GuardiaCivil y Policia no paran de LLORAR porque ahora les hacen frente. Buscaos curro de CAMAREROS

La autoridad policial se apaga: del confinamiento a la multa de la ITV​

Hay una frase que se ha convertido en estribillo desde 2020 y que resume el problema mejor que cualquier informe: «Caballero, caballero, no me pegue». Dicha con retintín, es la burla que persigue a los agentes en cada intervención grabada con el móvil, y también el síntoma de algo más profundo. En España se ha instalado la sensación de que la autoridad policial ha perdido los dientes, y esa idea ya no la sostienen solo los críticos: también una parte de quienes visten el uniforme.

El malestar se ha vuelto estridente. El punto de partida que citan la mayoría de los análisis no es una ley concreta, sino marzo de 2020, cuando el estado de alarma convirtió a la Policía Nacional y a la Guardia Civil en el brazo visible de unas restricciones que nadie había votado. Desde entonces, sostiene esta corriente, cada multa impuesta entonces se paga ahora en forma de hostilidad.

¿Por qué dicen los agentes que ya no pueden defenderse?​

El argumento central es jurídico. La queja repetida es que ni la ley ni los jueces amparan al agente que responde a una agresión: si se defiende, acaba imputado; si no, acaba lesionado. El contrapunto técnico lo aporta el propio ordenamiento: la Policía cuenta con presunción de veracidad en el ámbito administrativo, pero no en el penal. Es decir, su palabra vale para sostener una sanción de tráfico, no para justificar por sí sola una detención.

De ahí nace la comparación con los vigilantes de seguridad privada, a quienes se retiró la consideración de autoridad y que, según este relato, llevan años siendo desafiados sin consecuencias apreciables. «El honor, una vez perdido, no se recobra jamás», resume una de las posturas que circulan. La contraria recuerda que ningún país democrático concede al uniforme una patente de corso y que la presunción de veracidad se limita deliberadamente a lo administrativo para no contaminar el proceso penal.

El confinamiento y la mascarilla: la factura que la policía aún paga​

La pandemia aparece en casi todas las conversaciones sobre el tema. La imagen que se repite es la de agentes patrullando parques infantiles para impedir que los niños se acercaran a los columpios, o levantando actas por no llevar mascarilla en plena calle. Quien lo recuerda no lo hace con gratitud. El llamado «comodín de la desobediencia» —la idea de que bastaba invocar una orden para desobedecerla— se convirtió, según este diagnóstico, en una vergüenza institucional de difícil digestión.

El problema económico de fondo es sencillo: los agentes son empleados públicos y las órdenes que ejecutan no las firman ellos. La crítica más incómoda, y también la más repetida, es que quien obedece un decreto impopular hereda su impopularidad para siempre. Nadie discute seriamente que cumplieran órdenes. Lo que se discute es que, años después, sigan pagando el precio político de haberlas cumplido con la diligencia que se les exigía.

De la multa por la ITV caducada al ciudadano que no se deja parar​

El desapego ciudadano tiene su versión cotidiana, y no siempre es ideológica. Un ejemplo recurrente: un conductor multado en el peaje de la AP-36, en Albacete, por llevar la ITV caducada cuatro días. El enfado no era por la sanción en sí, sino por la sensación de que ahí sí había celo y, en cambio, en otros asuntos mucho más serios no lo había. El propio conductor admite que la culpa era suya; lo que le indigna es el criterio con el que se aplica.

Hay un detalle burocrático que alimenta ese malestar: pedir cita para la ITV con tres semanas de antelación y que te la den casi tres meses después, con el coche legalmente inmovilizado mientras tanto. En rigor, no se puede circular con la inspección vencida; lo procedente sería llevar el vehículo en grúa. El efecto es una asimetría que se percibe en toda España: fuerte con el ciudadano que paga multas y débil ante el conflicto de verdad. Una parte del análisis lo atribuye a falta de formación; otra, a simple cálculo de coste y beneficio. Ninguna de las dos descarta que el agente de a pie esté atrapado en medio.

El debate sobre la formación y la condición física de los agentes​

La crítica más incómoda para los cuerpos no es política, sino física. Se discute si la selección y el entrenamiento están a la altura de lo que luego se exige en la calle. En el centro de la polémica, un perfil que se repite: agentes de poco más de 1,60 metros y unos 50 kilos destinados a intervenciones donde la fuerza física resulta determinante. Hay quien señala que la mayoría de los policías no disparan nunca en toda su carrera y que buena parte no recibe entrenamiento específico para gestionar la violencia real.

También se debaten los números de la propia intervención. Una de las propuestas que se atribuyen a los sindicatos es elevar de seis a doce el número de agentes por reducción, una cifra que para unos es pura seguridad operativa y para otros es la coartada para formar una barrera humana impenetrable a las cámaras. La discusión sobre si la policía necesita más medios o mejor formación sigue sin resolverse, y cada bando tiene su ejemplo favorito.

Qué hay de cierto en la comparación con otros trabajos de riesgo​

El remate de la crítica más dura apunta al bolsillo: si el sueldo es fijo y vitalicio, ¿de qué se quejan? La respuesta que ofrece el sector es que ese sueldo es precisamente lo que se paga por el riesgo asumido, no un privilegio. Frente a eso, el dato que enfría el argumento: quienes mueren por accidente laboral en España son, sobre todo, trabajadores de la construcción, la industria y el campo, no agentes de la autoridad.

La comparación no es limpia para nadie. Un agente no elige a quién se enfrenta, pero tampoco puede dimitir cada vez que una orden le repugna. Cabe pedir una excedencia; cabe renunciar a la plaza y probar en la privada. Ninguna de las dos cosas resuelve el problema de fondo, que es otro: quién protege al que protege.

Con la autoridad cuestionada, la formación en entredicho y el respaldo judicial convertido en campo de batalla, la pregunta que se queda sin respuesta es la más sencilla de todas. Si el agente no se siente respaldado y el ciudadano no se siente protegido, ¿quién está protegido exactamente?