Feijoo la ha evacuado bien...

La jueza pide los mensajes entre Feijóo y Mazón por la Dana​

Una jueza que instruye el caso de la Dana ha reclamado el registro de llamadas y mensajes entre Alberto Núñez Feijóo y Carlos Mazón para verificar si el líder del PP dijo la verdad cuando afirmó que mantuvo «perfectamente informado» al entonces president de la Generalitat el día de la catástrofe. La petición convierte una frase de rueda de prensa en prueba judicial y abre un frente incómodo: si los mensajes confirman la versión, el PP respira; si la desmienten, el relato de la defensa se agrieta. El asunto se discute en un contexto donde la cifra que sobrevuela todo es la de los fallecidos y donde el foco judicial se ha puesto, de momento, en la comunicación entre cargos públicos y no en la cadena de decisiones que dejó a miles de personas atrapadas entre el barro.

Qué pidió exactamente la jueza y por qué importa​

La instructora, Nuria Ruiz Tobarra, quiere el tráfico de llamadas y wasaps entre ambos dirigentes para contrastar una declaración pública concreta. La clave jurídica es sencilla: si Feijóo dijo que informó a Mazón y los registros lo corroboran, la declaración queda blindada; si no aparecen esos mensajes o aparecen otros distintos, el testimonio queda expuesto. Hay quien sostiene que la diligencia es intrascendente para el fondo del asunto, porque Feijóo no tenía competencias en la gestión de la emergencia. En contra pesa un argumento que circula con fuerza: la veracidad de un dirigente que se postula como alternativa de gobierno también es un asunto público, y los tribunales no son el único escenario donde se dirime.

El PP y la estrategia de la mentira útil​

Una parte del análisis sostiene que el PP se ha metido en un charco innecesario al defender a Mazón con una versión que ahora depende de un registro telefónico. La crítica interna más repetida no va contra la jueza, sino contra el propio Feijóo: se le reprocha haber reaccionado tarde, haber dado explicaciones milimétricas sobre su gestión cuando enfrente nadie las da, y haber convertido una catástrofe en un problema de comunicación. La frase que resume esa corriente es que el PP se ha comido el marrón entero de la Dana mientras el Gobierno central se ha ido de rositas. Y hay quien va más lejos: sostiene que el error de fondo no es la jueza, sino haber aceptado el marco de la discusión.

La jueza, bajo sospecha de parcialidad​

La otra mitad del asunto es la magistrada. Una corriente muy presente en la conversación afirma que la instructora actúa por motivación política y que la diligencia busca un titular contra el PP más que aclarar responsabilidades. Se apunta a la dificultad de encontrar información gráfica sobre ella y a la coincidencia temporal con otros frentes judiciales que afectan al Gobierno. No hay prueba alguna de esa connivencia, y conviene decirlo: es una sospecha, no un hecho. Pero la sospecha circula con la misma naturalidad con la que circuló en su día contra el fiscal general, y eso dice mucho del clima en que se instruye cualquier causa que toque poder.

La pregunta que nadie responde: ¿quién dejó tirada a la gente?

El reproche más duro que atraviesa la conversación no va contra Feijóo ni contra la jueza. Va contra el hecho de que el proceso se centre en si un wasap llegó a las 16:20 o a las 21:35 mientras miles de personas estuvieron días sin ayuda. Se argumenta que el abandono de la población afectada no ha generado ninguna causa equivalente, y que las competencias de la emergencia estaban repartidas entre administraciones que se señalan mutuamente. La apertura de compuertas sin aviso previo, la edificabilidad en zonas inundables y la tardanza en movilizar medios aparecen en la conversación como los asuntos que ninguna diligencia judicial está abordando con la misma intensidad.

El cálculo que no se discute: el coste de la reconstrucción​

Hay un dato que sí aparece con contundencia y que no depende de ningún wasap: la reconstrucción se ha asociado a una nueva emisión de deuda en torno a los 30.000 millones de euros, competencia del Gobierno central. Ese número, apuntado en la conversación como previsible desde el primer día, es el que realmente condiciona el futuro de la zona. El resto —quién llamó a quién, quién mintió y quién se fue de rositas— se dirimirá en los juzgados con la lentitud habitual. Mientras tanto, la pregunta que queda flotando es incómoda: si los mensajes confirman la versión de Feijóo, ¿alguien pedirá disculpas? Si la desmienten, ¿alguien dimitirá?