El Gobierno inicia la tramitación de la cuenta de ahorro que permitirá a los particulares agrupar sus inversiones
El ministerio de Economía se ha puesto manos a la obra para fomentar que los más de 1,1 billones de euros en depósitos y cuentas de baja remuneración que hay en España se inviertan en otros activos, como la Bolsa, la renta fija o los fondos de inversión, para cubrir así las necesidades europeas de financiación. Para ello, ha sometido a consulta pública previa un documento con las líneas maestras para la creación de la cuenta de ahorro e inversión y de la etiqueta Finance Europe. La Comisión Europea solicita que el vehículo cuente con incentivos fiscales, aunque este punto aún está pendiente de decidirse en España. ...
Después de un aluvión de peticiones de distintos organismos y economistas, como el famoso informe de Mar1 Draghi, las propuestas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), de la Comisión Europea, o el Libro Blanco publicado por BME, el Gobierno ha activado el trámite legislativo para crear las cuentas de ahorro e inversión. El objetivo es que las entidades financieras –como los bancos o los brókeres– ofrezcan una suerte de vehículo contenedor en el que se agrupen varios instrumentos financieros –acciones, bonos, fondos de inversión u otros productos– con reglas simples, costes previsibles y un tratamiento sencillo para los pequeños inversores, tal y como consta en el documento publicado por el Ministerio de Economía.
Productos similares ya están disponibles en países como Suecia, Francia, Reino Unido o Italia, y han logrado el efecto de atraer al minorista a los mercados de capitales, además de reforzar la financiación de la economía mediante el ahorro a largo plazo. España, donde la participación de las familias en la Bolsa se sitúa en el 15,8%, su nivel más bajo en 32 años, apenas ha dado el primer paso: preguntar a los sectores afectados cómo debería de constituirse el instrumento. El plazo para pronunciarse concluirá el próximo 30 de enero, fecha a partir de la cual el ministerio deberá proponer un texto legal que después habrá de aprobarse.
La consulta adelanta que el vehículo debe operar con reglas simples y transparentes y que ha de permitir que los pequeños inversores aprovechen mejor el potencial de los mercados y reduzcan las pérdidas de oportunidad asociadas a productos de muy baja remuneración. En el conjunto de la UE, el dinero en cuentas que apenas dan rentabilidad asciende a 10 billones, y una décima parte de él está en España.
Las fuentes consultadas señalan que la piedra de bóveda del instrumento será la fiscalidad; no solo el porcentaje que tributa, sino también para simplificar un tratamiento actualmente disperso. Así, en los fondos de inversión se aplica una retención del 19% sobre las plusvalías una vez que se reembolsan las participaciones y existe la posibilidad de aplazar la factura fiscal mediante el traspaso a otra cartera. Pero con las plusvalías de las compraventas en Bolsa no existe posibilidad de retrat el pago, que se efectúa en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF); los depósitos, por su parte, están sujetos a una retención, al igual que los dividendos. Con todo, aún es pronto para determinar si la cuenta contará con una fiscalidad única para todas las categorías de activos que englobará. “No hay un planteamiento definido sobre la fiscalidad”. “Hasta que no veamos la normativa no podemos establecer criterios”, explican fuentes del Ministerio de Economía.
Las distintas propuestas para incentivar la inversión, en todo caso, han apuntado la necesidad de unificar el tratamiento impositivo en aras de la sencillez. Y la Comisión Europea insiste en que el instrumento tiene que gozar de ventajas fiscales. “Se anima a los Estados a conceder a las cuentas de ahorro e inversión un trato fiscal ventajoso que equivalga como mínimo al trato fiscal más favorable previsto en virtud de su legislación para los rendimientos de cualquier otra clase de activos o para las cuentas o productos de inversión”, señala en su recomendación de finales de septiembre.
De entrada, la cuenta puede dar cabida a todo tipo de instrumentos financieros – acciones, bonos u obligaciones y acciones o participaciones en fondos de inversión y otros que así decida el ministerio–, si bien la Comisión veta dos activos: los derivados complejos de riesgo elevado y los criptoactivos. No debe tener un importe mínimo, sus titulares no tendrán que recibir asesoramiento y sus costes y comisiones deben ser “justos, proporcionados, transparentes y fáciles de comprender”.
Respecto a los incentivos fiscales, la Comisión propone varias fórmulas. Una es aplicar un mecanismo similar al de los planes de pensiones. Otras, la exención de impuestos sobre el rendimiento generado por los activos mantenidos, el aplazamiento de la imposición que se efectúe un reembolso, como ocurre con los fondos de inversión, o la aplicación de un tipo impositivo uniforme ya sea a los ingresos generados o sobre el valor de los activos. Esta última propuesta copiaría también el funcionamiento de la cuenta sueca, la opción deseada en círculos financieros.
Denominada ISK –de los términos suecos Investerings (inversión), Spar (ahorro) y Konto (cuenta)– y creada en 2012, permite a los inversores ahorrar la tributación por las ganancias de sus inversiones a cambio de abonar alrededor de un 1% anual por el dinero que tengan depositado en el vehículo. Entregarán ese porcentaje siempre al margen de que hayan ganado o perdido dinero; un sistema que incentiva las inversiones de mayor rendimiento y algo más de riesgo. Es decir, la Bolsa.
A través de esta cuenta, los ahorradores pueden comprar y vender acciones, fondos y otros instrumentos financieros sin tener que declarar cada transacción a Hacienda y, además, pueden retirar el dinero en cualquier momento sin penalizaciones. Los resultados han sido incuestionables. Unos 3,5 millones de personas en Suecia, un país con 10,5 millones de habitantes, tienen un vehículo de este tipo, con un importe medio de unas 300.000 coronas suecas (cerca de 28.000 euros), según un documento de BME.
La propiedad del vehículo es individual, lo que supone que cada cuenta solo puede tener un titular. Otras características son que no hay límite de edad para su apertura, que se puede trasladar de un banco a otro y que puede contar con un blindaje de hasta 950.000 coronas (alrededor de 88.000 euros), a imagen y semejanza de los 100.000 euros cubiertos por el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) en las cuentas bancarias.
En Francia existe el Plan d’Épargne en Actions (PEA), un plan de ahorro que permite invertir en cotizadas europeas y que permite exenciones fiscales de las plusvalías obtenidas siempre y cuando no se hagan retiros antes de cinco años y que está limitado a 150.000 euros por ahorrador. El modelo británico, llamado Cuenta de Ahorros Individual (ISA, en inglés), consiste en un vehículo disponible para ahorradores de entre 18 a 40 años para realizar aportaciones de hasta 4.000 libras al año y que el Gobierno británico completa con hasta 1.000 libras al año. El dinero aportado se puede retirar para adquirir una vivienda o a partir de los 60 años.
Además de la cuenta de ahorro e inversión, el Gobierno quiere legislar la marca europea para los productos de inversión Finance Europe. Los que exhiban esa etiqueta deben dedicar una parte significativa de sus inversiones a activos europeos y contribuir a la transición ecológica y digital, al fomento de la innovación, al fortalecimiento de la resiliencia industrial y al refuerzo de la autonomía estratégica de la Unión. Una iniciativa en la que España, a través de ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha adoptado una posición de liderazgo.
España, Francia, Alemania, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal y Estonia lanzaron el sello el pasado junio, con la intención de que pueda aplicarse a instrumentos que inviertan en Bolsa con un mínimo del 70% en sectores estratégicos en la UE. La etiqueta exigirá mantener la inversión al menos cinco años y además los productos podrán beneficiarse de incentivos fiscales para aumentar su atractivo. La propia cuenta de ahorro e inversión sería un producto susceptible de llevar la etiqueta.
Los bancos, las aseguradoras y los intermediarios financieros podrán ofrecer productos de ahorro etiquetados siempre que cumplan con los requisitos. Las autoridades nacionales competentes supervisarán el cumplimiento de estos requisitos, garantizando la transparencia y la credibilidad del sello.
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