Barbacoas en alerta máxima: la prohibición que no frena a nadie
La Policía Foral sorprende a un grupo haciendo barbacoas en el medio natural de Goizueta, Cortes y Lekunberri en plena alerta por riesgo de incendios. El vídeo, difundido por
Pamplona Actual, muestra la escena: fuego portátil, monte seco y ni un solo vigilante. La sanción, si llega, será económica. El daño potencial, no.
La discusión que ha generado el caso va mucho más allá de la anécdota. Hay quien pide
multa arruinante por imprudencia grave y expulsión del país. Hay quien responde que en la zona verde de Goizueta, con helechos y humedad atlántica, provocar un incendio es casi una proeza. Y hay quien recuerda que la prohibición existe porque el año anterior algo ardió.
Qué ha pasado exactamente en Goizueta y Lekunberri
La Policía Foral de Navarra ha sorprendido a varios grupos haciendo barbacoas en espacios naturales de Goizueta, Cortes y Lekunberri. La práctica está prohibida durante los periodos de alerta por riesgo de incendio. En el vídeo se cuentan al menos
doce personas en una sola de las escenas, con una barbacoa portátil instalada junto al río, sin autorización ni supervisión.
La reacción mayoritaria en el debate ha sido de condena sin matices. Se argumenta que la prohibición no admite interpretaciones y que la multa debería ser ejemplar. Una corriente más dura pide directamente la expulsión del país si los infractores son extranjeros. Otra parte del análisis responde con un dato incómodo: en esa zona concreta, rodeada de helechos y con clima oceánico, el riesgo real de incendio es bajo. La prohibición, sostienen, responde a una lógica preventiva general, no a una evaluación del terreno concreto.
El problema no es la barbacoa, es la gestión del monte
Aquí es donde el asunto se complica. Una parte del análisis señala que el Gobierno de Navarra no ha hecho nada tras los incendios de
2016 y 2022, salvo prohibir. Se critica que la administración no gestiona el combustible vegetal, no limpia el monte y no apoya al sector agrario, pero sí multiplica las restricciones. La consecuencia, dicen, es que el medio rural está hasta las narices de normas que no resuelven nada.
El contraargumento es igual de sólido: un particular desbrozando con un tractor provocó un incendio, y otro fuego en una zona donde nunca pasaba nada dio paso a la prohibición de las barbacoas. Es decir, la norma no nace del capricho, sino de incidentes reales. El problema es que la norma se aplica por igual en el secarral de Carcastillo que en la umbría húmeda de Goizueta.
Multas, expulsiones y el debate que no se cierra
La propuesta más repetida es la
multa arruinante por imprudencia grave. El argumento: si la sanción es simbólica, nadie respeta la prohibición. La objeción: en la mayoría de los casos ni siquiera se tramita el expediente, porque la administración solo persigue lo que puede cobrar por embargo. La sensación de impunidad, sostienen, es el verdadero problema.
Hay quien va más allá y pide expulsión del país para los infractores extranjeros. Y hay quien responde con un dato histórico: desde principios del siglo XIX, los nacidos en antiguas colonias españolas tienen la nacionalidad española de origen, igual que un portugués o un filipino. La discusión sobre quién es extranjero en España, en este contexto, se vuelve un laberinto.
El humo que despista a los bomberos y otras consecuencias
Entre los argumentos más concretos que han aparecido en el análisis hay uno que no es menor: el humo de una barbacoa puede despistar a los servicios de extinción en plena alerta. Si hay un incendio declarado a varios kilómetros, una columna de humo adicional complica la localización del foco real. No es un riesgo teórico, es una interferencia operativa.
A eso se suma la cuestión de la propiedad del espacio. Los ríos, embalses y parques públicos se han convertido en el único lugar de ocio gratuito para muchas familias. La presión sobre esos espacios crece cada verano, y con ella los conflictos. La prohibición de bañarse en ríos ya existe en muchos tramos. La de hacer fuego, también. El cumplimiento, no.
El caso de Goizueta deja una pregunta sin respuesta: si la zona es húmeda y el riesgo bajo, ¿por qué se prohíbe? Si la zona es seca y el riesgo alto, ¿por qué no se vigila? La administración ha optado por prohibir en bloque y delegar la vigilancia en la buena voluntad. El resultado es el de siempre: unos cuantos se saltan la norma, nadie les multa, y el debate se llena de gente pidiendo mano dura contra los que no son como ellos. Mientras tanto, el monte sigue sin gestionarse.