Garamendi propone formar a menores migrantes como "próximos ingenieros"
El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha defendido formar a los menores migrantes que llegan a España «para que sean los próximos ingenieros». La propuesta, recogida por
El País, llega acompañada de un segundo mensaje: la acusación a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de recurrir a «reglamentos predemocráticos» para aprobar lo que no logra sacar adelante en el Parlamento. Dos asuntos en un mismo discurso que han caído como una bomba en el subforo de Economía, donde la conversación ha derivado en algo bastante más incómodo que un simple cruce de declaraciones.
Qué propone exactamente Garamendi y por qué se lee como un chiste
La idea central es la formación de menores migrantes no acompañados en sectores con alta empleabilidad. Un programa tipo, citado en el material, es el de la Escuela de Oficios SAMU: cursos de cuatro meses para menores en paro con especialidades como aprendiz de peón de mantenimiento, pintor, albañil, jardinería, soldador, pinche de cocina y auxiliar de monitor de apoyo a personas con discapacidad intelectual, con prácticas en empresa incluidas. Es decir, oficios de base, no grados universitarios.
De ahí el desconcierto. La distancia entre un cursillo de cuatro meses y una ingeniería superior es tan grande que buena parte de las respuestas lo interpretan como una salida de tono. «Ser ingeniero no es un curso en PowerPoint de 20 horas», resume uno de los mensajes más repetidos en su lógica. Otro apunta que muchos de estos chavales llegan sin educación primaria completa, lo que hace difícil, cuando menos, afrontar una carrera universitaria.
El dato que más circula es el de los cuatro meses de formación frente a los años que exige una titulación técnica. La comparación no es inocente: sirve para medir la credibilidad del anuncio.
El argumento de la mano de obra barata: la lectura económica del foro
Aquí es donde la conversación se vuelve analítica. La tesis dominante sostiene que el interés real de la patronal no es la excelencia formativa, sino la sustitución de trabajadores locales por mano de obra más barata y dócil. «Los empresaurios españoles necesitan sí o sí mano de obra barata», resume una de las intervenciones más citadas, que añade que la competitividad española «siempre ha venido de la mano de la devaluación salarial».
El razonamiento tiene una segunda pata: los puestos regulados y públicos —medicina, enfermería, magisterio— quedan blindados por oposiciones, así que la presión se concentra en el sector privado. «A día de hoy no opositar es un suicidio», sentencia otro mensaje. La idea de que se está creando una vía de acceso paralela, con formación subvencionada y prácticas en empresas, mientras los jóvenes locales compiten con notas de corte altísimas, vertebra buena parte del descontento.
Hay quien va más allá y describe un circuito completo: dinero público para formar, empresas para aprovechar, y un puesto de trabajo con salario de entrada bajo. «Les vamos a pagar esos estudios para que luego lo aprovechen los empresarios», se lee.
El agravio comparativo con los estudiantes españoles
La comparación más repetida es la de las notas de corte. Frente a los cursos de cuatro meses para unos, se recuerda que los estudiantes españoles necesitan calificaciones casi perfectas para entrar en carreras como Medicina. «A los españoles pidiéndoles un 13 sobre 14 para estudiar Medicina», resume una de las respuestas más votadas.
El argumento se refuerza con la situación de los profesionales formados aquí que se marchan fuera. «No habla de los que se van fuera bien formados para buscarse un futuro», señala un mensaje que apunta directamente a la generación que gestionó la educación en las últimas décadas. La queja no es solo económica: es de trato desigual percibido.
También aparece el contraste con el trabajador español de mediana edad. «Si un padre de familia de 55 años, incontratable, va al ayuntamiento a ver si hay algo para él, le dicen que puede llevarse una patada en el culo», resume otro. La sensación de que hay dos varas de medir para el acceso al empleo y a la formación es, probablemente, el hilo emocional que recorre todo el debate.
El escepticismo sobre los resultados: quién se queda y quién se va
Una de las objeciones más sólidas del hilo es la de la retención del talento. Si un menor migrante lograra completar la formación, ¿por qué iba a quedarse en España con los salarios y condiciones actuales? «¿Por qué se iba a quedar aquí a trabajar con la mierda de condiciones que tenemos, si no tiene ningún tipo de arraigo?», plantea un mensaje que apunta a París, Ginebra o Bruselas como destinos más lógicos.
A esto se suma la duda sobre la formación real que se imparte. «Mena formado por la administración = cursillo de jardinería de tres meses», ironiza otro, que añade que muchos no saben rellenar un parte de trabajo en castellano. La brecha entre el discurso oficial y la capacidad real de los programas es, para buena parte del hilo, insalvable.
El cierre del debate no llega. La pregunta de si estos programas son una política de integración seria o una forma de proveer mano de obra barata a sectores concretos queda exactamente donde estaba: sin respuesta, y con la sensación de que el anuncio de Garamendi dice más sobre quién lo hace que sobre lo que propone.
Datos clave del debate:
- Cursos de cuatro meses de duración en oficios como mantenimiento, construcción, jardinería, metal, hostelería y servicios sociales.
- Especialidades concretas: aprendiz de peón de mantenimiento, pintor, albañil, jardinería, soldador, pinche de cocina y auxiliar de monitor de apoyo a personas con discapacidad intelectual.
- Nota de corte citada para Medicina: 13 sobre 14.
- Salario de entrada mencionado para puestos tras la formación: 1.000 euros al mes.
- Cifra de referencia para un ingeniero junior: 1.300 euros.