¡Escándalo del pp! un ministerio al servicio de los ricos: leyes a la carta, sobresueldos y más de 30 imputados

Hacienda a la carta: Montoro y la red de leyes para ricos​

El secreto de sumario se levanta y deja a la vista un mecanismo que no se parece a un error administrativo. El Ministerio de Hacienda, bajo el mando de Cristóbal Montoro, habría funcionado como una oficina de favores legislativos: informes a medida, fichas personales de adversarios políticos y una red de hasta 16 empresas instrumentales para desviar fondos. La cifra que resume el escándalo no es el número de imputados, sino el ahorro fiscal que habrían conseguido las empresas vinculadas al despacho del exministro: casi mil millones de euros desde 2014.

La causa acumula 17 tomos. El juez imputa a Montoro y a nueve de sus altos cargos por siete delitos, varios de corrupción. En total, más de 30 personas señaladas, entre secretarios de Estado, subsecretarios, directores generales y el propio director de la Agencia Tributaria. La acusación sostiene que el equipo de Montoro preparó informes para librar al PP de un delito fiscal en el caso de la caja B y que desde Hacienda se elaboraron fichas con datos confidenciales contra Juan Carlos Monedero, fundador de Podemos. La instrucción sigue abierta y no hay condena firme sobre ninguno de los investigados.

Qué revelan los correos de Equipo Económico​

Los correos incautados a la consultora Equipo Económico, fundada por Montoro, son el corazón del sumario. En uno de los mensajes, su jefe de Gabinete sugiere reducir artificialmente la cantidad defraudada para que no constituyera delito. Esa versión coincidió después con la que Hacienda envió al juez. La sospecha no es que hubiera un despiste contable, sino que el criterio técnico se ajustó al interés del investigado.

El despacho no trabajaba gratis. Codere pagó 679.000 euros a la consultora mientras se legislaba a su favor en el sector del juego online, según un informe de los Mossos aportado al sumario. La Guardia Civil cifra en 673.500 euros los pagos de empresas gasistas a Equipo Económico. Un nuevo informe apunta a transferencias directas a los socios de los pagos que hacían las empresas para tratar de conseguir rebajas fiscales a la carta.

La estructura financiera añade capas. La investigación detectó 16 sociedades sin empleados, actividad ni sede conocida, ligadas a los socios del despacho, que pudieron usarse para canalizar dinero hacia Irlanda, Luxemburgo o Italia. También hay ingresos procedentes de Colombia, Panamá y Reino Unido. El despacho sostiene que los correos clave son nulos y califica la instrucción de prospectiva, sostenida durante más de siete años bajo secreto de sumario.

Cuánto se ahorraron las empresas con las rebajas fiscales​

Los documentos incorporados a la causa cifran entre 50 y 136 millones el impacto anual para las arcas públicas de la rebaja en el Impuesto de la Electricidad. A ello se suma lo que dejaron de pagar las empresas por los cambios en el Impuesto de Actividades Económicas. El total acumulado desde 2014 se acerca a los mil millones de euros, según los cálculos que maneja la acusación. Son cifras que convierten el caso en algo más que una trama de tráfico de influencias: es una transferencia de rentas desde lo público a lo privado, ejecutada desde dentro del propio ministerio que debía vigilarla.

Administraciones Públicas alertó de las posibles reclamaciones de algunas comunidades autónomas, encargadas de la gestión del tributo eléctrico. Galicia, gobernada entonces por Feijóo, aparece en el rastro documental. El PSOE ha exigido explicaciones por el pago de 170.000 euros de la Xunta al despacho de Montoro entre 2009 y 2011, aunque el Gobierno gallego ha descartado abrir una investigación al considerar que no hay motivo.

Por qué el caso salta ahora y no antes​

La causa se abrió en 2017, con Rajoy todavía en La Moncloa. Ese detalle alimenta la principal línea de sospecha: que el sumario haya permanecido bajo secreto durante años y se levante en un momento de debilidad del Gobierno actual. Hay quien sostiene que la Justicia actúa con lentitud cuando el investigado es el PP y con urgencia cuando el foco apunta al Ejecutivo socialista. Enfrente pesa un argumento técnico: el proceso lo instruye un juzgado de Tarragona con los Mossos, y ese aislamiento habría servido precisamente para evitar filtraciones y destrucción de pruebas.

La fiscal del caso, Carmen García Cerdá, se quejó por escrito de la pasividad de la UCO. «Los guardias civiles de Balas no quieren hacer nada», protestó al fiscal jefe Anticorrupción, en medio de un enfrentamiento por querer ampliar la investigación al uso de datos confidenciales para atacar a adversarios políticos. La instrucción también mira hacia Rodrigo Rato, Esperanza Aguirre y periodistas que publicaron escándalos del entorno del exministro.

El tráfico de leyes como modelo de negocio​

La expresión que mejor describe lo que aparece en los tomos no es corrupción clásica, sino tráfico de leyes. Un gobierno creando normativa a medida a cambio de cantidades ingentes de dinero. El BOE como herramienta comercial. La causa conecta además con una red de empresas que contrataron al despacho: Ence, Codere, gasistas. Todas con intereses regulatorios concretos.

La defensa de los investigados se apoya en un argumento que merece examen: las consultoras son habituales en España, las contratan asociaciones de empresas y cobran sumas elevadas por su interlocución con la Administración. Es cierto. Lo que está en cuestión no es la existencia del oficio, sino si el criterio técnico del ministerio se plegó al interés del cliente. Ahí es donde los correos dejan de ser un trámite y se convierten en prueba.

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Con 17 tomos y más de 30 imputados, la causa tiene recorrido para años. Si la instrucción se mantiene y llega a juicio, el PP tendrá que explicar por qué su cúpula económica pasó por Hacienda sin dejar rastro de estas operaciones. Si el despacho consigue anular los correos, el caso se deshincha. Ninguna de las dos cosas está decidida.