Hay que aprovechar el golpe de estado fiscal en cataluña para promocionar masivamente el boicot a los productos catalanes

El boicot a productos catalanes gana fuerza tras el cupo fiscal​

¿Puede un independentista catalán seguir vendiéndote la pizza mientras su empresa se beneficia de un cupo fiscal que deja al resto de España sin esos impuestos? Esa es la pregunta que se ha instalado en una parte del electorado español tras el acuerdo para un concierto económico catalán. La respuesta que está circulando no es un mitin ni una pancarta: es una lista de la compra. El boicot a productos catalanes ha dejado de ser una cuestión de principios para convertirse, según sus promotores, en una herramienta de interés económico propio. La tesis es simple: cada euro que no va a una caja catalana es un euro que se queda en el resto de España.

El detonante es el cupo fiscal. La idea de que Cataluña recaude todos sus impuestos y aporte solo una cantidad pactada al Estado ha encendido a quienes llevan años denunciando agravios territoriales. En ese caldo de cultivo, el boicot se presenta como la única respuesta al alcance del ciudadano de a pie. No hace falta esperar a unas elecciones: basta con leer la etiqueta del envase.

Qué empresas catalanas están en el punto de mira​

La lista es larga y toca productos de consumo diario. Casa Tarradellas, con sede en Gurb (Barcelona), fabrica pizzas, patés y embutidos que se venden bajo marcas propias y también para cadenas de supermercados. Damm, 100% catalana, está en todas las barras de bar. Gallina Blanca, con sede en Barcelona, es otro de los nombres que se repiten. A ellas se suman multinacionales que tienen su sede para España en Cataluña: Unilever en Viladecans, Nestlé en Esplugues de Llobregat, Danone también en Barcelona. La lista incluye marcas como Mango, Bicentury o Mont-Ferrant.

El argumento que se esgrime es que no se trata de un boicot a la economía española, sino a las empresas que se benefician del nuevo régimen fiscal. «Si la empresa catalana Casa Tarradellas pierde clientes y deja de comprar cerdos al resto de España, Campofrío o El Pozo aumentarán esa demanda», sostiene uno de los participantes. El cálculo completo, con nombres y alternativas para cada producto, circula en listas que se comparten por redes sociales y grupos de mensajería.

El efecto real sobre la economía española​

La pregunta que sobrevuela es si el boicot perjudica más a Cataluña o al resto de España. Hay quien sostiene que las empresas catalanas compran materia prima a otras regiones y que, si caen sus ventas, esas compras se redirigen a competidores españoles. Otros apuntan que Cataluña es una potencia en la industria alimentaria y que muchas de las empresas que venden al resto de España son multinacionales con sede fiscal en Cataluña. «Las empresas matrices se pueden rascar la cabeza y cambiar la sede fiscal a una del régimen común», señala un análisis. El cálculo más optimista para los promotores del boicot asume que el consumo se redirige a productos fabricados en otras comunidades. El escenario pesimista apunta a que el boicot es una batalla perdida porque la mayoría de los consumidores no cambiará sus hábitos.

El cupo fiscal catalán y la solidaridad interterritorial​

El acuerdo para un concierto económico catalán ha reavivado el debate sobre la solidaridad entre comunidades. La tesis que se repite es que Cataluña ya tiene un saldo comercial muy positivo con el resto de España y que, además, ahora se queda con los impuestos que antes iban a la caja común. «Cada euro de IVA se va a quedar en Cataluña y no va a la caja común», resume un participante. El argumento se extiende a País Vasco y Navarra, que ya tienen concierto y que, según algunos análisis, siguen recibiendo más de lo que aportan. La conclusión que se extrae es que el agravio no es solo catalán, sino que afecta a todas las comunidades que no tienen ese privilegio.

La respuesta del consumidor: ¿voto en las urnas o en la cesta de la compra?​

La idea que gana terreno es que el boicot es un complemento al voto. «Si pese a votar en las urnas, una parte de la población sigue apoyando a Sánchez y los separatistas, ya sólo nos queda el voto en la cesta de la compra», resume un mensaje. La estrategia pasa por convencer a los consumidores de que dejar de comprar productos catalanes no es un acto de fe, sino una decisión económica racional. El obstáculo es la costumbre: muchos compradores no leen las etiquetas y no saben que marcas como Nestlé, Danone o Unilever tienen su sede en Cataluña. La lista de productos y alternativas se comparte para facilitar el cambio.

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Al final, la pregunta no es si el boicot funcionará, sino si alguien se molestará en mirar la etiqueta. Porque la cesta de la compra es el único plebiscito que se celebra todos los días.