FOROCOCHES: "El comunismo andando de puntillas ha entrado hasta la cocina"

España no tiene comunismo, pero sí un Estado que ata al banco privado​

Una queja corta encendió una conversación que sigue viva. El punto de partida era simple: en España no se puede hacer cualquier cosa sin permiso y quien lo señala acaba señalado. La sospecha de fondo —que un comunismo andando de puntillas ha entrado hasta la cocina— se desmorona en cuanto uno mira quién manda aquí. El malestar que la alimenta, en cambio, no es imaginario.

¿Es España un país comunista?​

No. Es una monarquía parlamentaria con economía de mercado, banca privada y oligopolios energéticos. Ese es el argumento que más se repite en la réplica: hablar de comunismo en un país donde no queda ni un comunista es confundir el diagnóstico. El Manifiesto Comunista de 1848 proponía expropiación de la propiedad inmueble, un impuesto progresivo fuerte, la abolición del derecho de herencia o la centralización del crédito en un banco nacional. Nada de eso está en vigor.

Hay quien afina más y sostiene que las corrientes señaladas como rojas son, en realidad, un producto de la Escuela de Frankfurt y no de la doctrina soviética. Otros se pierden por el camino del marxismo cultural y la masonería, sin ninguna prueba que respalde semejante cóctel. La conclusión útil se mantiene: lo que aprieta al ciudadano corriente no viene de ahí.

Incluso entre quienes rechazan la etiqueta hay jerarquías. Una parte avisa de que el comunismo, donde se aplicó de verdad, sale peor de lo que se imagina: restricciones hasta para residir y derivas nacionalistas de manual. Eso no lo convierte en la explicación de lo que pasa aquí. Solo marca por dónde no ir.

El Estado que te obliga a pasar por el banco​

Aquí la conversación cambia de tercio y se pone interesante. La queja no es que el Estado no exista, sino que existe para empujarte a manos privadas. No hay banco público, luego hay que tener cuenta corriente. No puedes circular sin seguro, luego hay que contratar uno privado. Intentar vivir sin luz o sin agua tiene un precio: no hay cédula de habitabilidad, no se abre el negocio.

La cadena se repite en cada suministro y en cada póliza. Eso no es planificación central. Es un Estado que hace de comercial de oligopolios y después explica que las cosas son así. El desglose de cuántas de esas obligaciones son legales y cuántas son solo inevitables deja cifras que conviene mirar con calma.

¿Hay libre mercado en España?​

El diagnóstico económico se cruza aquí con el político. Una parte sostiene que de neoliberal no tiene nada el sistema: hay intervención por todas partes y el Estado decide, subvenciona y concede. Otra responde que el Estado está a los pies del capital, que las compañías suministradoras hacen lo que quieren y que quien se lleva la peor parte es el asalariado que paga. Las dos descripciones caben en la misma viñeta.

Los controles en el tren que ya existieron​

Llega el contrapunto histórico y es el más demoledor. En los años cincuenta, viajar a Barcelona o Madrid sin poder justificar el motivo ni llevar un contrato de trabajo firmado podía terminar con el viajero de vuelta a su pueblo. Lo hacía un gobierno que no era comunista, precisamente. La norma citada es de 1941, apenas dos años después del final de la guerra, y remite a un texto de septiembre de 1939.

De ahí sale el argumento que desarma media conversación: la servidumbre hacia el Estado tiene siglos y no necesita ninguna etiqueta roja. Obligar a alguien a quedarse en su provincia o a servir en una guerra no lo inventó Marx. Ponerle el sello comunista a un problema administrativo no lo arregla, solo cambia de enemigo.

Congo, Venezuela y el mito de la legislación laboral​

El tramo más áspero llega cuando se discute si menos Estado significa más derechos. Una parte sostiene que donde no hay Estado no hay derechos laborales y lo presenta como prueba de que la regulación protege. La contrarréplica señala que en el Congo existe trabajo infantil esclavo, de modo que usar ese país como ejemplo de legislación restrictiva no se sostiene.

El caso venezolano abre el otro frente. La inamovilidad laboral decretada implica que, desde el 1 de enero de 2023, el empleador no puede despedir, desmejorar ni trasladar a un trabajador sin justa causa calificada antes por el Inspector del Trabajo. Legislación más rígida, economía en ruina: las dos cosas a la vez. Menos regulación en otros sitios, explotación infantil. Ninguna de las dos esquinas resuelve la pregunta de fondo.

Un informe del Banco Mundial que desapareció​

Sale a relucir, de pasada, el Doing Business. El Banco Mundial canceló su informe por posibles irregularidades en su elaboración, con presiones para mejorar la posición de China. Quien lo citaba como termómetro de la libertad económica se quedó sin termómetro. El dato sirve para lo de siempre: los índices también se cocinan.

Dónde se atasca la discusión​

Después de todo este tiempo nadie ha cerrado el círculo. No hay comunismo español que derribar, porque no existe; tampoco hay libertad plena que exhibir, porque los controles siguen ahí. La única coincidencia real es que el problema no es la etiqueta del sistema, sino quién la usa para decidir qué puedes hacer mañana. Y ahí, justo ahí, la conversación se queda sin respuesta.