Italia trata a España como no Schengen: el coste de ser el socio apestado
¿Qué implica en la práctica que un país miembro te considere “territorio no Schengen”? Para el turista que aterriza en Roma o Milán con billete desde Madrid, el cambio es tangible: controles de pasaporte, colas, preguntas incómodas sobre el motivo del viaje. Para la economía española, el coste se mide en horas perdidas, en fricción comercial y en un mensaje político demoledor: España ya no es un socio de fiar en el control de sus fronteras externas.
La medida, atribuida a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, no ha sorprendido a los analistas que siguen la deriva securitaria de la UE. Pero hay lecturas encontradas sobre su calado real. Una corriente sostiene que es puro teatro político: sacar pecho ante una opinión pública que pide mano dura mientras en Italia, la entrada irregular de personas migrantes no se detiene y las expulsiones efectivas son testimoniales. La otra corriente, más alarmista, ve en este gesto el anticipo de un aislamiento europeo de España, con un Gobierno al que se acusa de haber “acordado” el tránsito de migrantes hacia el norte.
Detrás del pulso hay una batalla que no aparece en los titulares: la distribución de fondos europeos para la manutención de las personas recién llegadas. Cuantos más migrantes queden “registrados” en países como Italia, más recursos reciben. Y si España se convierte en la puerta de entrada sin asumir costes, el agravio comparativo se hace insostenible para los socios del sur.
El resultado, de momento, es una frontera psicológica donde antes había libre circulación. La burocracia, otra vez, como arma política. Y un aviso para quienes pensaban que el espacio Schengen era un cementerio de fronteras: no, solo estaba en coma.