Parece un "Que Dios te lo pague con un premio en la Lotería" a los familiares de los donantes de órganos. Mientras ellos ceden de manera altruista la donación de órganos, el negocio y mercadeo que hay detrás de todo este sistema que tienen montado en la sanidad pública es, a mi juicio, desmesurado; si la gente conociera el dinero que se mueve en torno a la donación de órganos, habría mucha más indignación. Pero este vídeo tan "emotivo" está generando muchas lágrimas en la gente que lo ha visto, y en lo emocional es donde se capta a más incautos en este sistema de "donación" de órganos.
Me voy a centrar solo en lo económico.
El personal de la sanidad pública es retribuido en todas las autonomías con una cantidad mensual (sueldo, antigüedad, guardias, complementos) acorde con la categoría laboral, cualquiera que sea la especialidad clínica y la dificultad técnica o el volumen del trabajo que presta. Todo lo que un médico, o un enfermero, o un auxiliar puedan hacer está incluido en la mensualidad. Todo, salvo los trasplantes, que se pagan aparte. Excepción sorprendente, jamás razonada, que además arrastra circunstancias también chocantes: el pago es de muy dudosa legalidad (probablemente las autonomías vulneran la competencia exclusiva del Estado en materia de prestaciones) y se hace por trasplante cumplido, o sea un pago por acto, forma desusada y casi proscrita en la sanidad pública que hace depender la cuantía de los ingresos del número de actos. De este modo se establece un verdadero incentivo financiero a la producción de trasplantes, insólito y único en el Sistema Nacional de Salud e insólito y único en el resto del mundo desarrollado.
Los incentivos son sustanciosos (por ejemplo, más de 13.000 euros en Andalucía o más de 15.000 en Murcia por trasplante de hígado) y sumados al salario ordinario elevan la remuneración de los médicos y enfermeros de los equipos de trasplantes a cantidades muy abultadas en el sistema: el doble o más de lo que perciben sus compañeros profesionales que, con igual esfuerzo y utilidad asistencial, ejercen en otros servicios clínicos (un cirujano que hace trasplantes en un hospital de 500 camas puede ingresar al año más de 150.000 euros, mientras que otro cirujano del mismo hospital con igual experiencia profesional y similar habilidad quirúrgica que no hace trasplantes, no más de 60.000 euros).
Además de su eventual ilegalidad y su patente inmoralidad, los incentivos financieros a los trasplantes originan desigualdades en la asistencia a los enfermos y en el trato a los profesionales sanitarios que rompen con la equidad, principio esencial del sistema. De hecho, instalan con carácter oficial la arbitrariedad y la insolidaridad en la sanidad pública. ¿Por qué se dedica dinero extra, millones de euros, a las operaciones de trasplante mientras otros tratamientos que también rescatan enfermos en grave peligro, muchos más enfermos aunque menos visibles en los medios, han de ajustarse a la escasez de recursos? ¿Por qué ese dinero para incentivar los trasplantes ha sido eximido (otra excepción pasmosa) de los durísimos recortes hechos a la asistencia pública con motivo de la crisis? ¿Por qué los ingresos de los profesionales que hacen trasplantes son superiores a los que reciben los restantes médicos y enfermeros del sistema? (en Murcia un celador recibe 238 euros por trasplante de hígado, mucho más de lo que se le paga a un cirujano no trasplantador por cada operación en horario de tarde). ¿Por qué, en fin, se infringen derechos sociales y laborales y se desprecia la justicia por las propias autoridades sanitarias para privilegiar el tratamiento de trasplante? No se encuentran respuestas, pero bastan las preguntas para ver que la prioridad de los trasplantes en la sanidad pública se debe, no a razones éticas y sociales sino a intereses políticos y económicos. El modelo español es un foco de corrupción del sistema.
elpais.com
Me voy a centrar solo en lo económico.
El personal de la sanidad pública es retribuido en todas las autonomías con una cantidad mensual (sueldo, antigüedad, guardias, complementos) acorde con la categoría laboral, cualquiera que sea la especialidad clínica y la dificultad técnica o el volumen del trabajo que presta. Todo lo que un médico, o un enfermero, o un auxiliar puedan hacer está incluido en la mensualidad. Todo, salvo los trasplantes, que se pagan aparte. Excepción sorprendente, jamás razonada, que además arrastra circunstancias también chocantes: el pago es de muy dudosa legalidad (probablemente las autonomías vulneran la competencia exclusiva del Estado en materia de prestaciones) y se hace por trasplante cumplido, o sea un pago por acto, forma desusada y casi proscrita en la sanidad pública que hace depender la cuantía de los ingresos del número de actos. De este modo se establece un verdadero incentivo financiero a la producción de trasplantes, insólito y único en el Sistema Nacional de Salud e insólito y único en el resto del mundo desarrollado.
Los incentivos son sustanciosos (por ejemplo, más de 13.000 euros en Andalucía o más de 15.000 en Murcia por trasplante de hígado) y sumados al salario ordinario elevan la remuneración de los médicos y enfermeros de los equipos de trasplantes a cantidades muy abultadas en el sistema: el doble o más de lo que perciben sus compañeros profesionales que, con igual esfuerzo y utilidad asistencial, ejercen en otros servicios clínicos (un cirujano que hace trasplantes en un hospital de 500 camas puede ingresar al año más de 150.000 euros, mientras que otro cirujano del mismo hospital con igual experiencia profesional y similar habilidad quirúrgica que no hace trasplantes, no más de 60.000 euros).
Además de su eventual ilegalidad y su patente inmoralidad, los incentivos financieros a los trasplantes originan desigualdades en la asistencia a los enfermos y en el trato a los profesionales sanitarios que rompen con la equidad, principio esencial del sistema. De hecho, instalan con carácter oficial la arbitrariedad y la insolidaridad en la sanidad pública. ¿Por qué se dedica dinero extra, millones de euros, a las operaciones de trasplante mientras otros tratamientos que también rescatan enfermos en grave peligro, muchos más enfermos aunque menos visibles en los medios, han de ajustarse a la escasez de recursos? ¿Por qué ese dinero para incentivar los trasplantes ha sido eximido (otra excepción pasmosa) de los durísimos recortes hechos a la asistencia pública con motivo de la crisis? ¿Por qué los ingresos de los profesionales que hacen trasplantes son superiores a los que reciben los restantes médicos y enfermeros del sistema? (en Murcia un celador recibe 238 euros por trasplante de hígado, mucho más de lo que se le paga a un cirujano no trasplantador por cada operación en horario de tarde). ¿Por qué, en fin, se infringen derechos sociales y laborales y se desprecia la justicia por las propias autoridades sanitarias para privilegiar el tratamiento de trasplante? No se encuentran respuestas, pero bastan las preguntas para ver que la prioridad de los trasplantes en la sanidad pública se debe, no a razones éticas y sociales sino a intereses políticos y económicos. El modelo español es un foco de corrupción del sistema.
Artículos escritos por Enrique Costas Lombardía | EL PAÍS
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