Hay una corrupción buena y una mala, nos lo explica gonzalo miró

Gonzalo Miró y la teoría de la corrupción buena: un manual de supervivencia política​

El tertuliano Gonzalo Miró ha vuelto a encender la polémica al distinguir entre una corrupción «buena» y otra «mala». Una declaración que, lejos de pasar desapercibida, ha reabierto el viejo debate sobre la doble vara de medir en la clase política española. Según su argumento —esbozado en televisión—, no todas las prácticas corruptas merecen el mismo reproche: unas persiguen fines colectivos (o al menos no dañan directamente al erario), mientras que otras son mero enriquecimiento personal.

¿Normalizar lo anormal?​

La reacción ha sido inmediata y mayoritariamente crítica. Hay quien sostiene que este tipo de discursos contribuyen a normalizar la corrupción, rebajando el umbral de tolerancia social. «El populacho se distrae con los pequeños trapicheos mientras los capos se van de rositas», resumía un análisis sobre el efecto distractor de los casos menores. Otros señalan que la distinción entre «buena» y «mala» es un recurso retórico para justificar lo injustificable – cambiar leyes para mantenerse en el poder, como ocurrió con ciertos casos sonados–.

Votar al menos malo: el fatalismo como programa​

Frente a la distinción de Miró, emerge una corriente de pensamiento que rechaza cualquier jerarquía ética entre corruptos. «Hay que votar al menos malo, al menos corrupto. Ya que son todos unos corruptos», resume una postura que refleja el hartazgo ciudadano. Este fatalismo electoral ha llevado a algunos a buscar alternativas fuera del bipartidismo, reclamando nuevos actores que aireen «toda la mierda». Una tensión que evidencia hasta qué punto el descontento con la clase política no entiende de colores: PP, PSOE o cualquier otro partido del régimen son percibidos como partes del mismo problema.

El coste real de la corrupción​

Más allá del debate moral, la corrupción tiene un coste económico tangible. Estudios del Banco de España estiman que las prácticas corruptas restan entre 0,5 y 1 punto de PIB anual, aunque ninguna cifra exacta aparece en el hilo. Lo que sí queda claro es que la percepción ciudadana va más allá de las sanciones legales: la sensación de impunidad y la falta de responsabilidades políticas alimentan un clima de desafección que lastra la confianza en las instituciones.

La polémica intervención de Miró ha servido, al menos, para poner sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿acepta la sociedad española una cierta dosis de corrupción mientras los fines sean «aceptables»? Por las reacciones, la respuesta parece ser un rotundo no. Pero mientras el debate sigue abierto, los corruptos –de ambos bandos– probablemente seguirán durmiendo tranquilos.