El gobierno licita 100 millones en comida «de primera calidad» para forasteros de canarias

100 millones en carne halal y pescado fresco para migrantes de Canarias​

El Ejecutivo exige carne certificada por el rito halal y pescado fresco de temporada para los centros de acogida de migrantes en Canarias, dentro de un contrato de suministro de comida valorado en 100 millones de euros. Fuera el chóped y la mortadela: buey, cordero, pollo, ternera. Lo paga el contribuyente, que en ese menú no aparece. La cifra ha bastado para incendiar la conversación sobre adónde va el dinero público.

¿Cuánto sale por persona y día?​

El cálculo más repetido parte de una división sencilla. Si los 100 millones cubren un año completo, salen algo más de 8 millones de euros al mes. Repartidos entre los alrededor de diez mil residentes que se mencionan, el coste se dispara, según ese cómputo, hasta unos 30 euros diarios por persona. Una cifra que no cuadra con lo que cuesta un menú de comedor escolar y que nadie espera ver ejecutada al completo: hay quien augura que se gastará una fracción y el resto se perderá por el camino.

Sobre esa base se abre la discusión de fondo. ¿Es caro, o es que el número de beneficiarios y la duración del contrato nunca se detallan? El pliego habla de comida, no de cuántos la comen ni durante cuánto tiempo, y esa opacidad es la que alimenta todas las sospechas posteriores.

Halal, pescado fresco y la paradoja animalista​

Aquí no se discute solo el precio. El pliego obliga a que la carne llegue certificada por el sacrificio ritual, y eso descoloca a una parte del público: el mismo país que se manifiesta contra las corridas de toros financia, se argumenta, un degüello que también hace sufrir al animal. Quien señala la contradicción no suele ser el que sale a la calle. A eso se suma el coste: según una comparación que circula, el cordero y el cabrito halal se mueven entre 35 y 50 euros el kilo.

El punto que más incomoda no es la religión, sino la asimetría. Una administración dispuesta a certificar cada corte de carne para no ofender una sensibilidad concreta no muestra la misma diligencia con otras, sostienen las réplicas. Y el certificado no es cosmético: encarece el producto.

16.700 toneladas de comida y una comparación incómoda​

Según un cálculo que circula, cien millones de euros equivalen a unas 16.700 toneladas de producto a precios corrientes. El cálculo permite medir el contrato contra el sector primario de las islas, y el resultado no deja bien a nadie: según el relato de otro forero, por algo más de 1.000 toneladas de plátano canario se paga este año poco más de medio millón, con la caída de precios que arrastra la producción. Con cien millonazos se compraría una fracción elevadísima de la cosecha canaria. El agricultor, mientras, sigue peleando por márgenes que no llegan.

La aritmética no es menor. Si el presupuesto se convirtiera en producto, hablaríamos de miles de toneladas de alimento, una magnitud que da la medida real del contrato y que invita a preguntar cuántos comensales hay al otro lado de la mesa.

La atención primaria que se queda atrás​

El menú se cruza con otro frente abierto. El Gobierno de Canarias moviliza un equipo específico de atención primaria para atender a los recién llegados a El Hierro, mientras la atención primaria del archipiélago sigue a la cola del país. Hay quien relata esperas de hasta 18 meses para una cita, según los testimonios que circulan, y quien ve en el contraste la prueba de un trato a dos velocidades.

Aquí el agravio no se mide en euros sino en tiempo de espera. Un vecino con años de cotización aguanta meses para una consulta; un recién llegado recibe equipo propio. Ese contraste, más que el cordero halal, es el que se comparte con más insistencia.

Barracones en La Palma, hoteles en Canarias​

El agravio comparativo tiene un episodio reciente: los damnificados por el volcán de La Palma fueron alojados, según los relatos que se comparten, en barracones, mientras los recién llegados ocupan plazas hoteleras. A eso se añade un centro en Sabiñánigo donde, se cuenta, los residentes se declararon en huelga de hambre por el menú. Cada episodio se suma a la misma sensación: el reparto de la escasez no es simétrico.

Quién se lleva el contrato​

Detrás de la comida está la licitación y, detrás de la licitación, los proveedores. La sospecha que reaparece una y otra vez es que estos contratos se conviertan en _las nuevas mascarillas_: adjudicaciones de urgencia, sobrecostes y un rastro difícil de seguir. «Preguntaría quién se lleva los contratos y de quién es amigo», resume una de las voces más repetidas. Sin nada condenado en firme, la duda queda flotando sobre cada pliego declarado de emergencia.

La pregunta que sobrevuela cada expediente es quién se beneficia de él. Los contratos de urgencia tienen la virtud de saltarse la concurrencia ordinaria, y eso, en un país con memoria reciente de adjudicaciones exprés, despierta todas las antenas.

El menú como símbolo​

Hay un consenso incómodo en casi todas las réplicas: la comida es la anécdota y el dinero, el asunto. El detalle gastronómico —carne certificada, pescado de temporada, cero embutido— sirve de detonante para una discusión más ancha sobre prioridades del gasto, acogida y agravios comparativos. La misma administración que afina el menú para no ofender creencias no afina, se sostiene, la lista de espera del vecino que cotiza.

El detalle gastronómico funciona como termómetro. Cuando una institución invierte más esfuerzo en no ofender creencias que en explicar el coste, la reacción pública no se dirige al plato, sino a la prioridad que revela.

Al final, lo único verificable es lo que dice el pliego: carne certificada, pescado fresco y nada de embutido. Cuánto se comerá de verdad, quién lo cobrará y cuánto sobrará por el camino sigue sin respuesta. La solidaridad se sirve a precio de primera. Y la cuenta, como siempre, llega a quien no la pidió.