El problema es que vivimos como si fueramos ricos

El espejo del país que gasta como si fuera rico​

¿Cuánto hay que ganar para permitirse un Tesla, una bicicleta de carbono de 6.000 euros y una hipoteca firmada en el peor momento posible? La respuesta que recorre el debate económico de las últimas semanas es incómoda: en España, cada vez menos gente lo hace con su sueldo. Lo hace con deuda. El caso que abre la conversación es el de un policía nacional con dos hijas, mujer sin empleo y unos 2.000 euros netos al mes más dos pagas extras de poco más de mil. Compra en mal momento, arrastra una hipoteca abultada, su mujer conduce un Ibiza y, aun así, él va en Tesla y sale cada fin de semana con una bici de 6.000 pavos. Sus padres le ayudan a pagar el colegio concertado de los niños. Y en diciembre se declara estresado porque no sabe de dónde sacar para regalos y comidas.

La pregunta que sobrevuela todo el asunto no es si ese hombre concreto es un irresponsable. Es si su estilo de vida se corresponde con sus ingresos. La respuesta mayoritaria es que no, y que el problema no es él: es un modelo que ha convertido el crédito en la única forma de mantener una apariencia de clase media.

Cuánto gana de verdad un policía nacional​

El primer frente del análisis es el sueldo. Hay quien sostiene que esas cifras están mal planteadas y que un policía nacional con cónyuge e hijos a cargo gana bastante más de 2.000 euros netos al mes, y que esa cantidad cuadra más con un soltero sin trienios acumulados. Otros afinan por antigüedad: un policía de provincias con veinte años de servicio ronda los 2.400-2.500 euros limpios, y en ciudades grandes con mejores puestos de catálogo no es raro llegar a 2.600-2.700. Un mes de diciembre completo —sueldo, extra, atrasos y productividad— puede dejar 5.200 euros en la cuenta.

El cálculo cambia por completo cuando se mira en pareja. Dos policías nacionales en una provincia que no sea uno de los cuatro o cinco polos más caros suman del orden de 5.000 euros netos en catorce pagas. Eso, se argumenta, los sitúa entre los ingresos más altos de la provincia, casi al nivel de una pareja de médico y enfermera, dejando aparte el dinero viejo. Y no es solo la nómina: a eso se añaden condiciones de financiación ventajosas y convenios con entidades para hipotecas, adelantos de nómina y créditos blandos. La consecuencia es previsible. Como resume una intervención, «se ponen ciegos de deuda».

El crédito como sustituto del sueldo​

Aquí está el núcleo del asunto. El sueldo no paga el nivel de vida; lo paga la deuda. Y la deuda se paga porque el puesto de trabajo es estable. Quien cobra 2.000 o 3.000 euros en la privada no puede permitirse el mismo entramado, porque el banco no le da las mismas condiciones ni él tiene la misma certeza de que mañana seguirá cobrando. El funcionario sí. Sabe que no va a perder el empleo y que, tarde o temprano, liquidará lo que firme.

Ese diferencial explica por qué el sobreendeudamiento se concentra en un perfil concreto. No es una cuestión de moral individual: es que el acceso al crédito blando convierte la nómina pública en un aval permanente. Y cuando el Euríbor estaba al 1,25% —como recuerda algún cálculo—, la operación salía redonda. Con el coste del dinero en niveles más altos, la misma estructura se sostiene mucho peor.

La trampa de la clase media: ni rico ni pobre​

El segundo gran frente del análisis es conceptual. Buena parte de la clase trabajadora, la que vive de una nómina, cuando ve a alguien durmiendo en la calle aparta la vista, levanta la barbilla y piensa: no seré clase alta, pero desde luego no soy eso. Luego pontifica. Esa ilusión tiene un nombre en el vocabulario económico: clase media de postureo.

La definición operativa que se maneja es más dura. Clase alta es quien tiene patrimonio que trabaja para él, casa y segunda residencia pagadas e inversiones que sostienen su nivel de vida sin necesidad de trabajar. Clase media es quien tiene buen sueldo, vivienda pagada, dos coches y ahorros invertidos, y puede quedarse en paro una temporada sin dramas. Clase baja es quien dedica la mitad del sueldo al alquiler o a la hipoteca, conduce un coche viejo o un Dacia y está a muy pocas nóminas de la indigencia. Todo lo demás es otra cosa.

Con ese rasero, un policía con 2.000 euros netos, dos hijos y una hipoteca gorda no es clase media. Es clase trabajadora endeudada. Y llamarla clase media, se argumenta, es parte del problema: impide ver de dónde sale realmente el dinero.

El ladrillo se come la nómina​

Hay un consenso incómodo en el diagnóstico de fondo: lo que se come los ingresos es la vivienda. El alquiler o la hipoteca se llevan la mayor parte del sueldo y dejan al trabajador sin margen para nada más. Quien tiene la casa pagada y suma entre la pareja 4.000-5.000 euros puede permitirse casi todo, con gastos corrientes que no llegan a 600 euros mensuales entre luz, agua, basuras, combustible, seguros, comunidad, internet y comida. Quien no la tiene, vive peor que su padre a la misma edad.

La consecuencia demográfica es evidente: los precios están pensados para familias con dos sueldos, de modo que un soltero con buen trabajo acaba siendo clase baja cuando hace años habría sido clase media. Y el que no tiene vivienda en propiedad, aunque ahorre e invierta más que el 90% de la gente de su edad, sigue admitiendo que es clase baja, porque la propiedad es la frontera.

¿Por qué el Estado sostiene este equilibrio?​

La lectura más política del fenómeno apunta al papel del sector público. En la medida en que el Estado se financia con deuda que hipoteca la autonomía del país, y en la medida en que esa deuda sirve para pagar los sueldos públicos que mantienen la paz social, el Estado tiene un incentivo claro para sostener a quienes le sostienen a él. Al precio que sea. Ese chute de dinero —sueldos públicos, pensiones— es lo que permite que el consumo no se hunda. Sin él, el escenario sería muy distinto.

De ahí sale también la pregunta sobre quién paga la fiesta. El IRPF, el IVA, el IBI, los impuestos del coche, los especiales, la tasa de basuras y los recargos de luz, agua y gas se descuentan antes de que el sueldo llegue a la cuenta. Después, el mismo contribuyente mira hacia arriba y se pregunta quién le convenció de que era clase media mientras le obligaba a vivir como un pobre.

El caso del vigilante de seguridad y otros espejos​

El patrón no es exclusivo de los cuerpos policiales. Otro caso que circula: un vigilante de seguridad cuarentón, separado, con una hija de seis años, que se junta con una mujer con otro hijo de una relación anterior. No paga alquiler porque vive en un piso que le dejaron sus padres. Aun así, está completamente endeudado, con varios créditos y tarjetas. Conciertos, viajes, cruceros, un dron, 500 euros en regalos para la hija, un coche eléctrico y otro más grande para mover la caravana. En entornos de pueblo pequeño de clase trabajadora, ese comportamiento está a la orden del día.

La conclusión que se extrae es que el problema no es cuánto ganas, sino cuánto crees que mereces gastar. Y que la respuesta a esa segunda pregunta la da el crédito, no la nómina.

Qué pasa cuando el crédito se acaba​

El escenario que se dibuja si el grifo se cierra es el de una oleada de embargos de casas y coches. Muchos de esos niveles de vida están sostenidos por las pensiones y el ahorro de los padres, y por un marco legal que permite evadir las consecuencias de las propias decisiones y repartirlas entre el resto: leyes de segunda oportunidad, salario inembargable, dación en pago, concursos y exoneraciones, excepciones fiscales. Cuando el sistema socializa el coste del error individual, el incentivo para no cometerlo desaparece. Y entonces hasta el más prudente se plantea gastarse 60.000 euros en un coche.

La ironía final es que el mismo que se estresa en diciembre por los regalos tiene un plan a treinta años: pagar la hipoteca. Cuando termine, el Gobierno habrá inventado otra forma de quitarle lo que le sobre. Ser currito es vivir para que te extraigan lo que generas. Y mientras tanto, el Tesla sigue en la puerta.