funciona como un impuesto regresivo: cuanto más aprieta el presupuesto, más duele. Y ahí el Gobierno tiene margen de maniobra que no siempre usa.

El coste de la vivienda y el efecto del Estado​

Hay un segundo frente donde el diagnóstico oficial se queda corto. En cada compraventa de vivienda, el comprador asume impuestos, notaría y registro que pueden elevar el precio final entre un 15% y un 20%. Ese sobrecoste no lo cobra Mercadona ni Blackrock: lo cobra la administración. Si a eso se añade la impresión de dinero y su efecto sobre los precios, el cuadro se complica.

La vivienda es el mejor ejemplo de cómo el Estado participa del encarecimiento que luego denuncia. No es el único culpable, pero tampoco es un espectador neutral.

El diagnóstico que omite la seguridad en los barrios​

El tercer punto es el que más tensión genera. Negar que existan problemas de convivencia en determinados barrios no ayuda a quienes viven allí. Hay testimonios de vecinos que describen ocupación de espacios públicos, venta de sustancias y conflictos en instalaciones deportivas. Eso no convierte a ningún colectivo en responsable colectivo, pero tampoco desaparece por decreto.

La discusión se envenena cuando se mezclan dos planos: la crítica legítima a la inmigración como fenómeno económico y la atribución de delitos a un grupo entero. Lo primero es análisis; lo segundo es prejuicio.

La pregunta que queda sin responder​

¿Qué propone Montero exactamente? Su partido prometió sentarse con las eléctricas para bajar la factura. El resultado no fue el esperado. Ahora promete algo similar con la distribución alimentaria. Sin control de precios ni intervención directa, el margen real de un ministerio es limitado.

El diagnóstico de Montero señala a los grandes actores económicos. Su problema es que la lista de culpables que maneja la calle incluye también al Estado, a los impuestos y a problemas de seguridad que su discurso no aborda. Mientras esa brecha no se cierre, la conversación seguirá girando en el mismo sitio.

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Datos clave del debate

• De 2.000 € brutos, al trabajador le quedan unos 1.000 € tras IRPF y cotizaciones.
• El IVA se lleva otro 25% de esos 1.000 € en la cesta de la compra.
• El coste de transacción de una vivienda puede elevar el precio entre un 15% y un 20%.