Fail de Localona: Interior deniega el registro del partido de Macarena Olona

Una abogada del Estado no logra registrar su propio partido​

Alguien que litiga en nombre de la Administración no consiguió que su propia formación superara un control administrativo. El Ministerio del Interior denegó el 6 de junio de 2023 el registro de Caminando Juntos, el partido con el que Macarena Olona pretendía concurrir a las elecciones generales del 23-J, y lo hizo por errores de forma. La promotora del proyecto es, precisamente, abogada del Estado. La noticia se conoció a media tarde y tuvo recorrido inmediato porque el fallo no estaba en el fondo del proyecto, sino en el papeleo.

Su respuesta fue presentar una subsanación y dejar una frase para la hemeroteca: «Nunca hay que empezar un camino sin plan A, B... y Z». Con el expediente en el aire y el calendario apretando, el problema dejó de ser burocrático y pasó a ser aritmético.

El error de forma que tumbó el registro​

Interior comunicó a la formación que no podía inscribirse por defectos formales. La propia afectada lo confirmó al publicar que su partido no podría presentarse a las elecciones «si no conseguimos estas firmas en cada una de las Provincias donde queremos concurrir». Ahí estaba el nudo real: el aval ciudadano.

El detalle tiene guasa tratándose de una jurista del Estado. Enfrente, un equipo jurídico que sí funcionó bajo presión: según se ha contado en conversaciones de gente próxima a Vox, los servicios jurídicos que recurrieron los estados de alarma durante la pandemia lo pasaron mal por errores de forma que casi tumban algunos de aquellos recursos. Es una anécdota atribuida y sin verificación independiente, pero sirve para medir el impacto real de los despistes procesales.

Cuántas firmas necesita un partido nuevo para presentarse​

Aquí aparece la primera contradicción de cifras. La información publicada hablaba de 21.000 firmas; la propia Olona había mencionado 194.000 avales. Ambas cantidades responden al mismo mecanismo, según la explicación que se maneja en el hilo: la ley exigiría un número de firmas proporcional a la población de cada circunscripción a las formaciones sin representación parlamentaria, mientras que quienes ya tienen escaños quedarían exentos.

La consecuencia, según esa misma lectura, es un sistema de dos velocidades: los partidos consolidados nunca han tenido que recoger esas firmas y, una vez dentro, habrían respaldado reformas electorales que endurecen la entrada a los que llegan después. Para un proyecto sin estructura territorial, reunir miles de avales en pocos días es una carrera contra el reloj que se juega provincia a provincia, y el resultado de ese cálculo completo, partida a partida, es lo que decide si un nombre aparece en la papeleta o desaparece del mapa.

La aritmética de escaños: dónde puede rascar Olona​

El segundo filtro es la geografía. Hay provincias que reparten muy pocos diputados —Soria, Teruel, Palencia o Guadalajara— donde obtener un acta exige un porcentaje imposible para una marca recién creada. La pelea real está en Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante, Málaga y Sevilla, los grandes graneros de votos.

Y ni eso está garantizado. En su anterior intento autonómico en Andalucía el resultado fue discreto, según se recuerda en el hilo. En los cálculos que allí se manejan, el escenario más optimista sitúa su techo en un puñado de escaños en las circunscripciones grandes; el pesimista, en cero. Entre ambos extremos hay una variable que no controla: cuánto voto útil se sienta amenazado por su candidatura.

La carta a los cinco grandes: del aval al favor​

El movimiento más llamativo fue la carta remitida a PSOE, PP, Vox, Podemos y Ciudadanos para que pusieran a disposición sus «estructuras internas» y sus bases y facilitaran así la recogida de firmas con el fin de «hacer más grande nuestra democracia». Pedir a los rivales su maquinaria para competir contra ellos no es precisamente lo habitual.

La paradoja no pasó desapercibida: hay quien subraya que se reclama ayuda logística a formaciones a las que el propio discurso sitúa en las antípodas ideológicas. Otra lectura, menos amable, ve en la petición un reconocimiento implícito de que la candidatura carece de músculo propio. Y una tercera corriente sostiene que el objetivo no es tanto gobernar como ocupar espacio mediático: la secuencia de anuncios, presentaciones y gestos —los tacones de distinto color incluidos— encaja con esa interpretación. El contraargumento es obvio: sin estructura previa, cualquier partido nuevo empieza dando titulares porque no tiene otra herramienta.

¿Se registró finalmente Caminando Juntos?​

La versión que circuló después apuntaba a que el registro acabó concediéndose. Si el expediente se resolvió sin las firmas exigidas, la duda que se abre es con qué amparo legal, porque una excepción sobre un requisito reglado obliga a preguntarse cuántos pasos del procedimiento se apartaron de la norma. Cabe también la lectura contraria: que la subsanación bastara porque el defecto era, efectivamente, de forma y nada más.

Entre la denegación inicial y un desenlace poco claro, hay quien ve en la legislación electoral un doble rasero: un requisito que unos nunca cumplen y otros no pueden cumplir a tiempo. Mientras tanto, para algunos participantes el partido que nació como plataforma personal avanza con más pinta de operación de márketing que de proyecto orgánico.

Con el registro resuelto —o no— de forma opaca, la pregunta que queda abierta es incómoda: si reunir avales es tan fácil para quien ya está dentro, ¿por qué se exigen con tanto celo a quien intenta entrar?