Harvard le planta cara a Trump: no aplicarán sus reformas

Harvard planta cara a Trump y arriesga 9.000 millones en fondos​

¿Puede un gobierno decirle a una universidad privada a quién admite, qué enseña y a quién denuncia? La Universidad de Harvard ha respondido que no. La institución rechazó los cambios de política que le exigía la administración Trump y se convirtió en la primera gran universidad en negarse de forma directa, según las informaciones publicadas. Sus responsables calificaron las exigencias de ilegales. El pulso enfrenta al gobierno federal con la universidad más rica del país y pone sobre la mesa miles de millones de dólares en financiación pública.

Qué pedía exactamente la carta de la administración​

La carta que la administración envió a Harvard detallaba varias condiciones. Entre ellas, reducir el poder de estudiantes y profesores sobre los asuntos internos de la universidad, denunciar de inmediato a las autoridades federales a los estudiantes extranjeros que cometieran violaciones de conducta, y traer a un tercero externo para garantizar que cada departamento académico tuviera «puntos de vista diversos». La administración no definió qué entendía por diversidad de puntos de vista, aunque en general se ha referido a incorporar una variedad de posiciones políticas, incluidas las conservadoras.

El paquete incluía además una «reforma basada en el mérito» en la contratación y la admisión, y la publicación de los criterios de evaluación aplicados a los solicitantes aceptados y rechazados. La respuesta de Harvard fue un comunicado de su presidente, Alan Garber: «Ningún gobierno —sin importar qué partido esté en el poder— debería dictar qué pueden enseñar las universidades privadas, a quién pueden admitir y contratar, y qué áreas de estudio e investigación pueden seguir».

Los 9.000 millones que están encima de la mesa​

El enfrentamiento no es simbólico. La administración ha amenazado con revisar o retirar a Harvard unos 9.000 millones de dólares en fondos federales, según las cifras que se manejan en el asunto. Los profesores de la universidad han respondido por la vía judicial y han demandado a la administración por esa amenaza sobre los fondos. La cifra da la medida de lo que está en juego: no es una disputa de principios, es una negociación con un arma cargada.

Hay quien recuerda que el flujo de dinero público hacia la institución viene de lejos. El gobierno estadounidense entregó a Harvard 600 millones de dólares en 2016 y, a lo largo de los años, le ha proporcionado miles de millones para investigación y educación. Ese detalle desmonta el argumento de que aquí solo se discute la independencia de una entidad estrictamente privada: buena parte de la factura la paga el contribuyente.

Por qué el caso se lee como un ajuste de cuentas ideológico​

Buena parte del rechazo a las exigencias de la administración se apoya en el argumento de que el objetivo real no es la meritocracia, sino doblegar a las universidades. Se sostiene que la ofensiva forma parte de una campaña más amplia contra el ámbito universitario, sus planes de diversidad y sus posiciones políticas, y que el antisemitismo es la excusa con la que se justifica el ataque. La propia universidad ha vivido episodios previos relacionados con acusaciones de este tipo, con estudiantes que acudieron a los tribunales y con protocolos y pronunciamientos institucionales adoptados en respuesta.

En el otro lado, la crítica a las políticas de diversidad, equidad e inclusión tiene recorrido propio. Se argumenta que esas políticas discriminan a candidatos legítimos por su origen o su orientación, y se citan ejemplos internacionales: plazas de posdoctorado reservadas a colectivos concretos en universidades del Reino Unido o procesos de selección restringidos por género en centros politécnicos de Países Bajos. Para esta corriente, la exigencia de meritocracia no es una intromisión, sino una corrección necesaria.

El dilema de fondo: quién paga y quién manda​

La cuestión que subyace es incómoda para ambos bandos. Si una universidad privada acepta dinero federal, ¿acepta también las condiciones que lo acompañan? Si el gobierno financia la investigación, ¿puede dictar qué se investiga? La respuesta de Harvard ha sido que no, y que las exigencias son ilegales. La respuesta de la administración, por ahora, ha sido la amenaza de cortar el grifo.

El resultado inmediato es un pulso abierto, con demandas cruzadas y sin desenlace. Harvard ha dejado de ser el ejemplo de capitulación que se le atribuía y ha pasado a encabezar la resistencia. Lo que no está claro es cuánto aguanta una institución con miles de millones en juego cuando el que firma los cheques decide cambiar las reglas. Y mientras tanto, la pregunta que nadie responde del todo: si el dinero público compra independencia o la hipoteca.