Entras, pones el importe de tu última factura eléctrica, lloras y te vas.

La factura de la luz se dispara: 733 kWh y 199 € con bono social​

Un recibo de 199,06 € por 733 kWh consumidos entre el 8 de diciembre y el 9 de enero. Es el caso que abre la comparativa: contrato PVPC con bono social del 60%, 5,75 kW de potencia contratada en punta y valle, y un desglose que deja el término de energía en 247,51 € antes de descuentos. La rebaja del bono social resta 81,40 €, el impuesto eléctrico suma 0,90 €, el alquiler del contador 0,85 € y el IVA reducido del 10% añade 18,10 € sobre una base de 180,96 €. El resultado final es el que duele.

La cifra no es un caso aislado. En el mismo periodo, hay quien declara haber pagado 90 € sin bonificaciones, con tres televisiones, cuatro ordenadores y dos equipos de sonido funcionando a diario. Otro consumidor asegura haber pagado 42 € con un sistema que evita el contador. Un tercero, con casi 800 kWh y sin bono social, se fue a casi 300 €. La comparativa desmonta la idea de que el consumo explica por sí solo la factura.

¿Por qué la factura de la luz sube tanto con PVPC?​

El PVPC, o precio voluntario al pequeño consumidor, es la tarifa regulada que traslada al recibo la volatilidad del mercado mayorista. En la práctica, eso significa que el precio del kWh cambia cada hora y el consumidor asume el riesgo. Quien se pasó al mercado libre con precio fijo hace meses, cuando la electricidad estaba barata, tiene ahora una factura muy inferior. Quien sigue en la regulada, paga la fiesta.

El desglose del recibo inicial es elocuente: 13,10 € por potencia contratada y 247,51 € por energía consumida. El bono social del 60% rebaja 81,40 €, pero no compensa el golpe. El impuesto eléctrico queda en 0,90 € y el IVA reducido del 10% se aplica sobre 180,96 €. La conclusión es que el término de energía se come el recibo, y la potencia contratada, aunque parezca alta, es lo de menos.

Hay quien sostiene que el problema no es el consumo, sino el diseño de la tarifa. Un participante con 3,3 kW contratados y gas para cocina y agua caliente declara haber pasado de 90 € a 140 €. Otro, con 2,3 kW y 155 kWh, pagó 65 € en diciembre, frente a 31 € el mismo mes del año anterior por un consumo casi idéntico. La comparación es demoledora: mismo consumo, más del doble de factura.

El bono social: quién lo cobra y por qué genera polémica​

El bono social es una ayuda destinada a consumidores vulnerables, pero su aplicación genera dudas. En el caso inicial, se aplica un descuento del 60% sobre una factura de 199,06 €, lo que deja el recibo final en esa cifra. La potencia contratada de 5,75 kW y un consumo de 733 kWh en un mes no encajan con el perfil típico de un hogar en situación de vulnerabilidad, según varios participantes.

La polémica está servida. Hay quien calcula que un hogar medio con 3,45 kW y 200 kWh mensuales, familia de cuatro miembros y gas para cocina y calentador, no recibe el bono social. La comparación entre el consumo del caso inicial y el de una familia tipo alimenta la sospecha de que el sistema de ayudas no está bien focalizado. El debate no es nuevo, pero la subida de precios lo ha puesto en primer plano.

Del PVPC al precio fijo: la estampida de consumidores​

La decisión de abandonar la tarifa regulada se ha convertido en tendencia. Varios participantes confirman haber iniciado el cambio a tarifas fijas de compañías como Endesa, Repsol o Iberdrola. El argumento es simple: si el precio del kWh en el mercado mayorista se dispara, una tarifa fija protege al consumidor durante el periodo pactado. El riesgo es que el precio fijo se contrate en un momento de precios altos y la protección se convierta en condena.

El cálculo que manejan quienes se pasan es que el término de energía en PVPC puede superar los 0,30 €/kWh en horas punta, mientras que una tarifa fija ronda los 0,20 €/kWh. La diferencia, multiplicada por 700 kWh, son más de 70 € al mes. No es poca cosa. Pero hay quien advierte de que las tarifas fijas también suben cuando toca renovar, y que el mercado libre no es una ONG.

El consumo responsable: bajar la potencia y apagar el horno​

La respuesta de una parte de los consumidores ha sido reducir el consumo por la vía rápida. Bajar la potencia contratada de 5,75 kW a 3,3 kW es una medida recurrente. También lo es dejar de usar el horno y sustituirlo por el microondas, cocinar para varios días y concentrar el gasto en las horas de tarifa más barata. Un participante explica que cocina a las 14:01 para aprovechar la franja llana y que calienta la cena en el microondas en lugar de encender la vitro.

El ahorro puede ser notable, pero tiene límites. Quien ya consume poco no tiene margen. Un participante con 155 kWh mensuales y 2,3 kW contratados declara que no puede reducir más. Otro, con 205 kWh, paga 34 €. La paradoja es que los que menos consumen son los que menos pueden ahorrar, mientras que los que más consumen tienen más margen para recortar. El sistema no premia el ahorro, lo castiga.

La comparación europea y el coste de la energía​

El precio de la electricidad en España depende en gran medida del precio del gas en los mercados internacionales, del coste de los derechos de emisión de CO2 y de la fiscalidad. La subida del gas ha arrastrado al alza el precio del mercado mayorista, y el PVPC lo traslada al consumidor con poco margen de maniobra. Las tarifas fijas ofrecen cierta protección, pero no son inmunes a la evolución de los costes.

La comparación con otros países europeos es inevitable. En Francia, la tarifa regulada está intervenida y los aumentos son más moderados. En Alemania, el precio de la electricidad es históricamente alto, pero la renta media también lo es. En España, el esfuerzo sobre la renta disponible es mayor. El resultado es que la factura eléctrica se ha convertido en un factor de tensión social.

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La conversación deja un dato que descoloca: un consumidor con 2,3 kW contratados y 155 kWh pagó 65 € en diciembre, frente a 31 € el mismo mes del año anterior. El consumo fue prácticamente idéntico. La factura se dobló. Con estos números, la pregunta no es si la luz está cara, sino cuánto tiempo más va a sostener el consumidor el golpe sin cambiar de tarifa, de hábitos o de comercializadora.