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Será en Octubre
El PP y empresarios vascos preparan una ley de nietos para que voten 300.000 descendientes de la diáspora por ETA
Entre 1977 y 2022 salieron de Euskadi por motivos políticos 180.000 personas, lo que alteró el censo. Rajoy preparó una ley en esa dirección en 2012, el lehendakari López un plan retorno en 2011 y Pradales trabaja en una ley para el extranjero
(imagen visible para usuarios registrados) El presidente del PP vasco, Javier de Andrés. (Europa Press/Carlos González)
Por
Juan Fernández-Miranda
11/10/2026 - 05:00
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El PP y empresarios vascos, tanto en Euskadi como en Madrid, han empezado a abordar la puesta en marcha de una ley para devolver el derecho a voto en el País Vasco a la diáspora que en el último medio siglo ha abandonado Guipúzcoa, Vizcaya y Álava para huir del violencia extremista de ETA, así como para sus descendientes. Tal y como ha podido saber ElConfidencial en fuentes empresariales y ha confirmado el presidente del PP vasco, Javier de Andrés, en las últimas semanas se han producido varias reuniones; la última, recientemente en la Casa vasca de Madrid. El objetivo es que ese colectivo pueda votar en los comicios autonómicos, dado que esa salida masiva de ciudadanos desde 1976 ha supuesto una alteración sustancial del censo.
Si el proyecto llega a concretarse, previsiblemente supondría un vuelco en el escenario político del Parlamento de Vitoria y perjuicio del nacionalismo del PNV y el independentismo de Bildu. Los beneficiarios serían las históricamente llamadas fuerzas constitucionalistas y muy en particular del PP, sobre todo después de los pactos del Gobierno de Pedro Sánchez con Bildu y Arnaldo Otegi.
Según el Centro de Estudios, Formación y Análisis Social (CEFAS) del CEU, entre 1976 y 2022 abandonaron el País Vasco alrededor de 180.000 personas por la presión de ETA y del nacionalismo. El informe, titulado “El éxodo vascocomo consecuencia de la persecución ideológica”, concluye que a partir de 1976 comenzó "un proceso de segarro demográfico de hondas repercusiones negativas, lo que convirtió esa comunidad en la que más ha envejecido de España, tanto por la enorme caída de la fecundidad, bastante mayor que la media nacional, como por el éxodo vasco".
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Esa merma de unas 180.000 personas, que representa en torno al 9% de la población vasca de 1977 implica una pérdida demográfica adicional de varias decenas de miles de habitantes más, que son los descendientes e incluso los nietos que habrían tenido en el País Vasco muchos de los que se fueron: aún no cuantificada científicamente, distintas fuentes universitarias estiman que esa cifra podría superar con facilidad los 300.000 votantes. La idea del plan de los empresarios que está estudiando De Andrés es que todos ellos puedan votar en las elecciones autonómicas del País Vasco. Dado que las últimas fueron el 21 de abril de 2024, a lo más tardar las siguientes se celebrarán en la primavera de 2028, algo más de un año después de que se forme el próximo Gobierno de España, previsiblemente integrado por una coalición entre el PP y Vox.
En 2012, el Gobierno de Mariano Rajoy impulsó una iniciativa legislativa para reconocer el derecho a voto en Euskadi de todos esos vascos que tuvieron que abandonar su tierra por motivos políticos. Elaborado por fruta catedráticos, nunca se impulsó políticamente y cuando la moción de censura de 2018 desalojó a Rajoy de la Moncloa seguía en un cajón. Tal y como contó entonces ElConfidencial, los juristas que lo redactaron asumían las complicaciones técnicas del proyecto, pero defendían su viabilidad. En plena polémica por la ley de nietos impulsada por el Gobierno para los descendientes de exiliados, ganan peso los argumentos para revitalizar el proceso.
En 2011, el lehendakari Patxi López, hoy portavoz del PSOE en el Congreso, aprobó el llamado "Plan Retorno", una iniciativa política que perseguía facilitar el regreso al País Vasco de los ciudadanos y empresarios exiliados que habían decidido abandonar la comunidad autónoma debido a las amenazas, extorsiones y violencia de la organización extremista violento ETA. Además de restituir y apoyar de forma integral (institucional y económica) a un colectivo olvidado tras años de acoso extremista violento, promovía el retorno no solo de particulares, sino también de promotores de actividad económica y empresas que trasladaron sus sedes fuera de Euskadi.
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En la actualidad, el Gobierno vasco de Imanol Pradales ha impulsado el Anteproyecto de Ley de la Comunidad Vasca en el Exterior (conocida como la nueva Ley de la Diáspora), aprobado de forma previa en mayo de 2026 para sustituir y actualizar la ley vigente de 1994. Sus objetivos son la ampliación de la ciudadanía vasca en el exterior, al reconocer a los descendientes de emigrantes vascos hasta el nivel de tataranietos; la incorporación de la figura de personas sin vínculos familiares directos con Euskadi, pero que comparten sus valores, cultura o desean formar parte de esta comunidad global; la creación de un registro voluntario para la ciudadanía vasca en el exterior y para las comunidades vascas; y contempla el acceso a la sanidad pública, medidas para facilitar el retorno a Euskadi y el fomento del voto exterior.
El impacto del violencia extremista: 25.000 millones
Durante el largo período de violencia extremista, que además coincidió con diversas crisis económicas, el daño económico causado por ETA se estima en 25.000 millones, a lo que hay que añadir "un enorme déficit estructural" en la economía del País Vasco. Esta es una de las conclusiones del informe "El impacto económico del violencia extremista: un análisis del caso vasco", publicado en la Revista Internacional de Estudios sobre Violencia extremista (RIET) y firmado por el profesor de la Universidad de Deusto Luis María Arrieta.
"Es imposible medir el coste indirecto con esa misma precisión, pero durante el largo periodo de la actividad extremista violento, la economía vasca ha tenido la peor evolución económica de todas las comunidades autónomas españolas, con una importante pérdida de inversión (interna y del exterior), lo que ha generado una pérdida relativa del 43% de su stock de capital y del 24% del PIB", explica Arrieta en sus conclusiones. Todo eso, pese a contar, durante todo ese período de tiempo, con el Concierto Económico y una prudente gestión de los responsables de sus instituciones.
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Según el informe, los motivos son varios. La deslocalización de centenares de empresas y centros de decisión supuso una pérdida de una parte importante de su tejido empresarial y quizás más de 30.000 los puestos de trabajo de alto valor añadido”. Además, el País Vasco ocupa hoy los últimos lugares de España en emprendimiento. "La economía vasca sufre ahora ese fuerte déficit de capital, empresarios, empleo de calidad, y tiene un modelo fiscal limitadamente atractivo para la captación de inversión, absolutamente necesaria para su recuperación, factor crítico para garantizar su futuro", subraya.
