En TVE dicen que investigar al PSOE es un golpe de estado

En TVE, investigar la corrupción del PSOE ya es golpe de estado​

Un juez pide a la UCO que busque nuevos indicios sobre Begoña Gómez. Horas después, en la televisión pública, un analista sentencia que la instrucción es «clarísima» campaña política. Y en el mismo plató se instala la idea de que quien investiga al Gobierno no cumple la ley, sino que la dinamita. El marco ya no es si hay delito: es si el juez tiene derecho a buscarlo.

La secuencia, tal como quedó registrada en la conversación pública, es casi un manual. Primero se filtra la diligencia. Luego se discute la legitimidad del instructor, no el contenido del auto. Y al final se instala la palabra que lo cierra todo: golpe. Quien la pronuncia no la matiza. Quien la escucha, tampoco.

De la causa a la conspiración: cómo se construye el marco​

El núcleo del asunto es sencillo de enunciar y difícil de sostener: un magistrado solicita a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil que verifique si existen nuevos indicios para ampliar la investigación sobre la esposa del presidente del Gobierno. Eso es, en términos procesales, una diligencia ordinaria. En términos televisivos, según el relato que se emitió, es una instrucción política disfrazada de auto.

La pieza clave no es el juez. Es el encuadre. Al presentar la diligencia como parte de una operación mayor —mediática, judicial, económica—, el debate deja de ser jurídico y pasa a ser existencial: el Estado de derecho aparece no como el marco que permite investigar, sino como el obstáculo que hay que sortear. Hay quien sostiene que esa inversión es exactamente el objetivo del relato. En contra pesa un argumento incómodo: si el juez se extralimita, existen recursos, apelaciones y tribunales superiores. La ley no se defiende en un plató.

El precedente Aznar: cuando el «golpe» era otro​

La comparación apareció pronto y no es casual. Se recordó que en los años noventa se habló de una maquinaria mediático-judicial que habría contribuido a desgastar al último Gobierno socialista de Felipe González, con episodios como Filesa, Malesa o el caso Roldán. Aquello no fue un golpe de estado en el sentido clásico —no hubo tanques— pero sí una acumulación de causas, filtraciones y campañas que terminó por agotar un ciclo político.

La ironía es que hoy se usa ese mismo precedente para acusar al adversario de hacer lo que entonces se celebró como periodismo de investigación. La simetría no la establece un tribunal: la establece quien la necesita para justificar su marco. Y esa es, precisamente, la parte que nadie discute en pantalla.

La televisión pública como campo de batalla​

El segundo frente es el medio. La discusión derivó rápidamente hacia el papel de RTVE: si es un servicio público o un altavoz de parte. La crítica más repetida apunta a que la cadena ha dejado de ser árbitro para convertirse en jugador, y que sus espacios de análisis funcionan como validación de una tesis previamente fijada.

El contraargumento es conocido: la televisión pública siempre ha estado bajo influencia del Gobierno de turno, y lo que ahora se denuncia se denunció también cuando gobernaba el Partido Popular. Lo que cambia, sostienen algunos, no es el fenómeno sino la intensidad y la ausencia de pudor. La pregunta que queda flotando es incómoda: si el medio público es el que define qué es un golpe, ¿quién vigila al que vigila?

El electorado que no ve la tele y decide igual​

Aquí aparece el dato que descoloca a cualquier estratega. Buena parte del consumo televisivo se concentra en franjas de población de edad avanzada, con hábitos de visionado estables y una altísima participación electoral. Es decir: el espectador que muchos dan por amortizado es, en términos de urna, el más fiable de todos.

De ahí que el argumento de «yo no veo la tele» sea, electoralmente, irrelevante. El mensaje no necesita convencer a quien no está delante del aparato: necesita movilizar a quien sí lo está. Y esa asimetría explica por qué la batalla por el relato se libra en un medio que muchos consideran residual y que, sin embargo, sigue fijando el marco de la conversación para el votante medio.

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Queda el dato que nadie quiere mirar de frente: mientras se discute si un juez puede investigar, la causa sigue su curso, los recursos siguen su tramitación y el calendario electoral sigue corriendo. El relato del golpe no detiene nada. Solo decide quién llega a las urnas creyendo que está defendiendo la democracia de alguien que, precisamente, la está usando.