Provincias autónomas para segregar grupos: la utopía inviable que resurge
La idea de reordenar el mapa provincial para asignar cada territorio a un grupo social concreto suena a experimento de laboratorio. Quien lo plantea parte de un hartazgo real: la convivencia se ha vuelto tensa, y la tentación de separar por perfiles es vieja como las murallas. Pero cuando uno mira los costes –económicos, logísticos, ecológicos– el espejismo se desvanece.
El punto de partida es un deseo de homogeneidad: que cada estrato o tribu urbana tenga su provincia, su gobierno local y sus reglas. Un paraíso de la endogamia social donde nadie roce al que piensa distinto. Sin embargo, la viabilidad choca contra la geografía y la economía. ¿Quién financia las infraestructuras de 50 mini-estados? ¿Cómo se evita que la provincia de unos se convierta en vertedero de residuos de otras?
Críticas más matizadas apuntan a que el problema no es la mezcla de personas, sino las estructuras de poder. Algunos abogan por una red de asambleas soberanas (decenas de miles) con autogobierno real, milicias populares y propiedad comunal. Una revolución integral que eliminaría el Estado y el capitalismo –no las provincias– como origen de los conflictos. La propuesta, aunque radical, al menos sitúa el debate en lo estructural.
Pero hay un dato que descoloca al entusiasta de la segregación: el coste ecológico. Encerrar a un grupo indeseable en una provincia sin control equivale a condenar su ecosistema. El desierto de los Monegros o el fondo del Estrecho son destinos sugeridos en broma, pero la metáfora revela la crudeza del plan: alguien cargará con el cementerio de los demás. Al final, la utopía segregacionista no es más que un sueño de costes no contabilizados.