Buxadé afirma que Sánchez llevó francotiradores a Hospitalet
El despliegue de seguridad que acompaña a Pedro Sánchez en sus actos públicos ha dejado de ser discreto, según el relato que circula entre quienes siguen estos actos. En su visita a Hospitalet de Llobregat, el presidente del Gobierno se movió escoltado por agentes con subfusiles de guerra y, según el relato del eurodiputado de Vox Jorge Buxadé, con tiradores de élite apostados en las azoteas. La imagen, difundida por Buxadé, contrasta con la que él mismo dibuja del barrio: vecinos que, dice, «han de ir inseguros por la calle» y a los que, si se quejan o se defienden, se les llama fachas.
La escena no es nueva. Hay quien recuerda despliegues similares en el PTA de Málaga desde 2018, con vigilancia en los tejados. Lo que cambia es el contexto político: un presidente que ha convertido la seguridad en escenografía y la escenografía en argumento electoral.
Qué se vio en Hospitalet y qué dice el propio Buxadé
El material de partida es un tuit de Buxadé en el que afirma que Sánchez «se lleva hasta francotiradores de élite» mientras los vecinos del barrio afrontan la inseguridad sin protección. La acusación no viene acompañada de imágenes propias del despliegue, pero sí de la constatación de que el dispositivo incluye escoltas armados con fusiles.
La comparación que hace el eurodiputado es explícita: protección máxima para el presidente, desamparo para el ciudadano común. Y remata con una advertencia: quien se queja o denuncia acaba etiquetado. Es el marco en el que se mueve buena parte de la conversación posterior.
El coste de cada salida y quién lo paga
El argumento económico aparece pronto. Cada desplazamiento de este tipo moviliza a decenas de agentes, vehículos y dispositivos de vigilancia. Hay quien calcula que cada salida cuesta miles y miles de euros, y lo contrapone a la persecución fiscal de un autónomo o de una vecina que no emite factura. La asimetría, sostienen, no es un detalle: es el modelo.
La crítica no apunta solo al presidente. También a la estructura policial que diseña y ejecuta el dispositivo. Se argumenta que ningún mando policial plantea la alternativa obvia: reducir la comitiva a dos guardaespaldas sin armas de fuego y predicar con el ejemplo. La pregunta que flota es por qué no se hace. La respuesta que se da en voz baja es que la inercia del cargo pesa más que cualquier criterio de ejemplaridad.
De Mussolini a Ceaucescu: los paralelismos que se manejan
El repertorio de comparaciones históricas es amplio y no precisamente halagüeño. Se menciona a Mussolini, a Ceaucescu, al Padrino. La idea de fondo es que un dirigente que necesita fusiles en los tejados para pisar un barrio obrero ha roto el vínculo con la población que dice representar. No es una tesis nueva, pero el envoltorio visual —subfusiles, azoteas, comitivas blindadas— le da una literalidad incómoda.
Frente a esa lectura, otra corriente sostiene que la amenaza es real. El propio Sánchez ha vinculado públicamente la violencia política con episodios como la agresión a la primera ministra danesa, y desde ese marco la protección reforzada no sería paranoia sino protocolo. El problema, replican los críticos, es que un protocolo de seguridad no se convierte en argumento de campaña.
El giro conspirativo: Mossad, Opus y transición propia
A medida que avanza la conversación, el foco se desplaza del dispositivo policial a las teorías sobre quién está detrás. Aparecen menciones al Mossad, al Opus Dei, a la CIA y a sectores del propio PSOE que, se afirma sin prueba alguna, no verían con malos ojos una salida traumática. Son especulaciones sin respaldo, del mismo tipo que las que circulan sobre cualquier dirigente con enemigos declarados.
Lo llamativo es el giro que se le da al argumento: si algo le ocurriera al presidente, se dice, lo venderían como atentado y punto. Es el razonamiento clásico del conspiranoico que se ríe de los conspiranoicos ajenos. La conversación, en ese punto, deja de hablar de francotiradores y empieza a hablar de películas.
El contexto internacional que se cuela en la ecuación
En paralelo, se cita el caso mexicano: 37 candidatos asesinados en el proceso electoral, según los datos que se manejan, con un 42% de las víctimas pertenecientes a una coalición y un 30% a otra. La comparación sirve para subrayar que la violencia política no es una hipótesis de laboratorio. También para recordar que hay países donde la protección de un candidato no basta para salvarle la vida.
El contraste con España es evidente, y esa es precisamente la conclusión que se extrae: aquí el problema no es que maten al presidente, sino que el presidente haya convertido su propia seguridad en un espectáculo que alimenta el relato de la excepcionalidad permanente.
La predicción más repetida no es que le pase algo, sino que esto acabe como acabó el personaje al que más se parece: con el país ardiendo por otro lado mientras él, en algún lugar con palmeras, cobra la jubilación. Puede que sea exagerado. Puede que no.