Hasta las narices de tener que instalar una app para todo. creo que es hasta ilegal obligarnos

Comprar online y no poder imprimir el documento sin app: el nuevo peaje​

¿Se puede comprar por internet sin smartphone? La respuesta, cada vez más, es no. Un comprador relata que tras pagar por un producto se encontró con que el documento solo era accesible descargando una aplicación móvil; la alternativa ofrecida por la empresa era desplazarse a una sucursal —ninguna en su provincia— o cancelar el pedido. Enviarlo por correo costaba 15 euros adicionales. El patrón se repite: banca, gimnasios, hoteles, comunidades de vecinos y administraciones públicas empujan al ciudadano hacia el teléfono como única puerta de entrada.

La app como requisito, no como opción​

El caso no es aislado. En un gimnasio se comunicó por correo que a partir de una fecha habría que descargarse una aplicación para entrar; los lectores NFC ya estaban cambiados. Quien se negó obtuvo en cinco minutos una ficha alternativa sin app. En un hotel de cuatro estrellas se exigió una tarjeta como fianza o, en su defecto, 100 euros en efectivo, con revisión de la habitación a la mañana siguiente para devolverlos. En una comunidad de vecinos, la información se canaliza exclusivamente vía app.

Hay quien sostiene que la obligatoriedad de tener un móvil para ejercer derechos como consumidor roza la ilegalidad, al no existir norma que imponga poseer un smartphone. El argumento jurídico que circula es que si tener un ordenador nunca fue obligatorio, menos puede serlo un teléfono con sistema operativo. La coacción, señalan, no está en la app en sí sino en el requisito previo: sin dispositivo no hay acceso.

El coste de la resistencia: tiempo, dinero y cabreos​

Negarse tiene precio. Quien rechaza la app debe personarse, pagar un envío o renunciar a la compra. En el ámbito bancario, la doble verificación por aplicación convierte al móvil en factor único: sin batería, sin terminal o con el dispositivo robado, el acceso web queda bloqueado. La alternativa de los códigos de un solo uso o las tarjetas de coordenadas se retira progresivamente.

El cálculo completo de lo que cuesta mantener la posición —desplazamientos, envíos, fianzas, tiempo— da una cifra que sorprende, y que cada afectado resuelve como puede. Algunos optan por correos desechables y alias para no dar el número de teléfono real; otros directamente cancelan cuentas bancarias cuando la app se vuelve obligatoria.

La queja individual no mueve nada​

El diagnóstico más repetido es el de la resignación ajena. La sensación de ser el único que se queja mientras el resto instala sin rechistar domina el relato. Se apunta a la falta de oposición colectiva como causa de que las empresas sigan apretando: si nadie protesta, no hay incentivo para ofrecer alternativas.

Frente a eso, hay tácticas de resistencia cotidiana: pedir la carta física en un restaurante y marcharse si no la traen, dar un número de teléfono falso para que no den de alta los datos, exigir la ficha de acceso sin aplicación. Funcionan a pequeña escala. A gran escala, el resultado es el mismo: la app sigue ahí, y el que no la quiere, paga.

¿Es ilegal obligar a usar una aplicación móvil?​

No hay una norma que prohíba expresamente exigir una app, pero tampoco existe ninguna que obligue al ciudadano a poseer un smartphone. La discusión jurídica se centra en la coacción al consumidor: si el acceso a un servicio contratado depende de un dispositivo que no es obligatorio tener, la cláusula puede considerarse abusiva. La reclamación pasa por consumo o por el libro de reclamaciones, aunque el recorrido es incierto.

Mientras tanto, la queja individual se estrella contra la indiferencia. El que se niega a instalar la aplicación no es un héroe: es, simplemente, el que todavía no ha cedido.