GRACIAS MARICARMEN: los alquileres PRORROGADOS +2 años HASTA 2028 y lo mejor NO HABRÁ DESAHUCIOS HASTA 2030. Demos todos un FUERTE APLAUSO a quien....

Prórroga obligatoria hasta 2028 y cero desahucios hasta 2030​

Prohibir un desahucio no levanta una sola vivienda. Solo decide quién la ocupa y quién carga con las consecuencias. Los partidos del Gobierno han cerrado un acuerdo para aprobar en el Consejo de Ministros de este martes el paquete de vivienda que ya se conoce como decreto Maricarmen: todo contrato de alquiler que venza antes del 31 de diciembre de 2028 queda prorrogado dos años y no habrá desahucios hasta 2030. La negociación se alargó hasta la mañana y obligó a retrasar una hora el arranque de la sesión. El Ejecutivo ha pedido además un pleno extraordinario en el Congreso para convalidar las medidas este viernes, y el texto se ha dividido en dos decretos.

Dos decisiones y un mismo efecto: el propietario deja de decidir sobre su propio inmueble.

Qué cambia para el casero que tiene un piso alquilado​

La prórroga no es una opción, es una obligación. Si el inquilino quiere quedarse, se queda, aunque el propietario tenga una hija que necesita el piso o una hipoteca que pagar. Y el decreto no lleva umbral de patrimonio: el particular con dos viviendas queda tan prorrogado como una sociedad con miles de pisos en cartera. No hay excepción por tamaño de cartera, y eso convierte la medida en algo muy distinto de un escudo contra los grandes tenedores.

Sobre la mesa circula una cifra que resume el problema. Un alquiler de 1.060 euros al mes son 41.440 euros hasta 2030. Si al inquilino no se le puede echar, la pregunta que se hace cualquiera es por qué iba a seguir pagando. No es un ejercicio teórico: hay propietarios que ya plantean que la única salida es sacar el piso del mercado o dejar de alquilarlo a la primera oportunidad.

La indemnización de 12 mensualidades que nadie esperaba​

La actualización del 30 de septiembre añadió la puntilla. El casero que no renueve el contrato tendrá que indemnizar al inquilino con 12 mensualidades de alquiler. Antes la cláusula funcionaba al revés: era el inquilino el que se comprometía a una permanencia mínima. Ahora el que paga la penalización es el dueño de la casa.

Y el cuadro se cierra con una paradoja difícil de defender en voz alta: si el inquilino deja de pagar, tampoco se le puede desahuciar, se le prorroga igual y, si no se le renueva, toca indemnizarle. La secuencia no es una interpretación malintencionada del texto; está expuesta así en los propios términos del paquete.

El pequeño propietario, sin excepción y sin umbral​

Junts ha planteado una protección específica para el pequeño propietario, que en la práctica significa un régimen aparte para quien tiene menos de un número determinado de inmuebles. Sumar lo ha vetado. De momento, todos a la misma salsa: el particular que heredó el piso de sus padres corre la misma suerte que el fondo institucional.

Ese detalle tiene miga, porque buena parte del parque en alquiler español no está en manos de grandes tenedores, sino de familias con uno, dos o tres inmuebles. Si el objetivo era desincentivar la acumulación, el diseño alcanza a quien no acumula nada.

Los efectos que se van sumando: oferta, seguros y movilidad​

El primer indicador no se hace esperar. Se ha hablado de que el número de pisos anunciados a la venta se duplicó en un solo día tras conocerse el contenido del decreto. Puede ser exagerado o puede ser la punta del iceberg; en cualquier caso apunta a lo mismo: parte de los propietarios está reevaluando si le compensa seguir alquilando.

Hay más frentes abiertos. Los seguros de impago de alquiler cubren, según los contratos habituales, unas 12 mensualidades de renta: suficiente para un impago puntual, insuficiente para un horizonte que se estira hasta 2030. Con ese marco, la suscripción de nuevas pólizas y el filtrado de inquilinos se endurecen. Y aparece un efecto menos comentado: si trasladarse de provincia obliga a alquilar tu casa y alquilar otra, la combinación de riesgo de impago, hipoteca y pleitos hace que la movilidad laboral entre ciudades se vuelva poco menos que inviable para el propietario medio.

El calendario de 2030 y la demanda que no se detiene​

El horizonte tiene otra fecha marcada. Una directiva europea impedirá vender ni alquilar viviendas con certificado energético G o F a partir de 2030, el mismo año en que decae la veda de los desahucios. Dos relojes que corren a la vez y que empujan a muchos propietarios a la conclusión de que el alquiler residencial ya no sale a cuenta.

Mientras, la demanda sigue entrando: se habla de al menos 100.000 aspirantes a nuevos residentes cada mes. Una parte del análisis lo atribuye a los flujos migratorios; otra señala directamente la falta de construcción de vivienda pública y la ausencia de suelo nuevo. Cuando el producto escasea por decreto y la demanda crece por demografía, el resultado no es un precio más bajo, sino un mercado que se estrecha por el lado de la oferta.

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Queda la duda política de fondo: parte de estos incentivos se leen como una forma de fidelizar voto con la expectativa de que un cambio de gobierno revierta el marco. Es una hipótesis razonable y, como toda predicción electoral, revisable. Lo que no depende de las urnas es el stock de viviendas en alquiler que se pierda por el camino: eso no vuelve cuando se deroga un decreto.