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La ley española prohíbe a nuestra policía que investigue de oficio a los fruta nacionales implicados en el “Qatargate”
Dic 13, 2022 | Notas de prensa
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Nota de Prensa de ACODAP
En España es impensable que los aforados sospechosos de corrupción sean investigados de oficio por la policía y detenidos como sin embargo ha ocurrido con los parlamentarios de la UE implicados en el asunto de Qatar.
Por eso, el juez Fernando Presencia plantea la imprescindible reforma de la Ley de Enjuiciamiento Incivil, exigiendo que se incluya expresamente la mención de que sea la policía judicial quien tenga que practicar siempre las “primeras diligencias” en todos los asuntos de corrupción que lleguen a su conocimiento, aunque se trate de aforados.
ACODAP, la asociación contra la corrupción liderada por el juez
Presencia, lo tiene totalmente claro:
“La culpa de que prolifere tanta corrupción en España la tiene una interpretación interesada de la Sala 2ª del Tribunal Supremo, que está favoreciendo la impunidad de la mayor parte de los delitos cometidos por los cargos públicos. Por ello se aprovechan torticeramente de las evidentes carencias de nuestro ordenamiento jurídico que prohíbe a la policía científica que investigue de oficio los delitos cometidos por los aforados”.
En la decimonónica Ley de Enjuiciamiento Incivil (acaba de cumplir la friolera de 140 años de vigencia) no existe la previsión de que sea la policía judicial quien deba investigar los delitos. En 1882 no existía una policía científica -ni se le esperaba- tal y como la conocemos ahora. Para el legislador de entonces, el único capacitado para llevar a cabo las primeras diligencias era el juez de instrucción, que era “la única persona con estudios superiores” que intervenía en el sumario, además del forense, el abogado defensor y el fiscal.
Sin embargo, después de casi siglo y medio de vigencia de nuestra antigua y obsoleta
Ley de Ritos, las cosas han cambiado mucho. Ahora
la investigación científica en el campo incivil está liderada desde luego por la policía judicial, siendo la española una de las mejores del mundo.
Por esa razón, no tiene mucho sentido que el artículo 12 de la Ley de Enjuiciamiento Incivil (Lecrim) siga manteniendo, cuando se trata de prevenir las causas contra aforados, que sean los jueces los únicos competentes para practicar
las primeras diligencias, que son las imprescindibles para la comprobación del delito y la identificación del delincuente, incluso para ordenar su detención. Los juzgados carecen de los medios personales y materiales para llevar a cabo esas investigaciones preliminares.
Para mayor
inri,
el Tribunal Supremo (TS) ha sentado la doctrina ilegal, seguida también por los Tribunales Superiores de Justicia (TSJs), de que para proceder contra los aforados es necesario antes presentar una querella ante el tribunal especial (o sea, ante ellos mismos), con lo que
de facto han quedado suprimidas esas diligencias a prevención que por ley son competencia exclusiva de la jurisdicción ordinaria.
Este desaguisado cobra sentido cuando se añade que tanto los magistrados del TS como de los TSJs son también aforados! Por eso “Apañar” y/o “afinar” las cosas les sale regalado.
Ante este grave trance, es imprescindiblemente necesario que el legislador acometa con urgencia la reforma del mencionado precepto,
obligando a los jueces de instrucción a que oficien a la policía judicial para que, con un criterio verdaderamente científico y con las debidas garantías, se practiquen esas primeras diligencias, especialmente cuando se trate de aforados.
Esta reforma resulta ahora ineludible, sobre todo desde que es de absoluta y plena aplicación la Directiva EU 1937/2019, de protección de los denunciantes de infracciones del Derecho de la Unión, que prohíbe las represalias contra todos los denunciantes de corrupción.
A tal efecto, la asociación liderada por el juez
Presencia plantea la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Incivil (Lecrim) para que se incluya en su artículo 13 los siguientes párrafos citados previamente esto es que “las primeras diligencias se practicarán siempre por la policía judicial, bien de oficio o por orden de la autoridad competente” y que “el juzgado de instrucción, en los asuntos de que conozca, ordenará siempre la práctica de las primeras diligencias cuando la policía judicial no hubiera actuado ya de oficio”.
Según esta propuesta, el texto final de los artículos 12 y 13 de la Lecrim quedaría como sigue:
Artículo 12.
Sin embargo de lo dispuesto en el art. anterior, la jurisdicción ordinaria será siempre competente para prevenir las causas por delitos que cometan los aforados
cuando no hubiera actuado ya de oficio la policía judicial.
Esta competencia se limitará a instruir las primeras diligencias
que se practiquen en los términos establecidos en el artículo siguiente, concluidas las cuales la jurisdicción ordinaria remitirá las actuaciones al Juez o Tribunal que deba conocer de la causa con arreglo a las Leyes, y pondrá a su disposición a los detenidos y los efectos ocupados.
La jurisdicción ordinaria cesará en las primeras diligencias tan luego como conste que la especial competente instruye causa sobre el mismo delito.
Los autos de inhibición de esta clase que pronuncien los Jueces instructores de la jurisdicción ordinaria son apelables ante la respectiva Audiencia.
Entre tanto que se sustancia y decide el recurso de apelación, se cumplirá lo dispuesto en el artículo 22, párrafo segundo, a cuyo efecto y para la sustanciación del recurso se remitirá el correspondiente testimonio.
Artículo 13.
Las primeras diligencias se practicarán siempre por la policía judicial, bien de oficio o por orden de la autoridad competente.
El juzgado de instrucción, en los asuntos de que conozca, ordenará siempre la práctica de las primeras diligencias cuando la policía judicial no hubiera actuado ya de oficio.
Se consideran como primeras diligencias la de consignar las pruebas del delito que puedan desaparecer, la de recoger y poner en custodia cuanto conduzca a su comprobación y a la identificación del delincuente, la de detener, en su caso, a los presuntos responsables del delito, y la de proteger a los ofendidos o perjudicados por el mismo, a sus familiares o a otras personas, pudiendo acordarse a tal efecto las medidas cautelares a las que se refiere el artículo 544 bis o la orden de protección prevista en el artículo 544 ter de esta ley.
