1.000 euros y seis puntos por cannabis con el hijo en el asiento
Un conductor fue denunciado en Marcilla (Navarra) por dar positivo en cannabis mientras circulaba con su hijo menor de edad en el vehículo. La Policía Foral calificó el hecho como infracción muy grave y aplicó la sanción máxima:
1.000 euros de multa y la retirada de seis puntos del carnet. El caso, fechado en febrero de 2024, comparte espacio con otro positivo en Tudela la misma jornada, donde además se intervino marihuana y se comprobó que la ITV estaba caducada desde marzo de 2023. La noticia, en apariencia rutinaria, destapó una discusión más incómoda: ¿qué prueba exactamente un positivo? ¿Basta para hablar de conducción bajo los efectos?
Qué dice la sanción y qué se discute
El relato oficial es simple: positivo en cannabis, menor a bordo, multa y puntos. La letra pequeña es otra cosa. La diferencia entre
conducir bajo los efectos y
conducir con presencia de drogas en el organismo es el eje de todo el desacuerdo. Hay quien sostiene que los test actuales detectan restos días o incluso semanas después del consumo, sin que exista afectación real en la conducción. El argumento contrario también circula: si hay positivo, hay consumo, y con un menor dentro el margen de tolerancia debería ser cero.
El problema práctico es la asimetría de información. Un conductor particular puede comprar un test por unos 50 euros, pero no tiene forma de saber cuándo dejará de dar positivo. ¿Diez minutos? ¿Una hora? ¿Un día? Esa incertidumbre convierte cualquier cálculo preventivo en un ejercicio caro e inútil.
La inmovilización del vehículo y su factura oculta
Más allá de la multa, el coste real empieza cuando la grúa se lleva el coche. El vehículo acaba en el depósito y el propietario paga lo que le digan. En el caso de Tudela, la inmovilización fue inmediata tras el positivo. Hay testimonios que cifran en
200 euros el taxi necesario para volver a casa, más otros 200 para recuperar el coche al día siguiente. Y si el resultado final del laboratorio es negativo, no hay compensación: el día perdido, el trabajo perdido y el dinero adelantado no vuelven.
Ese punto es el que más incomoda. La sanción se aplica sobre un indicio, no sobre una certeza, y quien resulta inocente no recibe nada a cambio del perjuicio. La pregunta que sobrevuela es incómoda: ¿por qué no se indemniza a quien se demuestra que no iba drogado?
Benzodiacepinas: el positivo que no se persigue
El detalle más llamativo del caso no está en el cannabis. Está en lo que no se controla. Las benzodiacepinas —el grupo al que pertenecen fármacos como el trankimazín— fueron excluidas de la lista de sustancias que se persiguen en los controles, según sostiene un participante del debate. El motivo, según se argumenta, es que dejarían sin carnet a una parte enorme de la población, incluida buena parte de quienes aplican el test. Un conductor con benzos en sangre puede dar positivo y seguir circulando sin denuncia. El cannabis, en cambio, se persigue con todo el peso.
La incoherencia es difícil de defender desde cualquier trinchera. Si el criterio es la seguridad vial, no se entiende el doble rasero. Si el criterio es otro, tampoco se explica.
El día que te toca a ti
El impacto sobre la vida cotidiana es lo que más se repite. Una inmovilización no es una multa: es un día roto, un desplazamiento imposible, un trabajo que se pierde. La sensación de arbitrariedad se agrava cuando el resultado final exculpa y nadie asume el coste. Algunos conductores han empezado a grabar los controles para documentar el procedimiento, aunque la legalidad de esas grabaciones no está nada clara.
La conclusión no llega. El positivo en cannabis con un menor a bordo es indefendible. El sistema que lo persigue, también tiene grietas. Y mientras no se aclare qué prueba exactamente un test, la próxima inmovilización seguirá siendo una lotería.