Ione Belarra: “Es la hora de redistribuir la riqueza”

Podemos propone bajar el alquiler un 40% y abrir supermercados públicos​

¿De qué riqueza hablamos? Es la pregunta que sobrevuela cada vez que alguien promete redistribuirla. Podemos ha lanzado una batería de medidas que suenan a programa electoral de campaña permanente: bajar el precio del alquiler por ley un 40%, prohibir la privatización de servicios sanitarios, una tarjeta única de transporte público gratuita y un supermercado público. El anuncio llega con vídeo y con la frase que titula la propuesta: «Es la hora de redistribuir la riqueza, no generar más desigualdad como hace el Gobierno».

La respuesta no se hizo esperar, y no precisamente en forma de contrapropuesta técnica. La primera objeción que aparece es de aritmética elemental: si el salario medio no llega a fin de mes, ¿qué se reparte exactamente? La riqueza de los demás, claro, apuntan desde el escepticismo. Y ahí arranca un debate que mezcla economía, desconfianza institucional y una sospecha recurrente: que quien promete redistribuir nunca empieza por lo suyo.

¿Cuánto cobra un diputado y por qué se usa como argumento?​

El contraataque más repetido no va contra las medidas, sino contra quien las firma. La cifra que se repite es la de 109.000 euros anuales de retribución pública, frente a un salario medio que se sitúa varias veces por debajo. El cálculo que circula es simple: si hay margen para repartir, que la primera donación salga de la nómina de quien lo propone. Se menciona también el límite interno de tres salarios mínimos que el propio partido aprobó en su día para sus cargos y que, según esta línea crítica, quedó en agua de borrajas.

No es un argumento nuevo, pero aquí funciona como eje de todo lo demás. La discusión deriva hacia el patrimonio, las vacaciones y el estilo de vida de los cargos públicos, y de ahí a una conclusión que se repite con distintas palabras: la izquierda institucional defiende lo público para los demás y lo privado para sí misma. Sanidad pública, pero hospital privado. Educación pública, pero colegio privado. Es el haz lo que digo, no lo que hago elevado a método.

Supermercado público: el precedente que nadie quiere mencionar​

La propuesta que más carcajadas y más recelos genera es la del supermercado público. El argumento de fondo no es menor: si el Estado puede fijar precios de la cesta de la compra, ¿por qué no lo ha hecho ya en la sanidad o la energía? La respuesta que se da desde el escepticismo es que el problema no es la distribución, sino la producción: sin incentivos para producir, no hay nada que repartir.

El ejemplo que se cita una y otra vez es el de los países que ya probaron algo parecido. Venezuela y Cuba aparecen como espejo incómodo, con el recuerdo de las colas y el desabastecimiento. La comparación es tosca, pero el punto que subyace es más fino: un supermercado público no crea riqueza, la consume. Y si el Estado compite con el comercio privado sin reglas claras, el resultado previsible es menos oferta y más dependencia.

El alquiler por ley: ¿bajar el precio o secar la oferta?​

La medida estrella, la rebaja del 40% en el alquiler, es también la que más preguntas técnicas abre. Un tope por decreto no construye vivienda. Si el propietario no puede subir la renta, deja de alquilar, vende o espera. El resultado, según esta lectura, es menos oferta y precios más altos en el mercado libre, justo lo contrario de lo que se anuncia. La ley de vivienda ya aprobada aparece en la conversación como prueba de que el problema no se resolvió con más regulación.

Hay quien recuerda que el precio del alquiler se ha multiplicado mientras el salario apenas se movía. Con 800 euros se vivía solo; con 1.300, se paga media habitación. Esa es la parte del diagnóstico que casi nadie discute. La discrepancia está en el remedio: unos piden intervenir el mercado, otros desmontar la burocracia que impide construir. Y en medio, una generación que no compra ni alquila.

La tarjeta de transporte y el resto del paquete​

La gratuidad del transporte público tiene menos detractores y más letra pequeña. ¿Quién paga el mantenimiento? ¿Se financia con impuestos generales o con deuda? La misma duda se aplica a la prohibición de privatizar la sanidad, que suena a blindaje constitucional de algo que ya es público en su núcleo. El paquete, en conjunto, se lee como una declaración de intenciones más que como un plan cerrado.

La conversación deriva hacia el gasto público y hacia la sospecha de que el Estado distribuye mal incluso cuando tiene medios. El recuerdo de la pandemia aparece como ejemplo de gestión pública cuestionada. Y vuelve la pregunta inicial: si el problema es que no hay suficiente, ¿cómo se reparte lo que no existe?

El contexto político: una propuesta en campaña permanente​

El anuncio no llega en el vacío. Podemos lo lanza en un momento de reacomodo del espacio a su izquierda, con el PSOE en el Gobierno y con la sensación, compartida por buena parte de la crítica, de que la formación busca marcar perfil propio tras años de desgaste. La frase «no generar más desigualdad como hace el Gobierno» es, en sí misma, un posicionamiento contra su socio.

El resultado es un debate que no va de cifras, sino de confianza. Unos ven una hoja de ruta necesaria contra la precariedad. Otros, una operación de imagen sin coste electoral. Y en el fondo, la sospecha de que nadie que promete repartir ha explicado todavía de dónde sale el dinero. Redistribuir la riqueza suena muy bien hasta que alguien pregunta cuál.