Condena de 18.000€ por llamar «neonazi» en redes: el caso Fonsi Lefaiza y Dani DSK
¿Es constitucional llamar neonazi a un conocido activista? Un juzgado acaba de dar una respuesta: no, y cuesta 18.000 euros. El influencer o activista conocido como Fonsi Lefaiza (Alfonso Loizo Pérez) ha sido condenado a pagar esa cantidad a Dani DSK por publicaciones en la red social Pam que el tribunal consideró una intromisión ilegítima en el honor. La sentencia, que también menciona otros 21 denunciados, ha reabierto el debate sobre los límites del insulto político en internet.
Los hechos: un fallo con cifras concretas
Según el texto de la sentencia difundido, se estima la demanda presentada por la empresa SooPa –vinculada a Dani DSK– contra Alfonso Loizo Pérez. El tribunal declara que las publicaciones de este último en la red social Pam constituyen una intromisión ilegítima en el derecho al honor y le condena a abonar 18.000 euros. Además, se indica que hay otros 21 denunciados en el mismo procedimiento, lo que apunta a una acción legal coordinada contra quienes hayan vertido acusaciones similares.
Contexto y reacciones: el personaje y la controversia
Dani DSK es una figura conocida en el activismo de calle, con un historial que incluye enfrentamientos durante la pandemia y polémicas sobre okupación. Partidarios de Lefaiza cuestionan que se condene por una etiqueta política («neonazi») cuando el denunciante tiene un pasado de colaboración con medidas restrictivas. Otros, en cambio, celebran que la justicia ponga coto al «discurso de odio» y recuerdan que acusar a alguien de pertenecer a una ideología extrema sin pruebas también puede ser difamatorio.
Lo que no se sabe
El fallo no detalla cuáles fueron exactamente las publicaciones condenadas, y se desconoce si la cantidad se donará a causas benéficas, como algunos sugieren. La sentencia, que puede ser recurrida, abre la puerta a que otros denunciados reciban multas similares.
La ironía del asunto es que ambos protagonistas se han dedicado a repartir calificativos gruesos en redes. La justicia, al menos en este caso, ha puesto precio a una de ellas: 18.000 pavos, como se lee en el auto. Quien tenga la boca suelta que se atenga a las consecuencias.