Hace 20 años nacio la ley infame. viogen

Veinte años de la ley de violencia de género: 71 y 46 asesinatos​

El 28 de diciembre de 2004, el Congreso aprobaba por unanimidad la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Fue el primer proyecto que el Gobierno remitió a las Cortes. Dos décadas después, el consenso se ha roto y el balance sigue siendo objeto de disputa: 71 mujeres asesinadas en 2003, 46 en lo que iba de 2024. La norma sacó el machismo del ámbito doméstico, según quienes la defienden. Sus críticos sostienen que consagró la desigualdad ante la ley.

Qué creó la ley en la práctica​

La norma fue pionera a nivel europeo y casi mundial. En la práctica supuso la creación de juzgados especializados en violencia, formación para jueces, letrados y fiscales, y medidas de protección como casas de acogida y centros asesores para que las mujeres pudieran conocer sus derechos. Lo recordaba Mariví Monteserín, exdiputada del PSOE, entre los argumentos que reivindican el texto.

Un año antes de su aprobación, en 2003, se había puesto en marcha el registro de víctimas. Ese mismo año, 71 mujeres fueron asesinadas. La ley llegó con el aval de todos los grupos. El PP votó a favor, igual que el PSOE. Ese respaldo unánime es hoy un consenso que pocas veces se ha repetido.

¿Por qué se cuestiona que las cifras hayan bajado?​

El dato que más se repite en la crítica es el estancamiento. En 2024, 46 mujeres asesinadas en lo que iba de año. Hay quien sostiene que la cifra se ha asentado en torno a medio centenar anual, antes y después de la ley, y extrae de ahí que la norma no habría reducido los asesinatos.

A eso se suma el coste en vidas masculinas. En el debate se relata el suicidio de un hombre tras una separación conflictiva y se sostiene que ha habido muchos suicidios masculinos. También se apunta al gasto público en cursillos, estudios y registros que, desde esa lectura, no habrían movido un solo indicador.

La objeción constitucional que nunca se cerró​

La ley se llevó al Tribunal Constitucional. El aval llegó con el argumento de que se trataba de algo excepcional. Para los críticos, eso equivale a bendecir una discriminación por razón de sexo contraria al artículo 14 de la Constitución. El asunto se elevó también a instancias europeas, que se declararon incompetentes por tratarse de un asunto interno.

El punto más discutido es la inversión de la carga de la prueba. Se sostiene que en estos juzgados los hombres nunca pueden ser víctimas, porque la propia ley lo impediría. También se mencionan las denuncias falsas y las amenazas con quitar a los hijos como formas de violencia que la norma no cubre. La respuesta desde el otro lado es que no todas las mujeres denuncian en falso, igual que no todos los hombres son agresores.

El frente político: de la unanimidad a la reforma​

Veinte años después, el consenso se ha fragmentado. Juan García Gallardo califica la ley de «anomalía» en el mundo civilizado: no existiría en Suecia, Dinamarca, Alemania ni Francia. España sería, según ese argumento, el único país con juzgados exclusivos para hombres.

Al mismo tiempo, se apunta a una posible reforma. Hay quien ve en ese movimiento un simple lavado de cara para endurecer la norma sin derogarla.

Lo que no cambia​

Dos décadas después, el número de mujeres asesinadas sigue en el mismo orden de magnitud. La ley creó juzgados especializados, formación y medidas de protección, pero las cifras de mujeres asesinadas se mantienen en términos similares. 71 en 2003, 46 en 2024.