En espera de la huelga general (Mikel Buesa en La Razón)

Mikel Buesa advierte en La Razón de que el proceso hacia una huelga general en España se está envolviendo en una violencia que, de momento, se le escapa al Gobierno de Sánchez. El artículo vincula ese escenario con la tradición marxista-leninista de la huelga general como vía hacia la conquista del poder político.

El catedrático de Economía Mikel Buesa firma en La Razón un artículo en el que sostiene que el proceso que conduce a una huelga general en España se está envolviendo en una violencia que, de momento, se le escapa de las manos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La tesis central es que el Ejecutivo habría dejado hacer a determinados grupúsculos, e incluso los habría alentado frenando la acción represiva de los cuerpos policiales, con la idea de que eso le beneficiará en las elecciones. Buesa califica esa lectura de mera hipótesis que pudiera no verificarse.

La huelga general como herramienta revolucionaria

Buesa arranca recordando que, en el imaginario marxista-leninista, la huelga general es uno de los aspectos fundamentales de la lucha de clases y, por tanto, del motor de la historia. La huelga general permite, según esa tradición, superar las reivindicaciones económicas de la clase obrera para transitar hacia la conquista del poder político. Se constituye así en núcleo básico del proceso revolucionario que dará lugar, si tiene éxito, a la emancipación de los oprimidos bajo un régimen socialista del que emergerá la sociedad sin clases.

El artículo repasa la revolución de octubre de 1917 en Rusia como ejemplo que los comunistas contemplan como prueba acabada de la viabilidad histórica de sus aspiraciones. Buesa matiza que esa lectura simplifica: el proceso que condujo a dar el poder al Soviet de Petrogrado, hábilmente usurpado por el partido bolchevique, estuvo sujeto a numerosos elementos contingentes que podrían haber abortado las aspiraciones totalitarias de Vladimir Ilich Lenin. El fracaso fue, en casi todas las ocasiones, desde los espartaquistas de Rosa Luxemburgo en adelante, el resultado de la supuesta ciencia revolucionaria inspirada en Marx y Lenin con la que se trató de emular el curso de los acontecimientos que condujeron a la Unión Soviética.

De la Transición a los grupúsculos actuales

El texto enlaza ese bagaje con el presente español. Según Buesa, en medio de la confusión creada por el asunto de Maricarmen, algunos grupúsculos bolcheviques, con el auxilio sindical de UGT y CCOO, añoran reemprender la experiencia de los dos partidos comunistas —el marxista-leninista y el reconstituido— que, en el filo de la Transición, con sus respectivos grupos armados, el FRAP y los GRAPO, se lanzaron a la guerra revolucionaria.

La afirmación sobre el papel de los sindicatos es una tesis del autor, no un hecho acreditado. Buesa sostiene que Sánchez, creyendo que ello le beneficiará en las elecciones, les ha dejado hacer e incluso les ha alentado frenando la acción represiva de los cuerpos policiales. Añade que el presidente piensa, seguramente, que tiene todo bajo control, aunque ello no deje de ser una mera hipótesis que pudiera no verificarse.

La violencia que se escapa de las manos

El cierre del artículo es el que da título al texto. Buesa afirma que el proceso que conduce a la huelga general se está envolviendo en una violencia —en Madrid, La Coruña, Barcelona y Bilbao— que, de momento, se le escapa de las manos a Sánchez. No cuantifica esa violencia ni aporta cifras de incidentes, detenciones o daños. La advertencia se queda en el terreno del diagnóstico político.

Conviene separar lo que es análisis de lo que es pronóstico. Que una huelga general sea convocada, que esa convocatoria sea legal o ilegal y que derive o no en episodios violentos son cuestiones distintas, y ninguna de ellas está resuelta en el texto. La calificación jurídica de una huelga general depende de la convocatoria concreta y de su cumplimiento de los requisitos legales, no de la etiqueta que se le ponga antes de que exista. Cualquier lectura de este debate en clave de inversión o de riesgo político debería tomarse con cautela y contrastarse con fuentes jurídicas y estadísticas oficiales.