Noticia: "Estaran en la peninsula, en manos privadas, pero la tutela legal sera de Ceuta"

Quinientos menores, tutela de Ceuta y gestión privada en la península

Que la tutela legal se quede en Ceuta mientras los menores duermen a mil kilómetros, en manos de entidades privadas, es una fórmula que no admite medias tintas: o es un ejercicio de flexibilidad administrativa o un avance hacia un modelo de tutela a distancia sin precedentes. La noticia, avanzada por medios y confirmada por quienes siguen el caso, apunta a que más de 500 niñas y adolescentes serán trasladadas a la España peninsular con gestión privada, pero con la responsabilidad legal de la ciudad autónoma.

Un traslado que levanta más preguntas que respuestas​

La cifra no es menor: más de 500 menores. La fórmula tampoco: estarán en la península, en manos privadas, pero la tutela legal seguirá siendo de Ceuta. ¿Quién rinde cuentas si algo falla? ¿Qué mecanismo de control se aplicará sobre esas entidades a cientos de kilómetros de la autoridad tutelar? Por ahora, ninguna respuesta oficial ha detallado el régimen de estancia, los plazos ni el modelo de supervisión.

Las críticas apuntan a una decisión política​

El anuncio ha reabierto el debate sobre la gestión de los menores no acompañados. Hay quien lo lee como una medida humanitaria para aliviar la saturación de los centros de Ceuta; también quien sostiene que la fórmula elegida –tutela ceutí con ejecución privada en la península– desdibuja la responsabilidad pública y deja un flanco jurídico complejo. Las acusaciones de oportunismo político han aparecido con rapidez, aunque la decisión se enmarque en la protección del interés del menor.

La sombra de la gestión privada​

La participación de entidades privadas no es nueva en el sistema de protección, pero la combinación con la tutela a distancia sí lo es. El precedente abre la puerta a un modelo en el que la administración competente delega la ejecución pero conserva la titularidad legal. Previsiblemente, el Gobierno lo presentará como una solución pragmática; la duda razonable es si el marco legal está preparado para responder cuando la distancia se convierta en un problema. Con esta decisión, Ceuta deja de ser el lugar de residencia de los menores que tutela, pero no su responsabilidad. El tiempo dirá si la tutela a distancia con gestión privada funciona o si se convierte en un precedente incómodo que otros territorios podrían imitar sin la infraestructura de control necesaria.