El Supremo indemniza con 2,5 millones a un inocente que pasó 18 años en prisión por dos abusaciones

18 años de cárcel por un error judicial: 2,5 millones de indemnización​

El Tribunal Supremo ha reconocido el derecho de un hombre a percibir 2,5 millones de euros tras pasar 18 años en prisión condenado por dos violaciones que no cometió. La Sala de lo Contencioso-Administrativo declaró la responsabilidad patrimonial del Estado por un error judicial calificado de "inequívoco". El fallo, sin embargo, deja a los magistrados que dictaron la sentencia condenatoria sin ninguna responsabilidad, y la factura la paga el contribuyente.

Una condena sin pruebas de ADN​

Los hechos se remontan a 1992, cuando la Audiencia de Barcelona condenó a un inmigrante marroquí a 24 años de prisión por dos agresiones sexuales ocurridas en Cornellà. El tribunal, presidido entonces por la actual ministra de Defensa, Margarita Robles, basó la condena casi exclusivamente en el reconocimiento visual de las víctimas. Sin embargo, en el expediente ya constaba un informe pericial de ADN que demostraba que los restos biológicos encontrados en la ropa de las víctimas no pertenecían al acusado. Esa prueba fue ignorada en la sentencia.

El verdadero autor de las violaciones fue detenido en 1995, pero el condenado no recuperó la libertad hasta años después. La Sala Penal del Supremo anuló la condena en 2023, y ahora la Sala de lo Contencioso ha fijado la indemnización.

El dinero, exento de Hacienda; los jueces, impunes​

La cuantía, 2,5 millones de euros, equivale a unos 138.888 euros por año de prisión. Un cálculo que, según las reacciones en el debate, resulta "escaso" para compensar la pérdida de 18 años de vida. Además, la indemnización está exenta del IRPF, según el artículo 7 de la Ley del Impuesto, por tratarse de daños personales. El afectado se quedará con la cantidad íntegra, mientras que la ministra Robles y los demás magistrados que dictaron la sentencia no afrontan consecuencias.

El Supremo rechazó expresamente declarar la culpa grave de los jueces, argumentando que "excede del objeto del procedimiento". De esta forma, la responsabilidad se diluye en el conjunto del Estado, y el dinero sale del bolsillo de todos los españoles.

Un precedente incómodo​

El caso reabre el debate sobre la falta de control a los tribunales y la impunidad de los jueces cuando cometen errores. Se ha recordado en el foro otros episodios similares, como el de Dolores Vázquez, condenada sin pruebas por el crimen de la joven Rocío Wanninkhof, o el llamado "caso Arandina", donde las pruebas de descargo fueron igualmente ignoradas. La sensación de que la justicia no asume sus fallos y que la carga recae sobre el ciudadano es transversal.

Lo que queda por saber​

La indemnización cierra el capítulo económico, pero no el de la depuración de responsabilidades. Que la jueza que presidió la sala que ignoró el ADN sea hoy ministra de Defensa añade una capa de ironía que en el debate provoca escepticismo. No hay acción de regreso contra los magistrados, y el verdadero violador, detenido hace décadas, cumplió su condena mientras un inocente se pudría en prisión. La pregunta que nadie responde es cuántos casos similares siguen enterrados en los juzgados.