El Gobierno se reúne con los funcionarios tras la presión de los sindicatos para subir los sueldos un 4,5% antes de las elecciones

El Ministerio de Función Pública ha convocado para el martes 20 de octubre la comisión de seguimiento del Acuerdo Marco, después de que CSIF, CCOO y UGT reclamen que la subida salarial del 4,5% prevista para 2027 se apruebe por decreto antes de las elecciones del 29 de noviembre. El Gobierno admite que la comisión se reúne periódicamente, pero los sindicatos quieren que la mejora retributiva de más de tres millones de empleados públicos quede cerrada ya.

La precampaña electoral está moviendo ficha en las nóminas públicas. El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, que dirige Óscar López, ha convocado para el martes 20 de octubre la comisión de seguimiento del Acuerdo Marco sobre condiciones laborales, el órgano paritario donde se sientan la Administración y los sindicatos firmantes. La convocatoria llega después de varios días de presión de las centrales de empleados públicos, que llevan semanas reclamando que la subida pactada para 2027 no se quede en el aire por la convocatoria electoral del 29 de noviembre.

Qué dice el acuerdo firmado y qué falta por ejecutar

El Acuerdo marco para la mejora del empleo público y el servicio a la ciudadanía lo firmaron CCOO, UGT y CSIF a finales de 2025. El texto contempla una subida fija del 2,5% en 2025, un incremento fijo del 1,5% y otro variable del 0,5% en 2026 —con efectos retroactivos desde enero y condicionado al resultado definitivo del IPC—, un aumento fijo del 4,5% en 2027 y del 2% en 2028. Es decir, la mejora que ahora se discute ya está pactada sobre el papel; lo que falta es el instrumento jurídico que la haga efectiva.

Ahí está el nudo del asunto. Los sindicatos sostienen que, con las Cortes disueltas y el Gobierno en funciones, la vía es un decreto aprobado por la Diputación Permanente antes de las elecciones. CSIF lo ha pedido por escrito: que se apruebe por decreto la subida salarial de 2027 y que se actualicen las indemnizaciones por residencia y razón de servicio en lo que resta de año. CCOO, por su parte, remitió un escrito al ministro reclamando una respuesta expresa sobre el cumplimiento del acuerdo y pide agilizar las indemnizaciones, los pluses de residencia, la mejora de los haberes reguladores del personal sujeto a clases pasivas y la actualización salarial del servicio exterior.

La versión del ministerio: la comisión ya estaba prevista

Fuentes del departamento de López evitan atribuir la reunión solo a la reclamación salarial. Recuerdan que el propio Acuerdo Marco creó una comisión de seguimiento con representación paritaria de la Administración y de las organizaciones firmantes, y que ese órgano se reúne periódicamente para analizar y desarrollar las medidas previstas. La lectura del ministerio es que la cita del martes entra dentro de la normalidad del acuerdo, no que sea una respuesta de urgencia a la presión sindical.

El ministro se ha comprometido públicamente a hacer «todo lo posible» antes de dejar el Gobierno para que el próximo año 3,5 millones de funcionarios vean incrementados sus salarios. En una entrevista en TVE la semana pasada afirmó que la subida está acordada con los sindicatos, aunque precisó que el Ejecutivo debe materializarla y ejecutar las decisiones correspondientes. Esa distancia entre lo pactado y lo ejecutado es exactamente lo que las centrales quieren cerrar antes del 29-N.

Una precampaña con quince millones de destinatarios

El movimiento con los empleados públicos no es un caso aislado. La vicepresidenta Yolanda Díaz activó el proceso para sacar adelante la subida del salario mínimo interprofesional antes del 29 de noviembre, y el Ejecutivo busca la vía para subir las pensiones antes de que acabe el año, aunque sea en funciones tras la convocatoria electoral. Sumando perceptores del SMI (2,5 millones), pensionistas (9,5 millones) y funcionarios (más de tres millones), el Gobierno está haciendo guiños a más de 15 millones de ciudadanos en estos primeros compases de la precampaña.

La pelota está ahora en la reunión del martes. De ella puede salir un calendario concreto para el decreto, o puede quedarse en un intercambio de posiciones sin fecha. Los sindicatos han dejado claro que no se conforman con una convocatoria sin compromiso de ejecución, y el margen de maniobra del Gobierno en funciones es limitado. Cualquier decisión sobre retribuciones públicas conviene contrastarla con los textos oficiales del acuerdo y con los servicios jurídicos antes de darla por hecha.