El Gobierno va a obligar a todos a que paguemos 0,10 € por cada lata o botella, y que luego lleves estos envases de vuelta si quieres recuperar los €

10 céntimos por envase: el nuevo peaje ecológico que divide a los consumidores​

El Ejecutivo prepara la implantación del Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR), una normativa europea que obligará a pagar 10 céntimos adicionales por cada lata, botella o brik. Solo se recuperan si el consumidor devuelve el envase vacío al supermercado. Suena sencillo, pero el debate económico que ha generado es todo menos simple.

De la nostalgia de los 80 al mandato de Bruselas​

Quienes vivieron los años setenta y ochenta recuerdan las botellas de vidrio retornables: se devolvían y el establecimiento daba unas monedas. Aquello desapareció con la llegada del plástico y el aluminio, presentados entonces como la gran solución ecológica. Ahora, sesenta años después, la Unión Europea exige que se recicle el 90% de los envases para 2030, y el SDDR es el instrumento elegido. En Alemania funciona desde 2007 con un depósito de 25 céntimos (el Pfand), y en Portugal ya lo aplica Mercadona desde el pasado 10 de abril en sus 72 tiendas.

El envase ya se paga: ¿ahora se paga dos veces?​

Una de las críticas más repetidas es que el envase ya está incluido en el precio del producto. Con el SDDR, el consumidor paga el contenido, más el envase que ya pagó, más un depósito que es reembolsable solo si vuelve al punto de venta. Según algunos cálculos, una lata de marca blanca que cuesta 32 céntimos pasaría a costar 42, porque se añaden 10 del depósito sin descontar el coste del envase original. «Alguien se frota las manos», se ha señalado. El temor a que el depósito se convierta en un impuesto no devuelto —por robo, pérdida o desistimiento— es la base de la desconfianza.

Logística inversa y máquinas que se atascan​

La experiencia alemana no es idílica: las máquinas de retorno se estropean con frecuencia —cada 15 o 20 minutos, según algunos testimonios— y solo se pueden usar en supermercados, lo que obliga a almacenar y transportar los envases. Quienes defienden la medida argumentan que reduce el abandono de basura en montes y calles. Los críticos responden que los costes de procesado, almacenamiento y logística inversa incrementarán el precio final de los alimentos, y que los ayuntamientos perderán ingresos millonarios de Ecoembes al vaciarse los contenedores amarillos y verdes.

¿Incentivo o castigo?​

El SDDR genera dos corrientes enfrentadas. Por un lado, quienes consideran que es un incentivo eficaz que ha funcionado en países como Alemania o los nórdicos: la tasa de retorno supera el 90%. Por otro, quienes ven un nuevo impuesto encubierto, un «timo verde» que encarece la cesta de la compra y no garantiza un reciclaje real —el plástico PET, denuncian, acabará igualmente en vertederos porque es caro de separar y limpiar.

El Gobierno aún no ha fijado una fecha definitiva para su implantación. La Consejería de Medio Ambiente ha hablado de «inseguridad jurídica» y falta de voluntad política. Pero la directiva europea aprieta. Que el SDDR llegue a España parece cuestión de tiempo. La pregunta es si acabará funcionando como en Alemania o se convertirá en otro trámite burocrático que paga el consumidor.