Fundación SAMU acoge a más de 2.000 niños y jóvenes

articulo del director general del chiringuito:

1 de septiembre de 2021/en Acción social, Fundación SAMU, Sin categoría
Si no me gusta llamar “centro educativo” a un colegio, mucho menos me gustar llamar “mena” a un niño. El término proviene de la parla administrativa, donde se utiliza el acrónimo MENA para referirse al menor extranjero no acompañado. Los profesionales del sector no lo usamos entre nosotros. La Fundación SAMU acoge a más de 2.000 niños y jóvenes que llegaron a España sin compañía de un familiar adulto. De ellos, la mitad se encuentran en Ceuta, en condiciones seguras, aunque inicialmente precarias. Casi todos ellos son varones, aunque también albergamos a unas 80 niñas de especial vulnerabilidad. Estas cifras, nos convierten en la mayor entidad española especializada en la acogida de menores migrantes. Esa experiencia nos permite aportar luz sobre el fenómeno de la inmi gración infantil.

Según nuestras propias investigaciones, nueve de cada diez niños sufrió algún tipo de abuso, peligro o privación antes de cruzar nuestras fronteras. A los que somos padres, nos pavor ver a nuestros descendientes en situaciones remotamente parecidas a las que han sufrido ellos. Sin embargo, algunas capas de la sociedad tienen serias prevenciones contra ellos; consideran que su destino natural es la marginalidad o la delincuencia, sin el menor conocimiento de causa.

Incivil a estos niños reviste la irracionalidad de tomar el todo por la parte. En algunas televisiones he visto imágenes de adolescentes de tez oscura que cometen actos vandálicos o abiertamente delictivos. Actos reprobables, sin duda, que a pesar de ser muy minoritarios entran en una gran caja de resonancia generando alarma. Pareciera que cuando se trata de menores extranjeros, la culpabilidad sea doble. Se transmite una imagen totalmente descompensada, porque los incívicos son una ínfima proporción en comparación con los miles de niños responsables e industriosos que las entidades educamos con tesón.

En algunas ocasiones, hemos tenido que renunciar a abrir hogares en municipios en los que los vecinos o los gobiernos locales se nos han echado encima escandalizados por la apertura. En la peor de ellas, la Policía Local nos hizo un cordón que nos impedía acceder a nuestro centro recién alquilado ¡Porque no teníamos licencia de obra para cambiar el contador! Racismo puro, que resulta injustificado cuando alguien se toma la molestia de conocer de verdad a los chicos.

Puedo entender que los flujos migratorios incontrolados son un factor de desestabilización para nuestra democracia. También asumo que parte de los españoles están en contra; pero yo sí defiendo que lo decente es dar protección y amparo inmediato a niños (y niñas) en franco desamparo. En las naciones más avanzadas, los menores son sujetos de una especial protección jurídica y social, al margen de cuál sea su procedencia.

Otro argumento poderoso en contra de los menas es el coste que supone para las arcas públicas todo el sostenimiento del sistema de menores. En esto doy la razón al que diga que resulta muy costoso, porque además los gobiernos autonómicos tienen que pechar con un fenómeno europeo con presupuestos regionales. Lo que resulta falaz es que los menas “reciban” más de 4.000 euros al mes, como se nos quiere dar a entender.

Dependiendo de la Comunidad Autónoma y de la tipología del centro (no es lo mismo un centro de primera acogida que un centro psicoterapéutico), el coste de cada plaza varía entre 1.500 euros al mes y los 4.650 euros, aunque el precio más común está alrededor de los 2.500 euros. Lo que nadie ha explicado es la intensidad de servicios que recibe cada niño: alojamiento, pensión completa, educación, transporte, servicios de escolarización, actividades, ropa, enseres, actividades deportivas, celebraciones, etc. Realmente, reciben lo que cualquiera de nuestros descendientes, pero con la diferencia de que, además, por cada dos niños acogidos es preciso contar con un profesional cualificado para cuidarles: psicología, pedagogía, trabajo social, auxiliares, cocina, limpieza, mantenimiento, seguridad, monitorización deportiva, enfermería. Son decenas de profesionales por centro para educar a los chicos en la consecución del bien común. Pensemos si hay muchos negocios de hostelería que por, digamos, 70 euros al día den, no ya alojamiento y pensión completa, sino ropa, consulta de psicología, transporte, actividades, peluquería, ropa y todos los servicios auxiliares. En el caso de nuestra organización, además, en situaciones de emergencia organizamos el envío de contenedores, infraestructura e incluso construcción. Un “todo incluido” pero “muy todo”.

Sí considero que las entidades especializadas en menores tenemos el deber de responder de esa inversión al resto de la sociedad. En algunos casos, cuando están mal gestionados, los centros de menores son pensiones donde los niños hacen lo que les viene en gana. Todo lo contrario, los centros de pro tienen la obligación de ser núcleos de fomento de nuevos ciudadanos responsables, productivos y con valores sociales y democráticos.

En SAMU consideramos una obligación el educar a jóvenes que sean luego útiles a la sociedad desde el puesto que les toque desempeñar; máxime por la inversión que ha supuesto cada uno de ellos. Si tras dicha profusión de recursos, el joven cumple 18 y termina tirado en la calle, no sólo supone un drama humano de primer orden, sino que el esfuerzo económico se malogra.

Los niños del sistema de protección tienen todo nuestro cariño y comprensión y además los formamos con determinación para ser útiles, amables y solidarios dentro de la sociedad de la que forman parte. Tenemos la alegría de que tantos y tantos empresarios nos hayan dicho de los chicos en prácticas: “Oye, el niño que me mandaste muy bueno, creo que lo vamos a contratar”. Personalmente, estoy muy orgulloso de mis niños y sé que casi todos triunfarán porque son valientes y trabajadores. Son ambiciosos y les mueve el ideal de una vida mejor. Si les llamáis menas, yo los llamaré menas de bien.

Por Carlos González de Escalada, director general de SAMU

Menos preocuparse por los descendientes de los forasteros y más por los autóctonos, aunque por estos no reciben la ayuda.

Lucía Etxebarria

Escritora
24 ABR 2021 8:30
Actualizada 24 ABR 2021

¿Cuánto te cuesta, de verdad, un mena?​

Esta semana ha aparecido en Madrid un organización incivil que rezaba: "Un MENA, 4.700 euros al mes. Tu abuela, 426 euros al mes". Un mena nos cuesta 4.700 euros al mes. Sí, y en algunos casos mucho más. Y eso mismo nos cuesta un menor no acompañado español.

En España hay 1.104 centros de protección de menores. El 82% están manejados por entidades privadas. A raíz de la ley del menor de 2000, que permitió privatizarlos, surgió un "entramado empresarial alrededor de los menores", en palabras del abogado José Antonio Bosch. "Un modelo que mercantiliza a los niños". Es decir: múltiples asociaciones sin ánimo de lucro que cobran por gestionar estos centros.

El escándalo de las menores en Baleares, que se prostituían por unos zapatos; o de la niña abusada por el educador social que debía protegerla, que casualmente era entonces el marido de la presidenta (de izquierdas) de una comunidad, y cuyo caso se encontró con miles de trabas y obstáculos para ser denunciado por parte de la Administración, representan la punta de un iceberg: ya en 2009 Julio Rubio, educador social y escritor, avisaba de que las menores en centros de acogida "pagaban" a los encargados de su custodia con favores sensual, a cambio de un mejor trato y/ o permisos para salir del centro.

Desde la aprobación de la ley del menor de 2000, varias empresas y entidades se han llevado calentitas las adjudicaciones de centros de tutela, tratamiento y reforma de menores. Empresas que se han enriquecido porque la Administración se desentendía de la supervisión y cuidado de los menores.

En abril de 2008, por ejemplo, se adjudicaron 300.000 euros mensuales por contrato a la empresa Levantina de Seguridad, para que se ocupase de la vigilancia de dos centros de acogida destinados, principalmente, a menores extranjeros no acompañados. ¿Y quién se llevó el sustancioso bocado? Pues José Luis Roberto, líder del partido de ultraderecha España 2000. Un ciudadano que llamaba a «luchar contra la oleada turística de los forasteros musulmanes que representan un peligro, una pérdida de nuestra identidad y de nuestra seguridad», mientras se suponía que debía proteger, precisamente, a menores migrantes musulmanes.

Pastel a repartir​

Si esto no les prueba que empresas privadas han encontrado en la gestión de centros de menores un gran pastel a repartir, sin que les importe mucho ni poco el bienestar de esos menores, es que ustedes son muy escépticos.

La residencia universitaria Palacio de Barradas, una de las más caras de Madrid, ofrece a sus estudiantes alojamiento en habitación individual y pensión completa por 1.070 euros al mes. ¿Cómo puede ser que alojar a un menor en un espacio mucho menos lujosos, en dormitorios comunitarios, y con una comida de batalla, cueste cuatro, cinco veces más que eso? Sí, vale, en los centros de acogida hay seguridad y educadores, me dirán ustedes. Pero es que los educadores no están precisamente bien pagados. Cobran unos 15.000 euros al año.

Cuando el cuerdo señala la luna, el orate mira el dedo. A nadie le interesa hablar del escándalo que supone que se mercantilice con menores en situación de extrema vulnerabilidad. Lo que importa a la derecha es que el 30% de ellos sean ingenieros. Y lo que le importa a la izquierda es que el dinero no les llega directamente al bolsillo de los menores. Pero está claro que lo que no le importa a ningún partido son, precisamente, los menores vulnerables.

Pero luego no hay pasta para financiar determinados medicamentos a españoles que cotizan.

urge saber donde vive Carlos González de Escalada, seguramente en una urbanización de lujo sin menas alrededor.

Por supuesto que no todos son unos vándalos, pero, ¿Donde se ha visto que nos tengamos que encargar de todos los desfavorecidos del planeta?

Esa es la cuestión.

El sistema de protección de la infancia por parte del estado, es un mecanismo pensado para la población del PAIS que por circunstancias el menor tenga que ser separado de su familia (familias disfuncionales) o el menor o joven quede desamparado (accidentes donde mueran los progenitores y no tenga otros familiares que puedan hacerse cargo por ejemplo). Por tanto es un sistema de EMERGENCIA para los menores del PAIS que lo necesiten, que no esta pensado para atender ad infinitum a toda la juventud e infancia del planeta.

No somos conscientes de la cantidad de personas que viven de este chiringuito. Todos están en contra, pero el negocio, que no falte.

Como con eta, que hasta que no se pudo recolocar a todos los que vivían de ella, no dejó de perjudicarnos.

Todo el dinero que el estado dedica a estos menesteres cronifica el problema. Esto no tiene solución; el problema no son solo los forasteros, sino también el propio funcionamiento del sistema.

No arremetáis tanto contra los forasteros, que no dejan de ser víctimas de este negocio que promociona el estado con millones de nuestros impuestos. A este país ya no le queda mucho por destruir o parasitar.

Cuanto peor, mejor. Solo cuando el huésped muera podremos deshacernos de los que parasitan. Y después, dios dirá qué se puede hacer con lo que dejen, si dejan algo.

Si no, habrá que empezar de nuevo.

2000 menas X 6000 euros= 12.000.000 euros al mes. La solidaridad que solo cuesta 144 millones de euros al año.

España va a pasar a la historia y se recordaran en los libros de historia el secuestro institucional de menores de edad.

Al igual que paso con la iglesia canadiense catolica con los indios nativos en el siglo XIX. O las American Indian Boarding Schools de USA de finales de XIX. O lo que hicieron las autoridades australianas con los niños aborigenes.