Brote verde: El marido de la procesada asesora de Begoña Gómez tiene un despacho especializado en lograr la nacionalidad por la Ley de Nietos

David Arevalillo de la Torre, marido de Cristina Álvarez —asesora de Begoña Gómez en La Moncloa y procesada por malversación como cooperadora necesaria—, es fundador y socio director de A&A Estudio Jurídico, un despacho que ha promocionado la tramitación de la nacionalidad por la Ley de Nietos. Él asegura que apenas ha gestionado solicitudes de ese tipo.

La conexión entre un despacho de extranjería y el caso que rodea a La Moncloa tiene menos de misterio judicial y más de mercado. David Arevalillo de la Torre, experto en derecho procesal y mercantil, es fundador y socio director general de A&A Estudio Jurídico, una firma que ha promocionado de forma recurrente sus servicios para tramitar la nacionalidad española por la llamada Ley de Nietos. Su mujer, Cristina Álvarez, es asesora de Begoña Gómez en La Moncloa y está procesada por malversación en calidad de cooperadora necesaria, en relación con el software para pymes desarrollado en el marco de la cátedra que dirigía la mujer de Pedro Sánchez en la Complutense.

Qué es la Ley de Nietos y por qué hay cola

La Ley de Nietos es el nombre popular de la vía abierta por la Ley de Memoria Democrática para que hijos y nietos de españoles puedan solicitar la nacionalidad. El derecho existe; el cuello de botella está en la ejecución. El propio Arevalillo lo describía en su blog: el volumen de peticiones ha desbordado la capacidad de los consulados, con miles de solicitudes que, meses después, seguían sin una tramitación efectiva. Los consulados, escribía, no tienen los medios materiales y humanos suficientes para atender tantas solicitudes en tiempo y forma.

Ese diagnóstico es el que convirtió la ley en un negocio de intermediación. El plazo de solicitud finalizó el año pasado, según la información publicada, y hasta entonces el despacho se anunció con mensajes como «si usted es nieto de un español originario estamos dispuestos a asesorarlo y llevarlo de la mano». También ofrecía defensa judicial a los afectados por denegaciones de nacionalidad por origen sefardí.

Consulados desbordados y clientes latinoamericanos

La firma prometía agilizar trámites frente a una tramitación que, decía, podría demorarse «durante décadas». En una entrevista en Unión Radio Noticias, de Venezuela, Arevalillo habló de «una oportunidad fantástica», no solo para nietos sino incluso para bisnietos. El despacho cuenta con representación en América Latina y alianzas con bufetes del continente para atender a clientes latinoamericanos, según explica en su web.

Ahí está el núcleo económico del asunto: una ley con plazo cerrado, una administración consular sin medios y una demanda concentrada en países con fuerte emigración española. Cualquier despacho con estructura en origen y en destino podía captar ese flujo. La promoción era intensa en redes sociales. Consultado por la relación con Cristina Álvarez, Arevalillo la confirmó, pero aseguró que el despacho apenas ha gestionado solicitudes por la Ley de Nietos pese a la notable promoción del servicio. Tras esa consulta, el perfil de A&A Estudio Jurídico fue eliminado.

El frente judicial que rodea a la asesora

En paralelo, el juez ha abierto juicio oral con jurado contra Begoña Gómez por tráfico de influencias y malversación. La causa alcanza a Cristina Álvarez como cooperadora necesaria en lo relativo al software para pymes vinculado a la cátedra de la Complutense. Son dos planos distintos: uno penal, sobre el uso de influencias y fondos; otro profesional, sobre un despacho de extranjería que vendía agilidad administrativa.

Conviene no mezclarlos. Que un despacho especializado en nacionalidad tenga vínculos familiares con una procesada no demuestra por sí solo irregularidad alguna en su actividad. Lo verificable es la promoción del servicio, el cierre del plazo, la saturación consular y la eliminación del perfil tras la consulta periodística. Todo lo demás exige resolución judicial. Cautela: ante cualquier trámite de nacionalidad, conviene comprobar la habilitación del despacho y desconfiar de promesas de plazos garantizados.