Inmigración: Inglaterra: ayudas a propietarios que alquilan a inmigrantes

Clearsprings Ready Homes, contratista del Ministerio del Interior, ofrece a propietarios británicos hasta 4.500 libras mensuales por viviendas que los ayuntamientos alquilan por 1.790, con facturas, impuesto municipal y mantenimiento cubiertos. La diferencia supera las 32.000 libras anuales por inmueble y presiona a los consistorios que realojan a familias vulnerables.

Hay una escena que se repite en el sur de Londres y que resume bastante bien el embrollo. Un propietario alquila un piso de tres habitaciones al Ayuntamiento de Southwark por 1.790 libras al mes. Recibe una llamada de Clearsprings Ready Homes: le ofrecen 4.500 libras por el mismo inmueble. La diferencia son 32.520 libras al año, y encima con la factura de la luz, el impuesto municipal y el mantenimiento cubiertos durante tres años. El hombre, que prefiere no dar su nombre, contó al Daily Mail que rechazó la oferta porque habría tenido que rescindir su contrato con el consistorio y dejar a las familias realojadas en riesgo de quedarse en la calle. «No estoy dispuesto a hacer eso», dijo. «Pero muchos propietarios simplemente lo ven como una oportunidad para ganar más dinero y aceptan».

Ese es el mecanismo, desnudo. No hace falta mucha teoría. Un contratista con un contrato público de miles de millones ofrece más que el ayuntamiento por el mismo stock de vivienda. El propietario racional acepta. El inquilino que ocupaba el piso, si es una familia británica en lista de espera, se va a la calle o a otra lista.

Quién está detrás de las ofertas y cuánto factura

Clearsprings Ready Homes es una de las tres empresas que gestionan el alojamiento de solicitantes de asilo para el Ministerio del Interior, junto con Serco y Mears. Los contratos se adjudicaron bajo el gobierno conservador y tienen vigencia hasta 2029. La compañía está dirigida por Graham King, con una fortuna estimada de 726 millones de libras, y aloja a unos 30.000 solicitantes de asilo.

Las cuentas del último ejercicio, cerrado en enero de 2025, dan una facturación de 1.400 millones de libras y un beneficio de 62,6 millones. La Oficina Nacional de Auditoría había estimado que el gasto previsto del Ministerio del Interior en los principales contratos de asilo ascendería a 1.670 millones de libras para el período 2024-25.

El patrón que describe el Mail es que Clearsprings no construye alojamiento nuevo ni compra suelo barato: va a por propiedades que ya están ocupadas por inquilinos de ayuntamientos, estudiantes y personas vulnerables, incluidas las que huyen de violencia doméstica. Es decir, compite por el parque existente, no lo amplía.

El ayuntamiento no puede competir con esa prima

Aquí está la clave técnica que explica por qué el consistorio no iguala la oferta. Los ayuntamientos tienen topes legales en lo que pueden pagar a un propietario privado por alojar a una familia. Esos límites existen para que el dinero público no infle el mercado local de alquiler. El contratista del Ministerio del Interior, en cambio, opera con un contrato marco y una tarifa máxima contractual, según la versión del departamento.

Un portavoz de Interior sostuvo que el ministerio paga una tarifa máxima y que «cualquier cantidad que supere esa cantidad la cubre el contratista y no los contribuyentes». Es una distinción contable interesante: el sobrecoste sale del margen del contratista, no de la factura pública. Pero el efecto sobre el terreno es el mismo, porque el contratista sigue teniendo incentivos para pagar por encima del ayuntamiento y desplazar el uso de esa vivienda.

El propio propietario lo explicó sin rodeos: «El ayuntamiento tiene un límite en lo que puede pagar a los propietarios como yo». Ese límite es la razón por la que la oferta de Clearsprings parece imbatible.

Familias en lista de espera, estudiantes y víctimas de violencia doméstica

El resultado no es abstracto. Las familias británicas inscritas en la lista de vivienda municipal, los estudiantes que alquilan habitaciones y las personas que salen de una situación de violencia doméstica compiten con una prima financiada con fondos públicos. No compiten en igualdad: una parte tiene un contrato de tres años con gastos cubiertos y la otra tiene una lista de espera.

En el debate político, el portavoz de Interior del Partido Laborista, Chris Philp, calificó la situación de «día de vergüenza para el Partido Laborista» y sostuvo que es «una locura» dar prioridad a personas que han entrado irregularmente por encima de ciudadanos que trabajan y pagan impuestos. Añadió que más de 85.000 personas han cruzado el Canal de la Mancha bajo el gobierno laborista y que solo el 7% de los que llegan son deportados, con más de 93.000 personas en alojamientos para solicitantes de asilo.

Los funcionarios del ministerio responden con otro dato: el cierre de hoteles y un ahorro de más de 1.000 millones de libras en ayudas a solicitantes de asilo desde las elecciones, además de 80.000 deportaciones evitadas. La discusión sobre qué cifra manda es, en sí misma, parte del problema: cada parte elige el numerador que le conviene.

La presión no empieza ni termina en un contrato

El contexto más amplio no ayuda a calmar nada. El comandante de seguridad fronteriza Duncan Capps advirtió ante los parlamentarios de que cerca de 3.800 migrantes se acumulan en campamentos entre Calais y Dunkerque, casi el doble de la cifra habitual de alrededor de 2.000. Señaló que el mayor tamaño de las embarcaciones y su ocupación hacen que «solo sea cuestión de tiempo que se produzca un naufragio masivo en el Canal de la Mancha».

Las travesías de este año son inferiores a las del año pasado, pero la acumulación en el norte de Francia indica que la demanda sigue alta: las interceptaciones francesas no conllevan detención, así que las mismas personas pueden reintentarlo. Desde que el Partido Laborista llegó al poder en julio de 2024, más de 83.000 personas han cruzado en pequeñas embarcaciones. El total desde que hay registros, en 2018, supera ya la fuerza combinada del Ejército, la Armada y la Real Fuerza Aérea, según la comparación que maneja el Mail.

Sobre el mercado de la vivienda, el gobierno indicó a principios de año que todas las zonas del país deberían prever una afluencia de inmigrantes, dado que los hoteles se están cerrando y la gente se aloja en viviendas. Hay proyecciones que sitúan a los inmigrantes en el 40% de las nuevas viviendas del Reino Unido para 2030 si se mantiene la tendencia. Los residentes locales han protestado cuando residencias de mayores o antiguos emplazamientos militares se reconvierten para ese fin.

Nada de esto es nuevo. Lo que añaden las ofertas de Clearsprings es velocidad: el mismo desplazamiento de siempre, pero con rentas garantizadas más altas y pagadas a través del contratista. Los contratos se firmaron antes; la decisión de mantener el sistema funcionando a esta escala es de ahora. Sin una reducción sostenida de las llegadas y una tasa de expulsión más alta, la presión sobre la vivienda y el coste tienen pocos frenos automáticos. Y si usted es propietario y le llaman ofreciendo el doble, ya sabe lo que va a pasar. Esto es información económica y política, no asesoramiento legal ni de inversión: para su caso concreto, consulte a un profesional.