Nueve meses vendiendo agilidad a las víctimas y ahora cuelan en el BOE el botón de pausa.
El Gobierno ha aprovechado el decreto de ayudas a las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo) para introducir una modificación que permite suspender los plazos de resolución de las indemnizaciones anticipadas a los afectados por la tragedia de Adamuz (Córdoba), ocurrida el pasado 18 de enero. La medida, incluida en una disposición final del texto aprobado el martes por el Consejo de Ministros, afecta también a los damnificados por el accidente de Gélida (Barcelona) y se aplicará a las solicitudes que todavía estuvieran pendientes de resolución el pasado 4 de noviembre.
El cambio figura en el Real Decreto-ley 32/2026, publicado el miércoles en el BOE. Aunque la norma está concebida principalmente para atender a las víctimas de Urda, donde fallecieron 69 personas, su disposición final primera modifica el régimen de ayudas aprobado nueve meses antes e incorpora un supuesto que permite paralizar el procedimiento administrativo.
Cuando la Administración necesite información de los juzgados para un anticipo de indemnización por responsabilidad civil, podrá solicitarla al órgano judicial. Si transcurre un mes sin respuesta, o los datos resultan insuficientes, el plazo máximo para resolver quedará suspendido sin un límite adicional de duración.
Mario Samper, presidente de la Asociación de Víctimas de Adamuz, advirtió esta semana de que, nueve meses después del siniestro, algunas familias todavía no habían cobrado íntegramente las ayudas.
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El Gobierno ha aprovechado el decreto de ayudas a las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo) para introducir una modificación que permite suspender los plazos de resolución de las indemnizaciones anticipadas a los afectados por la tragedia de Adamuz (Córdoba), ocurrida el pasado 18 de enero. La medida, incluida en una disposición final del texto aprobado el martes por el Consejo de Ministros, afecta también a los damnificados por el accidente de Gélida (Barcelona) y se aplicará a las solicitudes que todavía estuvieran pendientes de resolución el pasado 4 de noviembre.
El cambio figura en el Real Decreto-ley 32/2026, publicado el miércoles en el BOE. Aunque la norma está concebida principalmente para atender a las víctimas de Urda, donde fallecieron 69 personas, su disposición final primera modifica el régimen de ayudas aprobado nueve meses antes e incorpora un supuesto que permite paralizar el procedimiento administrativo.
Cuando la Administración necesite información de los juzgados para un anticipo de indemnización por responsabilidad civil, podrá solicitarla al órgano judicial. Si transcurre un mes sin respuesta, o los datos resultan insuficientes, el plazo máximo para resolver quedará suspendido sin un límite adicional de duración.
Mario Samper, presidente de la Asociación de Víctimas de Adamuz, advirtió esta semana de que, nueve meses después del siniestro, algunas familias todavía no habían cobrado íntegramente las ayudas.
El Gobierno cuela en el decreto de Urda una medida para retrat las indemnizaciones a las víctimas de Adamuz
La modificación permite suspender los plazos de resolución de las ayudas anticipadas cuando la Administración necesite información judicial. Afecta a los expedientes que todavía estaban pendientes el 4 de noviembre.