Begoña gómez se autoinculpa por error y entrega pruebas de que la directora de moncloa trabaja para ella

Los correos que Begoña Gómez entrega al juez no la exculpan​

Entregar pruebas a un juez rara vez sale gratis, y menos cuando las aporta el propio investigado. Begoña Gómez ha puesto en manos de la instrucción correos electrónicos que, según las informaciones publicadas, acreditan que una asesora con destino en La Moncloa participó en gestiones de sus dos másteres de la Universidad Complutense de Madrid. El relato oficial sostiene que ahí no hay nada reseñable. El detalle incómodo es que quien ha documentado ese trabajo es la persona a la que se investiga.

Qué dicen los correos aportados a la investigación​

Los mensajes entregados al juez describen una labor de apoyo continuada: gestión de los dos másteres y, entre otras tareas, la reclamación del abono de matrículas pendientes. La persona que aparece en esa correspondencia es personal de Presidencia del Gobierno.

Ahí está el nudo. Ningún tribunal ha declarado ilícito ese trabajo, pero el foco se ha desplazado a los recursos: con qué medios se prestó, de quién dependía esa asesora y por qué la esposa del presidente necesitaba respaldo administrativo del Ejecutivo para tareas académicas. La discusión, por tanto, ya no es solo sobre el contenido de los correos, sino sobre quién paga la fiesta.

El Gobierno responde que ese puesto «ha existido siempre»​

La portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, defendió en la comparecencia posterior al Consejo de Ministros que se trata de una figura normalizada y sostuvo que «todas las parejas de los presidentes han tenido una persona que colabora» en tareas de este tipo. Es la línea argumental principal del Gobierno: no hay irregularidad porque siempre se hizo así.

El problema, señalan las crónicas recogidas, es la cronología. El Ejecutivo reconoció la existencia de esa asistente un mes después de haberlo negado por escrito. Y a eso se suma una comparación incómoda publicada por medios que siguen el caso: ninguna pareja presidencial anterior habría utilizado asesores del Gobierno para sus negocios.

¿Por qué la asesora se niega a declarar en el Senado?​

Porque su estrategia consiste en trasladar la pelota al terreno judicial y quitarla del parlamentario. Cristina Álvarez, según las informaciones difundidas, alegó que «el asunto está judicializado» para no responder en la Cámara Alta, y no precisó cuál es su cargo en Presidencia ni qué recursos utilizaba en su labor de apoyo a la esposa del jefe del Ejecutivo.

La maniobra tiene lógica procesal y coste político. Lógica, porque evita fijar declaraciones ante un interrogatorio hostil. Coste, porque deja sin respuesta la pregunta que más circula: si la función era tan rutinaria, ¿por qué nadie la detalla?

El abogado, la hipótesis del chivo expiatorio y el rastro de Bolaños​

En el terreno de la defensa, la elección de letrado tampoco ha pasado desapercibida. Se ha fichado a un abogado con recorrido en la política y en la carrera fiscal, una elección que en el debate se sitúa lejos del perfil de penalista de despacho especializado en causas económicas. Hay quien sostiene que esa elección busca algo más que ganar un juicio: entender por dónde se mueve la maquinaria.

Sobre la mesa circula además una hipótesis sobre el sentido de la propia aportación documental. Si la instrucción se detiene en la asesora, el proceso no escala peldaños en el organigrama. La contradicción con el discurso previo es notable: en redes circula un mensaje que atribuye a Bolaños haber sostenido que, por mucho que se investigara, no aparecerían pruebas de irregularidades. Las pruebas, según las informaciones reproducidas, las ha aportado la parte investigada.

Del caso concreto al ruido de fondo​

A medida que pasaban las jornadas, la conversación se ha desplazado del expediente concreto a un malestar mucho más ancho: la actuación de las unidades policiales, lo ocurrido en Barbate, la gestión de la catástrofe de la dana y la cifra de 220 fallecidos que se repite en los comentarios. También el papel de un Estado al que se atribuye haber mirado hacia otro lado en los momentos críticos.

Ese desplazamiento importa poco desde el punto de vista procesal y mucho desde el político. Un asunto de correos y matrículas ha terminado funcionando como catalizador de un descontento que hasta hace poco se quedaba en la barra del bar.

Con estos mimbres, lo previsible es que la instrucción siga su curso, que el Gobierno mantenga la tesis del puesto que «ha existido siempre» y que la asesora siga sin aclarar nada en sede parlamentaria. Ahora bien, si finalmente se fija por escrito la naturaleza jurídica de ese apoyo y quién lo autorizó, la defensa del «siempre se hizo así» deja de servir. Y con estos antecedentes, apostar por lo previsible tiene su riesgo.