Hace 2 dias abusaron a una niña... hoy han forzado a otra... y vosotros seguís comiendo doritos______________________

Agresiones sexuales a menores: la indignación que no se traduce en acción​

Dos agresiones sexuales a menores separadas por apenas cuarenta y ocho horas. Ese es el punto de partida que devuelve a la actualidad una pregunta incómoda: por qué una sociedad que se declara conmocionada ante cada caso no logra articular después ninguna respuesta colectiva. La secuencia se repite con precisión casi administrativa. Primero el suceso, luego la condena pública, después el reproche cruzado y, al final, el silencio hasta el siguiente titular.

Lo llamativo no es la falta de opiniones, sino su dirección. En vez de discutir qué falla en la prevención, en la respuesta judicial o en la atención a las víctimas, buena parte de la conversación se desplaza a dos terrenos mucho más cómodos: a quién votan las familias afectadas y de dónde proceden los agresores. Cómodos porque eximen de cualquier obligación concreta.

Qué se pide exactamente cuando se pide hacer algo​

El reproche más repetido es el de la pasividad. Y la respuesta más repetida, a su vez, es otra pregunta: ¿y tú qué haces? Ese giro funciona como cierre de casi cualquier discusión. Se sostiene que quien exige movilización debería ser el primero en organizarla y que la indignación ajena es una forma barata de moralizar sin coste.

Enfrente está la tesis contraria: la vía colectiva sí ha funcionado cuando el caso alcanzó notoriedad suficiente. Se recuerda que en episodios de gran impacto mediático las detenciones y las condenas llegaron con rapidez, y que el problema no es la capacidad de reacción social, sino su selectividad. Unos casos movilizan; otros pasan sin pena ni gloria.

La lectura más escéptica apunta justo a lo contrario. Si cada suceso grave que provoca protestas acaba diluyéndose sin consecuencias normativas, la conclusión que se extrae es que salir a la calle sirve para descargar conciencia, no para cambiar nada. Ese cansancio —ya está tan normalizado— reaparece una y otra vez.

El voto de los padres como argumento de responsabilidad​

Uno de los razonamientos más repetidos traslada el foco a las urnas. Con un 22% de voto al PP, otro 22% al PSOE y un 30% de abstención, se estima un 74% de probabilidad de que los progenitores de una menor agredida hayan respaldado o tolerado el marco político que, según esta lectura, habría favorecido la situación. Es un cálculo grueso, sin muestras ni márgenes, pero circula como si fuera un dato.

De ahí se salta con facilidad a una tesis más amplia: que el electorado —y en particular el femenino— recoge lo que siembra. La formulación aparece de forma explícita y convive con otra corriente que rechaza cualquier responsabilidad individual en un problema que considera estructural, de falta de medios y de fallos institucionales.

Ninguna de las dos lecturas explica, en todo caso, por qué la indignación se concentra en unos casos y no en otros.

Inmigración: el marco que domina el diagnóstico​

Una parte del análisis atribuye estos hechos directamente a la política migratoria. Se argumenta, sin aportar series estadísticas que lo respalden, que existe una relación entre origen y criminalidad que las instituciones ocultarían. El material que circula no incluye datos verificables que sostengan esa generalización; se apoya en casos concretos y en la percepción de impunidad.

En paralelo aparece una crítica a la gestión institucional: la idea de que determinados delitos quedan sin consecuencias y de que denunciar genera más problemas para quien denuncia que para el agresor. Es una percepción extendida que los registros oficiales no resuelven, porque se desagregan por nacionalidad y no por origen.

Y hay una tercera línea, minoritaria pero constante, que avisa de que el problema no admite lecturas simples. Reducirlo a un solo factor, sostiene, es la mejor forma de no resolverlo.

La retirada individual como salida​

Buena parte de las respuestas apuntan a una conclusión práctica: proteger a los tuyos y desentenderse del resto. La fórmula se repite con variantes. Unos hablan de cerraduras, rejas y salir solo de día; otros, de limitar el círculo de preocupaciones a la familia directa y a un puñado de amistades. Es la versión contemporánea de la autodefensa: si el Estado no protege, que cada cual cierre la puerta.

Aparece además una propuesta que se formula entre la ironía y el envite: que los hombres dejen de asumir tareas de cuidado y protección como forma de presión. Que se organicen las interesadas, vienen a decir, porque el espacio político de la seguridad lo ocupan ya otras siglas.

El problema de esta salida es evidente. Quien vive solo, quien no tiene familia o quien no puede permitirse reforzar su vivienda se queda fuera del plan.

¿Sirve de algo protestar?​

La experiencia más citada es la de Torrepacheco. Las movilizaciones vecinales que siguieron a un suceso con gran repercusión fueron inmediatas y, sin embargo, el asunto quedó en nada. Ese patrón —movilización, desgaste, olvido— alimenta la desafección más que cualquier argumento teórico sobre la utilidad del voto.

También se subraya la asimetría de costes: quien protesta asume el riesgo de ser señalado, mientras quien delinque, según esta percepción, no afronta consecuencias equivalentes. Sea exacto o no el diagnóstico, el resultado es el mismo: menos gente dispuesta a moverse.

Queda, en el otro extremo, el aviso de quienes recuerdan que el problema acabará llamando a la puerta de cualquiera. Si no hacemos nada, mañana será nuestra hija o nuestra nieta, resume esa posición.

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Con estos mimbres, la conversación no avanza: se atasca en la culpabilización mutua y en la sospecha sobre las intenciones del vecino. Cada suceso añade un episodio y resta un motivo para creer que la indignación sirva de algo. ¿Cuántos casos más hacen falta para que la rabia deje de ser un estado de ánimo y se convierta en otra cosa?