Hoy hace 29 años que los guanos de ETA asesinasen a Miguel Ángel Blanco

29 años del secuestro de Miguel Ángel Blanco: el coste económico y político que aún pagamos​

¿Recuerda aquel julio de 1997? España entera siguió en vilo el secuestro de Miguel Ángel Blanco, concejal de Ermua asesinado por ETA. Fue el detonante del llamado "Espíritu de Ermua", una movilización ciudadana que exigía el fin del terrorismo. Veintinueve años después, el debate sobre lo que costó derrotar a ETA —y lo que sigue costando— sigue abierto. Y las cifras, aunque a menudo se evitan, son incómodas.

La factura de la paz: ¿cuánto ha pagado España?​

ETA asesinó a casi mil personas. Su disolución en 2018 no cerró el grifo de las consecuencias económicas. Desde las indemnizaciones a las víctimas hasta el mantenimiento de una política penitenciaria que ha acercado a etarras con delitos de sangre, el Estado ha desembolsado miles de millones. Pero el debate económico más acuciante hoy es el precio político de mantener la gobernabilidad: los apoyos de Bildu, heredera de Batasuna, han sido decisivos para la investidura de Pedro Sánchez. A cambio, se han activado concesiones que muchos ven como un rescate al entorno etarra.

Hay quien sostiene que la paz no se negocia, se impone. En el lado contrario, se argumenta que la vía policial y judicial no bastó y que un cierre negociado era inevitable. Lo cierto es que el coste de oportunidad de no haber aplicado una mano más dura —el "Bukele" que algunos invocan— se mide en décadas de impuestos destinados a subsidiar a presos y a sostener a partidos que no han condenado el terrorismo. El cálculo exacto no está hecho, pero la percepción social de agravio sí.

Las teorías que no callan: el ruido de fondo​

Cada aniversario resucitan relatos marginales: que el logotipo de ETA se parece al de una farmacopea judía, que hubo rituales solares, que el filósofo Savater era masón. Disparates que, sin embargo, revelan una profunda desconfianza en el relato oficial. Para muchos, el "Espíritu de Ermua" fue neutralizado por la política real —la de los pactos— y el fin de ETA se compró, no se ganó. Sea cierto o no, esa narrativa lastra la reconciliación y, sobre todo, alimenta un escepticismo que se extiende a otras políticas económicas del Gobierno.

Al final, 29 años después, el país sigue pagando una factura doble: la que ETA dejó y la que la transición hacia la paz está generando. Y mientras las urnas sigan necesitando los votos de Bildu, el debate no se cerrará. Quizá nunca.